Sorpresa y no poca indignación pública deja en Costa Rica la anulación de una sentencia condenatoria por el denominado caso ICE-Alcatel en el que la Fiscalía de la República investigó y acusó a exfuncionarios públicos y particulares en una alegada trama de corrupción por una millonaria contratación de líneas telefónicas.
Un tribunal de apelaciones dejó sin efecto la condena que abarcó, entre otros a un expresidente de la República, en uno de los mayores escándalos políticos recientes en la historia del país.
La anulatoria causa sorpresa porque la opinión pública suponía que la sentencia estaba sustentada sobre bases sólidas, si se toman en cuenta los múltiples recursos probatorios a los que acudió la Fiscalía para demostrar la comisión de los hechos. Si se toma en cuenta la espectacularidad de los operativos de persecución y arresto de la mayoría de los acusados, entre ellos una intervención policial, sin precedentes, montada en las escalinatas del aeropuerto Santamaría con el arresto del exmandatario acusado. Una imagen que quedó clavada en la retina de la sociedad costarricense, para su lamento y perplejidad, dada la investidura ostentada por dicho enjuiciado.
Sorpresa porque todo el andamiaje acusatorio surtió efecto en el convencimiento del tribunal de juicio que ventiló el caso y que dictó sentencia condenatoria, como una evidencia de que en el país este tipo de acciones no quedarían impunes sin importar la condición o rango de quien llegara al estrado.
Sabor a indignación deja, también, en el paladar público esta anulatoria porque el caso queda impune.
Porque todo quedó reducido, al menos de momento, a un alambicado y costoso proceso judicial, en el que los graves hechos denunciados, la trama de corrupción en la gestión pública investigada, destapada a lo largo del trámite indagador y acusatorio, se queda de la noche a la mañana en el vacío, como si todo lo actuado por la Fiscalía hubiese sido obra de un montaje ayuno de pruebas contundentes, lo suficiente, como para superar con éxito la instancia del tribunal de apelaciones. Y pone al sistema judicial en la picota, sometido al escrutinio público bajo la interrogante de por qué pasó esto.
Con ese sinsabor los costarricenses nos hemos ido al fin de año, “cuando el día ya no es día y la noche aún no llega”. Pendientes de la reacción de la Fiscalía que anuncia una posible apelación ante Casación pero con un caso de gravísima corrupción pública denunciado hecho trizas. Todo una prueba de fuego para el Ministerio Público si quiere revertir este capítulo.
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