Tribunal decide hoy suerte de siete detenidos por el “cementazo”/ Debe definir si mantiene tres meses de prisión preventiva

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  • Tribunal define hoy si confirma o revoca tres meses la prisión preventiva para los siete presos por el escándalo del “cementazo”
  • Fulminantes operativos de Fiscalía y OIJ, comandados por la recién designada Fiscal General a.i. Emilia Navas, descabezaron grupo vinculado a aprobación de cuestionados créditos por ¢30 millones del Banco de Costa Rica a firma ligada a controversial empresario
  • Peculado, tráfico de influencia, denuncia calumniosa y simulación de delito son los cuatro presuntos delitos por los que se investiga a Bolaños, anunció la Fiscala Emilia Navas 

Edgar Fonseca, editor

Un tribunal decidirá este lunes si confirma o revoca la medida cautelar de tres meses de prisión preventiva dispuesta la noche del sábado por una jueza extraordinaria de turno a los siete presos por  el denominado escándalo del “cementazo”, entre quienes figuran el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, y seis ejecutivos del Banco de Costa Rica.

A los siete presos por el escándalo que estalló en la cúpula del gobierno Solís Rivera, y se propagó a otros estamentos políticos y al Poder Judicial, les fijaron tres meses de prisión preventiva y pasaron el fin de semana en celdas de los tribunales en San José.

De confirmarse el término de prisión preventiva fijado, pasarían al ámbito del sistema penitenciario del Ministerio de Justicia. Harían fila en una lista de 40 imputados de fin de semana, dijo ayer David Delgado portavoz de Justicia.

Polémica decisión

“Prisión preventiva contra los 7 imputados rige durante 3 meses, mientras avanza en la investigación del “, anunció la Fiscalía a las 6:54 p.m. del sábado.

El abogado Juan Marco Rivero, defensor del empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, en el epicentro del escándalo, cuestionó la decisión de la jueza de turno.

“Metió la pata”, dijo, según consignó ayer domingo el diario La Nación.

Y anunció que interpondría apelación para conocimiento del tribunal este lunes.

El periodista y consultor Eduardo Ulibarri cuestionó la decisión de la Fiscalía de detener a la alta gerencia del BCR.

¿Habrá medido la Fiscalía el daño al de encerrar por seis meses a casi TODA su alta gerencia? ¿Será necesario? ¡Cuidado con el circo!, advirtió en su cuenta Twitter.

Se trata de el gerente suspendido, Mario Barrenechea y de otros cinco ejecutivos del comité de crédito de la entidad, a quienes el juzgado de turno extraordinario les impuso la misma medida de prisión preventiva, que se fijó luego de una prolongada audiencia en los tribunales de San José.

El BCR anunció en un comunicado que opera con normalidad en medio de la convulsión de la detención de sus ejecutivos y. de los allanamientos que sacudieron a la opinión pública e hicieron recordar espisodios de los escándalos presidenciales de 2004.

Fulminantes capturas

La Fiscalía había pedido seis meses de prisión contra los detenidos la mañana de sábado. La audiencia empezó a la 1 a.m, confirmó el ente acusador.

Las capturas y allanamientos los ejecutaron fiscales y agentes judiciales, comandados por la recién designada Fiscala General interina, Emilia  Navas, en coordinación con el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza.

Peculado, tráfico de influencia, denuncia calumniosa y simulación de delito son los cuatro presuntos delitos por los que se investiga a Bolaños, dijo la Fiscala Navas en conferencia de prensa.

A Barrenechea –según Navas– lo investigan por presunto  peculado, al igual que al resto de ejecutivos a quienes capturaron la mañana del viernes en sus oficinas.

Los siete detenidos –según la Fiscalía– son: “Bolaños (importador de cemento), Barrenechea  (exgerente del BCR); así como los funcionarios del Banco de Costa Rica: Corrales (subgerente de banca minorista), Víquez (subgerente de banca mayorista), Acuña (subgerente de finanzas y riesgo), Ramírez (director de gestión de créditos) y Barrantes (gerente corporativo de riesgos y control interno)”.

La Fiscal Navas sostiene que presuntamente son responsables de la distracción de fondos públicos, en las investigaciones de cuestionados créditos por $30 millones concedidos a la firma Sinocem del empresario.

Bolaños y Barrenechea los primeros en ser indagados

El Ministerio Público confirmó a las 5:23 p.m. del viernes que, en ese momento, se estaban  llevando a cabo las declaraciones indagatorias  de Bolaños y Barrenechea. La diligencia se realizó en presencia de los abogados defensores de los sospechosos, dijo Tatiana Vargas, portavoz de la Fiscalía.

Los cinco funcionarios de la Junta de Crédito del Banco de Costa Rica (BCR), también detenidos, permanecieron  entrada la tarde en las oficinas centrales de esa entidad, debido a que en ese sitio no habían finalizado los allanamientos. Una vez que las diligencias concluyeron, fueron trasladados a celdas del I Circuito Judicial de San José, y posteriormente se les tomará la declaración indagatoria”, dijo la portavoz Vargas.

Al finalizar las indagatorias, la Fiscalía General puso a los imputados a la orden del Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José, para  que se señalara hora para una audiencia de medidas cautelares. De previo a esa audiencia, la Fiscalía comunicará el tipo de medida a solicitar en contra de las siete personas, agregó la Fiscalía.

De los siete allanamientos realizados el viernes, únicamente quedaron activos la tarde de ese día el de la sede central del banco y el de las oficinas de la empresa SINOCEM, en La Uruca.

“Para las acciones operativas ejecutadas, con la fiscala general Emilia Navas Aparicio trabajó un equipo de ocho fiscales y fiscalas y tres personas auxiliares. La evidencia decomisada será objeto de análisis por parte de peritos de la policía judicial”, ratificó la versión oficial de la Fiscalía.

Solís respalda

El Presidente Luis Guillermo Solís cuya administración y personeros más cercanos están en el ojo del huracán de este escándalo respaldó la acción de loa Fiscalía. Solís dijo que respalda las acciones judiciales-policiales.

“El Poder Judicial cuenta con toda mi confianza y la confianza de mi Gobierno y apoyamos los esfuerzos para aclarar estos hechos, conocer la verdad de lo ocurrido, sentar las responsabilidades que correspondan y llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo tras tres semanas de convalescencia por una operación de próstata.

“Comparto la indignación de la ciudadanía y les reafirmo mi absoluta convicción de que el pueblo costarricense merece conocer toda la verdad”, agregó mientras algunos de sus operadores políticos clave aparecen envueltos en el escándalo.

Las contundentes acciones policiales de este viernes, con arrestos y allanamientos hicieron recordar episodios de los escándalos presidenciales que sacudieron al país en 2004 cuando los expresidentes Calderón y Rodríguez y decenas de funcionarios y particulares fueron a prisión en investigaciones sobre alegadas anomalías en el ICE y la CCSS.

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ESPECIAL CONFERENCIA DE LA FISCALA GENERAL Y DEL DIRECTOR DEL OIJ

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Capturado en su vehículo

El empresario Bolaños fue capturado en un Land Rover negro en la vía pública en Atenas sin oponer resistencia. La captura se realizó  cuando Bolaños conducía su carro, ratificó Tatiana Vargas, portavoz de la Fiscalía.

Las autoridades lo condujeron de inmediato a su residencia en la misma zona a proceder con allanamientos que se mantienen en estos momentos.

Vargas informó que el mismo despacho dirigió dos allanamientos en las casas del sospechoso, ubicadas en Escazú y Atenas.

Otras empresas e inmuebles de su propiedad se encuentran custodiados por las autoridades como parte de acciones policiales de esta mañana.

 Barrenechea, según las versiones que han trascendido, fue capturado en su casa en Valle del Sol, San Ana. Su residencia estaba siendo allanada, confirmó Vargas de la Fiscalía.

En las tres viviendas se pretende localizar prueba que permita avanzar en la investigación del caso, añadió el ente acusador.

La figura que desató el huracán

Bolaños emergió como la más controversial figura del escándalo denominado “cementazo” cuando confirmó una serie de gestiones que realizó ante los más cercanos colaboradores del presidente Solís y otras instancias oficiales para que se eliminaran restricciones a la importación de cemento de China.

Una comisión legislativa que investiga el escándalo indaga, además, dos créditos por $30 millones que le concedió el BCR a la empresa Sinocem vinculada al empresario.

Bolaños compareció ante la comisión legislativa investigadora y confirmó que tuvo siete encuentros en Casa Presidencial en sus gestiones. Incluido uno con el presidente Solís.

El presidente Solís también compareció bajo juramento ante dicha comisión investigadora y confirmó el encuentro con el empresario pero negó favoritismos.

El lunes anterior Mariano Figueres, director de la DIS y estrecho consejero del presidente Solís ratificó el encuentro que sostuvieron con el empresario.

“El 9 de diciembre del 2015 –dijo Figueres– a las 4 p.m. acompañé al Presidente Luis Guillermo Solís a una reunión en Casa Presidencial con el empresario Juan Carlos Bolaños, lo hice porque el Presidente no acostumbra recibir solo a ninguna persona, y fue de última hora. Quien estaba convocado era Welmer Ramos, quien no pudo asistir”.

“Durante esa reunión –anadió Figueres–yo no emití ningún criterio, solo me limité a acompañar al Presidente y escuchar las quejas y valoraciones del empresario”.
“Esa fue la primera y última vez que vi al señor Bolaños. Yo no tengo ni he tenido ninguna relación con él, ni personal, ni laboral, ni profesional”, enfatizó en un mensaje posteado este lunes en el sitio oficial del gobierno.
El escándalo envolvió al diputado Victor Morales Zapata, otro de los principales operadores políticos del mandatario.
Según dijo Mariano Figueres ante los diputados, hace una semana, el diputado Morales era “un embajador” del empresario.
También se cuestionan intervenciones del Viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez,  y de personeros de Aduanas.
Bombazo al Poder Judicial
Las implicaciones se propagaron al Poder Judicial donde fue suspendido por tres meses el magistrado Celso Gamboa, por una alegada relación con el empresario.
Gamboa coincidió con el empresario en un viaje a Panamá en octubre pasado y en una diligencia ante la Fiscalía de Probidad, según investigan las autoridades.
La Fiscala Navas allanó hace dos semanas el despacho del magistrado Gamboa en una acción sin precedentes en el Poder Judicial. Navas confirmó que a Gamboa lo investigan por cuatro supuestos delitos.
También fue suspendido por tres meses el Fiscal General, Jorge Chavarría, por decisiones suyas relacionadas con involucrados en el escándalo, entre ellas una desestimación de una causa por supuesto tráfico de influencias contra el diputado Morales y el diputado Otto Guevara candidato Libertario.
El presidente de la Corte Carlos Chinchilla cuestionó que la Fiscalía pudo inducir a error a la Sala de Casación para que avalara la desestimación al omitir un informe del OIJ de 792 contactos telefónicos entre el empresario y los diputados Morales y Guevara.
El expresidente José María Figueres y el diputado Rolando González del PLN confirmaron que usaron en distintas gestiones aeronaves del empresario. Figueres dijo que lo contrató en su precampaña y González para la emergencia tras el huracán Otto.
El diputado Guevara dice que es amigo de Bolaños aunque niega gestiones a su favor.

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San Sebastián, una “jaula humana”

“En definitiva, la cárcel de San Sebastián es hoy una jaula humana deteriorante, aplastante y humillante, y esa situación no puede ser tolerada por esta autoridad”, así denunció hace un año en La Nación el juez de ejecución de pena, Roy Murillo, el estado del presidio josefino al que eventualmente irían loa siete presos del “cementazo”, si se confirma este lunes la medida de tres meses de prisión preventiva.

”Nos encontramos ante un evidente ejercicio de terror de Estado que no es válido en una democracia y que no puede prolongarse sino que, por el contrario, se hace necesario cesar con urgencia. Ya no se trata solo de hacinamiento sino de una infraestructura y condiciones penitenciarias deterioradas y lesivas de la dignidad humana”, agregó en su denuncia.

 Murillo, según el diario, ordenó el cierre definitivo de la Unidad de Admisión de San Sebastián, en San José, el 20 de julio del año anterior cuando la sobrepoblación rondaba 221%. Hoy 14 meses después sigue en pleno funcionamiento.

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