La salud financiera del sistema de Seguridad Social de Costa Rica está en cuidados intensivos, al borde del colapso y es sujeto de medidas extremas para salvarla.
En tan delicado entorno acaba de trascender la interposición de casi dos mil demandas de médicos por mantener, completos, privilegios salariales que les concede una ley de 1982 y que podrían significar para la institución la erogación de 174 mil millones de colones, moneda local, ($350 millones).
La noticia del reclamo del cuerpo médico ha provocado una reacción pública de repudio. Les ha enfrentado, incluso, al principal sindicato de empleados públicos que siente que los beneficios que reclaman los médicos perjudican aspiraciones salariales en el resto del sector público.
La doctora Ileana Balmaceda, presidenta de la CCSS, emblemática, entidad de la seguridad social tica, sostiene que, de hacerse efectiva la totalidad del reclamo, sería como “ponerle candado” a la institución, con principales efectos en el abandono de infraestructura, equipamiento y ampliación de servicios.
“Hemos hecho un esfuerzo sostenido para sacar la institución a flote pero con eso…sería volver a la Caja al borde del precipicio”, dijo al diario La Nación la doctora Balmaceda, quien sostiene una fuerte pugna con los sindicatos.
El gremio médico ha reaccionado en defensa de sus privilegios. Carlos Abarca, director jurídico de la Unión Médica, dice que la CCSS ha aplicado erróneamente la ley de incentivos, que no se ha hecho al salario total de los médicos y que no estaba tomando en cuenta guardias ni disponibilidades médicas para el cálculo de los incentivos.
Hay quienes consideran el reclamo del gremio médico como “un asalto” contra las arcas de la entidad en las presentes circunstancias de delicada coyuntura económica por la que atraviesa el país, apenas reponiéndose de la crisis internacional del 2008.
La administración Chinchilla se apresta, así, a echarse uno de los mayores pulsos de su gestión. El sector médico advierte de medidas para defender sus demandas.
Pero no deja de gravitar en el ambiente público la interrogante de cuánto se justifica, en estos momentos, el multimillonario reclamo de los médicos.
¿Son conscientes dichos gremios del impacto que los miles de demandas le pueden ocasionar a la estabilidad financiera de la CCSS que apenas sale a flote, que a duras penas brinda servicios básicos a sus asegurados y que resiente el efecto de una deteriorada infraestructura en todo el país y en los servicios a los usuarios?
El desenlace de ese pulso estará por conocerse en las próximas semanas con otro actor institucional invitado a la controversia, la Sala IV, que debe de resolver una acción de inconstitucionalidad contra la ley en que se ampara el reclamo médico. ¿Qué opina usted de esta demanda de los gremios médicos?
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