Jorge Corrales Quesada, comentarista invitado
Realmente ha de causar angustia a los ciudadanos ver la evolución durante los últimos diez años de los privilegios salariales en el Poder Judicial. Siempre he mantenido un enorme respeto por las entidades del estado dedicadas a la administración de la justicia, en donde lo mínimo que he esperado es la prudencia y moderación en el uso de recursos que tanto le cuesta producir a la ciudadanía. Todo ese gasto gubernamental proviene de impuestos que se les cargan a las personas y es justo que su manejo sea sobrio y frugal, en atención a que mucho le cuesta a un pueblo generar riqueza, parte sustancial de la cual es tomada por el estado para realizar sus funciones esenciales, eso sí, siempre bajo la premisa de que el uso de recursos sea apropiado, sensato y comedido.
Felicito a La Nación por el estudio que presentó el 2 de noviembre, titulado “Poder Judicial infló en ₡72.500 millones costo de pluses en última década: Presupuesto de incentivos creció 148%, el mayor registrado en todo el Gobierno Central.”
La felicitación va por presentar lo que uno no desearía ver, en especial, en entes respetados, como el judicial: un increíble “olio” de dineros, producto de lo que llaman “pluses”, que no son sino un trato diferenciado del uso de recursos públicos para beneficio de un grupo específico y que, como tales, no son otorgados a toda la ciudadanía, pero, es sí, son sufragado con dineros de toda la ciudadanía.
Impresiona el historial de la última década. Lo reseño de acuerdo con el año en que se otorgaron, pero sólo de los últimos diez (no tengo conocimiento de otros de épocas previas). De acuerdo con dicha información, el número de empleados de dicho Poder asciende a 11.877. Asimismo, que algunos de estos privilegios van a dar a grupos específicos dentro del propio Poder Judicial. Incluso allí no están generalizados y, al no tener información acerca de la cantidad de personas que específicamente es favorecida, no puedo determinar el monto per cápita de cada uno de los siguientes “incentivos” o “aumentos” o “privilegios”, o como se les llamen.
Y contando…
1992: Se da un sobresueldo para los jueces (parece ser un sueldo por encima del sueldo ya establecido, según la reglamentación interna del Poder Judicial). En el presupuesto del año 2016, el monto por esta partida fue de ₡6.424 millones.
1998: Se otorga un pago adicional por “Responsabilidad por Ejercer la Función Judicial” –obviamente todo funcionario de un ente público o privado tiene una responsabilidad por ejercer, en cuya función se le paga un sueldo. El monto para esta partida, contenido en el presupuesto del 2016, es de ₡15.741 millones. Se otorga a todos los empleados del Poder Judicial en un monto que va entre un 10 y un 30% según sea el sueldo.
2002: Se otorga un sobresueldo a los magistrados del 30% (francamente no sé si fue porque no les tocó con el adicional de 1998 o por otra razón). Lo cierto es que, en el presupuesto del 2016, se come la suma de ₡302 millones.
2002: Se da una bonificación por exclusividad policial (sólo para policías del Poder Judicial, no para los que uno conoce que forman parte del Ministerio de Seguridad). Su impacto presupuestario en el 2016 es de ₡1.384 millones.
2003: Se brinda otro sobresueldo a jueces (obviamente por encima de aquel del 2002). En este caso, el efecto sobre el presupuesto de gastos es de ₡289 millones.
2007: Disponibilidad a chofer del magistrado, partida que asciende tan sólo -en el presupuesto de gastos del 2016- a la suma de ₡13 millones.
2008: Un pago adicional llamado Índice de Competitividad Salarial (ICS), que en el 2016 llegó a significar la gran suma de ₡17.298 millones (un nuevo beneficio, incluso aplicado a pensionados de ese Poder), presuntamente para que sus salarios fueran competitivos con los del resto de empleados del gobierno y, como dijo en su momento don Gilberth Armijo, en aquel entonces magistrado, “para que nuestros funcionarios tengan el salario que deberían estar disfrutando y no esperarnos a mendigar [sí; esa palabra aparece en el acta de la Corte Plena del 7 de abril del 2008] casi de aquí a tres años”. O, como lo expuso el entonces presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora: “debemos aprovechar la bonanza transitoria de las finanzas públicas, porque quien sabe lo que ocurrirá en el próximo año”. Muy interesante: es cierto que en aquel entonces había una buena situación en las finanzas del gobierno durante los dos primeros años de la segunda administración de don Oscar Arias, pero, como lo “intuyó” –para envidia de muchos economistas predictores- don Luis Paulino, sabemos lo que “ocurrió”: una profunda recesión a fines del 2008, año en que se aprobó ese aumento en época de bonanza.
2008: Como que el llamado ICS aprobado este mismo año no satisfizo las apetencias de muchos. Así se aprobó un plus a puestos gerenciales, que se tradujo en un aumento en el presupuesto de gastos del 2016, por este ítem, de ₡73 millones.
2009: Como que el aumento grandote del 2008 -el llamado ICS- prendió la mecha a lo interno del Poder Judicial, pues ciertos grupos empezaron reclamar debido a que, el llamado plus a puestos gerenciales, tenía un “efecto negativo sobre el resto de la planilla”. Ante los reclamos por “equidad intraplanilla”, en el 2009 se aumentaron los salarios a jueces, defensores y profesionales en derecho 3.
2010: También ese huracán tuvo su coletazo, pues en tal año se tuvo que aumentar a los profesionales y, finalmente, aquel plus gerencial se trasladó a la base salarial.
2014: Se creó un nuevo incentivo llamado “regionalización en el Poder Judicial”, que en el presupuesto de egresos del 2016 llega a la suma de ₡319 millones.
Hay notas curiosas que destaca el reporte periodístico y de las que quiero hacerme eco. Por ejemplo, que en el 2008 “los magistrados de la Sala Cuarta también fueron responsables de eliminar el tope de 30 años a las anualidades de todo el sector público, el plus más costoso en la actualidad.” Y que en 1991 “un voto de la Sala Constitucional ratificó la independencia de los poderes para fijar su política salarial”.
Veamos algunos datos que resumen el desborde. Los pluses aprobados desde aquella decisión citada de la Sala Constitucional en el párrafo previo, que, a la fecha, suman siete, ascienden a alrededor de ₡42 mil millones en el presupuesto del 2016, lo cual significa un 35% del gasto del rubro de pluses.
Dice el informe periodístico: “En la actualidad [el Poder Judicial] es la institución con cargo al Presupuesto Nacional con los salarios bases más altos, con más incentivos específicos para todos sus funcionarios y la que paga porcentajes y rubros más altos por dedicación exclusiva y carrera profesional”.
Y añade, “en la última década ha sido el ente del Gobierno Central con el mayor aumento en su presupuesto de incentivos. Ese rubro creció 148% -₡72.500 millones… entre 2006 y 2016″. Sencillamente, esa partida pasó de ₡48.900 millones en el 2006 a ₡121.400 millones en el 2016. Ninguna otra entidad tuvo “una mejora como la del Poder Judicial para sus casi 12.000 funcionarios.”
Vale la pena señalar que esos ₡121.400 millones en incentivos, pluses, subsidios o privilegios -llámelos como quiera- significa un tercio del presupuesto de gastos, que tanto que “en los ministerios a ese rubro se destina el 15% del gasto.”
¿Les parece que esto está bien? ¿Les parece justo? No digo nada más.
