Aunque los costarricenses andemos con el agua al cuello en materia de gobernabilidad y otras, hace tiempo, nunca es tarde para recibir como positivas las propuestas de una comisión de notables designada por la Presidencia de la República para abordar opciones de solución a los males que se arrastran.
En su conjunto, las 97 propuestas tienen un profundo sentido de transformación estructural política a la luz de los rezagos que sufren el Poder Ejecutivo y el Legislativo en su accionar.
Demuestran que el sistema es capaz de buscar, a tiempo, salidas al laberinto en que se encuentra.
Las busca y las propone a partir de una iniciativa plausible de la Presidenta Chinchilla a la que se integraron políticos, expertos y académicos de reconocida trayectoria e influencia en la vida pública.
El esfuerzo y el resultado de sus sugerencias merece un análisis frío, lo más distanciado emocional, ideológico y partidario.
Sin un rechazo ad portas, la reacción de los dirigentes políticos ha sido más bien de expectativa, reserva y cautela.
La iniciativa es un paso de la democracia costarricense por revisar su andar a la luz del estado de sus instituciones y la búsqueda de herramientas para renovarlas, transformarlas y ponerlas en el carril de la modernidad y, así, tratar de desatascar el funcionamiento de su aparato político.
Como reflexiona el escritor mexicano Enrique Krauze, se trata de un conjunto de opciones dentro de “la buena politización ciudadana”, aquella que enriquece la vida política, eleva la calidad del análisis, del debate y de la crítica política.
Con plazos determinados por el Ejecutivo para asumir las propuestas prioritarias, viene ahora la discusión que, ojalá, tenga la suficiente altura de mira para hacer realidad algunas de las transformaciones.
Una de las virtudes del trabajo de la comisión es que se alejó de las tentaciones de mesas de concertación donde sobran los convocados, los pareceres y fracasan los entendimientos.
Destacan entre las propuestas, la posibilidad de votos de censura al Ejecutivo, renovar gabinetes o cuerpos legislativos, muy en la dirección de las democracias parlamentarias europeas.
También sobresale la pretensión de fortalecer la figura del Ministro de la Presidencia, como enlace político mayor, dadas las limitaciones que hoy sufre la misión de ese funcionario, clave en las relaciones con el sector legislativo.
El posible aumento de diputados, de las iniciativas más polémicas, deberá ser abordado a partir de la calidad de la que se pretende dotar dicho incremento.
Estas son solo algunas de las recomendaciones que han trascendido pero que merecen una valoración reposada, madura, alejada de esa premura “coyuntural” a la que alude el comunicador y representante ante la ONU, Eduardo Ulibarri y que hoy nubla el horizonte.
De ahí la trascendencia de estas propuestas que, también, contribuyen a alejar al país del abismo en que unos cuantos desearían se sumerja para sus propósitos.
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