Jorge Corrales Quesada, economista.
San José-Las decisiones que comentaré, tomadas por la Corte Plena para obtener mayores ingresos para el fondo de pensiones del Poder Judicial, creo que están debidamente fundamentadas en la legislación que nos cubre. No podía ser de otra manera, pues no podríamos imaginarnos a un Poder Judicial tomando decisiones contrarias a la ley.
Eso sí, tal estructura legal le permite a dicho Poder obtener fondos para sus pensiones provenientes de toda la ciudadanía, por medio del presupuesto de la República. Esto se consigna en la edición de La Nación del 30 de noviembre, en el artículo titulado “Gobierno deberá girar más dinero a pensiones de Corte: Magistrados aprobaron subir aporte patronal de 13.75% a 14.36% en Fondo del Poder Judicial.”
Las cifras arriba consignadas no exponen la totalidad del aumento que se hizo recientemente para el fondo de pensiones del Poder Judicial. Por una parte, resulta que, en una sesión del 3 de octubre pasado, la Corte Plena votó, “de forma unánime e inmediata” elevar el aporte que el estado costarricense -téngase claro de una vez por todas, de fondos de todos nosotros- desde un 13.75% a un 14.36% del salario; esto es, un incremento de 0.61% en dicho aporte. Se estima que el aporte anual adicional sería de alrededor de ₡1.950 millones al año (de trece meses). Esta decisión de aumentar en 0.61% al aporte estatal, se basa en “la independencia administrativa de la Corte para tomar decisiones”, según lo indicó el viceministro de Hacienda, señor José Francisco Pacheco.
No obstante, lo anterior fue tan sólo una parte del aumento total en el aporte que hace el estado a las pensiones del Poder Judicial, pues hubo otro aumento de 0.66% de los salarios, debido a que, en setiembre, la Caja Costarricense de Seguro Social, aprobó -también es su facultad discrecional- un aumento de la contribución estatal al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que pasó de 0.58% a 1.24% de los salarios; esto es, un aumento del 0.66% de la base de salarios. Esta correspondencia entre la decisión de la Caja y la de la Corte se sustenta en que, cuando la Caja aumenta la contribución, la ley le permite al Poder Judicial hacer algo igual para su régimen de pensiones.
Entonces, a aquel incremento del 0.61%, se adicionó otro por el 0.66%, con lo cual el aporte total nuevo adicional del estado al régimen de pensiones aumentó en un 1.27% del total de los salarios, con lo cual, al final de cuentas, el aporte del Estado al sistema de pensiones del Poder Judicial a partir del año entrante, será de un 15.02% del total de los salarios.
Pero todos lo pagamos…
Legalmente, todo lo anterior está sustentado, pero tenemos que ser claros en que seremos todos los ciudadanos del país quienes estaremos aportando estos montos adicionales, para financiar a ese régimen de pensiones. Cuando la directora ejecutiva del Poder Judicial, señora Ana Eugenia Romero, nos dice que este aporte es una “forma de garantizar la sostenibilidad del Fondo,” a uno le queda un fuerte sabor amargo en la boca, al leer cómo, en el marco de una situación fiscal tan difícil como la que vivimos en la actualidad, en vez de ser los beneficiarios del régimen de privilegio de las pensiones del Poder Judicial los que aporten los recursos para darle “sostenibilidad” a su régimen, seamos todos los costarricenses, por medio de la intermediación del estado, quienes efectivamente estamos dándoles los fondos para asegurar la “sostenibilidad” de un sistema de pensiones de un gremio estatal.
Se está en presencia de una ausencia de justicia, en cuanto a que somos todos los costarricenses quienes estamos pagando una parte sustancial de las pensiones de ese poder. Sencillamente es un privilegio para unos pocos, quienes, en vez de pagar ellos por la totalidad de sus pensiones, es la ciudadanía, como un todo, la que debe apechugar con esa parte. Es urgente que este vicio se termine. A ver si los diputados hacen algo, porque me parece que la ciudadanía ya está muy molesta ante cosas como estas.
