Edgar Fonseca M., editor PuroPeriodismo.com
Costa Rica se convirtió en un eslabón clave para las autoridades de Perú en los últimos cuatro años en las investigaciones del origen de cuantiosas sumas de dinero vinculadas a allegados del exmandatario, contra quien pesa orden de captura por supuesta recepción de sobornos por $20 millones del gigante brasileño de la construcción Odebrecht.
Así lo reflejan publicaciones de la prensa de Perú que dieron cuenta durante este tiempo de las pesquisas conducidas por la Fiscalía de la Nación y que coordinaron con autoridades del Ministerio Publico en San José para desentrañar las operaciones bancarias en nuestro país de allegados a Toledo.
Aunque las autoridades peruanas sostienen que contra el expresidente hay orden de captura internacional, el diario El Comercio de Lima informó ayer domingo que esta no está vigente.
El Ministerio del Interior aclaró en Lima que existe una “notificación roja” de captura de Interpol pero de carácter privado, según dicho diario.
El diario La República de Lima detalló el 31 de agosto de 2013 los extremos de la investigación judicial de los movimientos bancarios de allegados a Toledo desde San José, que llevó a las autoridades peruanas a acusar al exmandatario y a varios de sus cercanos por el supuesto delito de lavado de activos en julio de 2015.
Según dicho informe, el fiscal de la Nación, José Peláez y la fiscal antilavado Elizabeth Parco buscaban “determinar dónde están los 8 millones de dólares que según el empresario y amigo de Alejandro Toledo, Josef Maiman, se destinaron para las cuentas que se abrieron en Costa Rica”, agregó el citado diario en un amplio informe.
A pedidos de las autoridades peruanas, la Fiscalía en San José congeló en 2013, $6.5 millones de una de las cuentas investigadas.
El caso, investigado por la Fiscalía local por supuesta legitimación de capitales, fue desestimado en junio de 2015.
Lo que dice la Fiscalía
A Maiman, empresario de origen judío, de 71 años, nacido en Alemania, con ciudadanía peruana, la prensa de ese país lo identifica como amigo íntimo de Toledo y exconsejero de seguridad.
El diario El Comercio de Lima en su sitio web incluye una copia del requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía de Perú contra Toledo en la que la Fiscalía le atribuye haber supuestamente recibido $20 millones del empresario Maiman.
“Alejandro Toledo Manrique recibió por medio de las empresas de Josep Maiman, entre los años 2006 al 2010, la suma de US$20 000 000. 00 (veinte millones de dólares), de cuyo monto a la fecha se ha podido identificar 09millones aproximadamente”, dice el Fiscal provincial Hamilton Chavarría.
Las investigaciones de las autoridades de Perú y de San José abarcaron a una empresa constituida en Costa Rica y presidida, inicialmente, por la suegra de Toledo. La empresa fue creada el 23 de enero del 2012 , citó el diario La República de Lima el 19 de mayo de 2013.
Dicho diario consignó en esa fecha una versión del noticiero Panorama, de Panamericana Televisión de Lima, que informó de la presencia del exmandatario Toledo en San José dos días antes de la conformación de la empresa.
El expresidente Toledo negó, el 10 de junio de 2013, tener cuentas bancarias en Costa Rica, “y desmintió, a través de su cuenta de Facebook, una información propalada por un medio de comunicación de dicho país, que informó sobre la congelación de una cuenta por un monto de $6.5 millones”, según citó La República.
“En la fecha, me he enterado que un medio de comunicación on line de Costa Rica afirma que el Ministerio Público de ese país me “habría congelado” una cuenta bancaria a mi nombre por 6.5 millones de dólares. Quiero decirle a mi país que rechazo categóricamente dicha información por tremendista y falsa. Me someto a las investigaciones que viene realizando la fiscalía de mi país, pero no a psicosociales” , sostuvo a través de la referida red social, añadió el medio.
La Fiscalía de Costa Rica confirmó en junio de 2013 que existía una causa por el caso y valoraron una posible indagatoria de Toledo que no se hizo.
“La apertura de la causa tiene origen en información de inteligencia recibida, en datos generados mediante una asistencia penal internacional solicitada a Costa Rica por la Fiscalía de la Nación de Perú, así como en publicaciones de prensa que cuestionaron la adquisición de una propiedad (en una exclusiva zona de Perú) por parte de una sociedad con domicilio en nuestro país, vinculada con la suegra del expresidente peruano Alejandro Toledo”, detalló un comunicado oficial de la Fiscalía tica citado por La República de Lima el 10 de junio de 2013.
“Se ha procedido a gestionar el acceso a toda la información bancaria de las sociedades y personas físicas involucradas, del mismo modo hemos ejecutado la inmovilización de dinero por una suma aproximada a los seis millones y medio de dólares, que una de las sociedades administradas por las personas cercanas al expresidente Toledo mantenía en una cuenta de un banco privado costarricense ”, dijo en aquel momento el entonces coordinador de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales de Costa Rica Olger Calvo Calderón, según la versión del diario peruano.
El diario El Comercio de Lima publicó el pasado 8 de febrero que la empresa en Costa Rica se constituyó “con fondos que fueron traspasados desde una cuenta de la compañía Confiado Internacional Corp., de propiedad de Josef Maiman, ciudadano peruano-israelí y amigo cercano del ex presidente”.
Expediente secuestrado
El 14 de junio de 2013, el diario La República de Lima informó del secuestro judicial en San José del expediente de un préstamo por $ 3.5 millones otorgado a la suegra de Toledo.
“Agentes de la Unidad de Lavado de Dinero del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía de Delitos Económicos “secuestraron” el expediente del préstamo de 3,5 millones de dólares”, dijo el diario limeño.
El diario basó su nota en un informe del sitio CR Hoy. “El embargo del expediente se habría realizado, en el marco de la investigación por el delito de legitimación de capitales, ligada con el caso abierto en Perú contra el ex presidente de ese país Alejandro Toledo Manrique”, dijo La República.
“Durante la acción judicial los agentes secuestraron información valiosa para el caso y relacionada con las actividades financieras de los involucrados en este caso. Secuestraron el expediente físico de un préstamo por 3,5 millones de dólares, que ese banco habría otorgado a la suegra de Toledo”, informó CR Hoy.
Para aquella fecha, el entonces fiscal adjunto de Costa Rica, José Pablo González, aclaró que el avance de las investigaciones en ese país dependería de lo que realizara la fiscalía peruana para demostrar que se trata de fondos de procedencia ilícita.
“Si no se prueba que hay una procedencia ilícita –dijo en aquel momento el Fiscal González– tendrán que levantar el embargo sobre la cuenta de 6,5 millones de dólares, perteneciente a otras de las sociedades bajo investigación por su relación con Toledo Manrique”.
El 10 de junio de 2013 el Fiscal Calvo confirmó a la prensa peruana que habían intervenido una cuenta bancaria en el caso.
El Fiscal Calvo dijo –según el diario La República de Lima– que no existía una inmovilización de cuenta a nombre de Alejandro Toledo pero que la misma pertenecía a una asociación vinculada a la suegra del exmandatario y a Maiman.
“Lo que ha hecho la fiscalía es proceder a la inmovilización de un monto cuantioso sobre una sociedad que de un modo u otro está vinculada a personas cercanas a Alejandro Toledo, las cuales viajaron en determinadas fechas a Costa Rica y que además coinciden con la sociedad que en su momento adquirió propiedades en Perú”, explicó Calvo a través de RPP Noticias, según citó La República.
Fiscal peruano en San José
José Peláez, Fiscal de la Nación de Perú, viajó a Costa Rica en agosto de 2013 y dijo que solicitaría la ampliación del levantamiento del secreto bancario al exmandatario a Toledo, a su suegra , y a dos de sus colaboradores y cuatro empresas en Costa Rica, informó La República de Lima.
“Hay documentos que van a ser útiles y que aquí se ha producido un levantamiento del secreto bancario” dijo el Fiscal Peláez quien añadió que pedirían una ampliación del levantamiento del secreto bancario no solo a un banco sino a otras entidades bancarias”, según La República de Lima.
“Aquí en Costa Rica hay toda una investigación por el delito legitimación de capitales y vienen siendo investigadas cuatro empresas que tienen alguna vinculación con el expresidente”, manifestó entonces el Fiscal Peláez, según el referido medio.
Causa fue desestimada aquí en 2015
El caso investigado por presunta legitimación de capitales fue desestimado por la Fiscalía en San José en 2015.
PuroPeriodismo.com consultó al Ministerio Público si, en razón del reciente giro de los acontecimientos en Perú, se valoraría la reapertura del caso y, de momento no se considera, según respuesta oficial.
Tatiana Vargas portavoz del Ministerio Público respondió el jueves anterior que la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales “de momento, y al tenor de la información que ha surgido sobre el presunto pago de sobornos por 20 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht al expresidente peruano Alejandro Toledo, la Fiscalía, no ha considerado la reapertura de la investigación sobre la cual se requirió la desestimación en junio de 2015”.
Según la Fiscalía, “en nuestro país se estaban investigando varias acciones que formaban una parte de un esquema de legitimación de capitales, sin embargo, la investigación en Perú también abarca los hechos cometidos en nuestro país, como parte de ese esquema general de legitimación, el cual inicia y culmina en ese país suramericano”.
“Las presuntas personas imputadas en Costa Rica también eran imputadas en Perú por los mismos hechos, país incluso donde ya habían sido indagadas formalmente por las acciones realizadas”, añade la versión oficial.
“Siendo que la tesis fiscal mantenía como delito precedente posibles actos de corrupción, la investigación en Costa Rica tenía una dependencia probatoria de la investigación que se realizaba en la República de Perú en cuanto a estos aspectos, y al abarcar las pesquisas de las autoridades esos puntos, claramente existía una limitación para nuestro país en ese particular”, agregó la Fiscalía.
“No se identificó participación de personas costarricenses, o bien, radicadas en nuestro país, que tuvieran relación con los hechos que se desarrollaron en Costa Rica”, agregó la vocero Vargas de la Fiscalía en San José.
Se consultó a la Fiscalía si es factible tener acceso a la desestimación del caso y la respuesta fue negativa.
“Eso no es posible, en virtud de que la desestimación es un requerimiento que se emite dentro de la etapa de investigación, fase que es privada, según el artículo 295 del Código Procesal Penal”, respondió la portavoz del Ministerio Público.
