El acuerdo suscrito en La Habana entre el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y el líder de las FARC, Timochenko, es visto con recelo por la opinión pública de un país dividido en cuanto a las concesiones otorgadas a las fuerzas irregulares, destaca la revista Semana de Bogotá. Añade: “sin duda alguna, el mayor sapo para la opinión pública es el hecho de que tanto los guerrilleros como los militares serán juzgados con el mismo rasero. El anunciado Tribunal Especial de Justicia que será creado, juzgará en forma igual a todos los que hayan cometido delitos de lesa humanidad, sean estos miembros de la guerrilla, de las Fuerzas Armadas o de cualquier otro actor del conflicto. La presentación de simetría entre las dos partes es polémica pero un crimen atroz debe ser sancionado independientemente de quién lo haya cometido. Un falso positivo no es menos grave que un secuestro”.
