Vladimir de la Cruz, analista
Es obligatorio para todos los partidos políticos que logren inscribirse, en definitiva, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, presentar un Plan de Gobierno, un programa que se agitará durante la campaña electoral en algunos de sus aspectos de modo principal. Es decir, todos los partidos políticos están obligados a decirle a los ciudadanos cuál es su proyecto de gobierno en caso de ganar las elecciones.
Este programa electoral que se presenta a los electores, puede ser, y generalmente lo es, diferente a cualquier otro documento programático, de definición teórica o política que tenga cada partido político. Mientras este programa de partido es estratégico, y probablemente hasta de largo plazo, el de la campaña electoral es de gobierno, es inmediatista, es coyuntural, es de corto plazo, es para cuatro años.
En los debates de candidatos presidenciales, que ya han iniciado, particularmente en el interior del Partido Liberación Nacional, los candidatos han hecho propuestas de esta visión inmediatista, cortoplacista, enfatizando en varios problemas, que cada uno de ellos considera principal, que las encuestas con frecuencia señalan como grandes problemas o preocupaciones de los costarricenses. De manera que acercándose a ellos con propuestas se acercan a los oídos de los costarricenses, cuando no a sus corazones y esperanzas.
Pero, ¿en la realidad cuánto real pueden ser esos programas para el candidato que resulte ganador? Sobretodo, ¿cuánto pueden ejecutar de ganar el gobierno en febrero?
Un Presidente atado
El candidato que llegue a ganar las elecciones el primer domingo de febrero del 2018 se encuentra en la siguiente situación:
1.- Está en el período final del actual gobierno, al que le quedan los meses de febrero, marzo y abril del 2018.
2.- La Asamblea Legislativa se encuentra en su período de sesiones extraordinarias, de la cuarta legislatura, donde solo el Poder Ejecutivo puede enviar proyectos de ley a su discusión parlamentaria.
3.- Las bancadas parlamentarias, de diputados de los distintos partidos, no pueden hacer nada respecto a la agenda parlamentaria y la discusión de sus Proyectos de Ley. Los diputados del partido político que gane las elecciones, si no es el del Gobierno, el del Partido Acción Ciudadana, en este caso, no pueden presentar proyectos de ley del candidato ganador, por medio del Poder Ejecutivo.
4.- En la historia electoral del país ningún partido ganador de elecciones, que además sea partido gobernante, propone, en ese lapso que le queda a la Asamblea Legislativa que termina, ni ha propuesto un solo proyecto de ley, que tenga que ver con lo que se ofreció en la campaña electoral por su propio partido político. El gobierno está en lo suyo, de ver cómo termina, de mejor manera, su gestión en esos últimos días y poco le importa, y ni le interesa, lo del nuevo gobierno, más que entregar el gobierno el 8 de mayo.
5.- El primero de mayo del 2018, a pocos días de haber terminado las elecciones, de tener un partido político ganador, y un candidato ya electo Presidente, que asume el ocho de mayo, la Asamblea Legislativa inicia su Primera Legislatura con sesiones ordinarias, hasta el 31 de julio, para reanudarlas el primero de setiembre hasta el 30 de noviembre, en un largo período de seis meses interrumpido en agosto.
Así, los primeros meses del nuevo gobierno se van en la práctica en las sesiones ordinarias. Este período se caracteriza porque el Poder Ejecutivo no puede enviar a esas sesiones legislativas proyectos de ley de ninguna especie, de su interés inmediato.
Los diputados se someten a la agenda parlamentaria y a los proyectos que en ella hay en trámite de discusión, heredados de las anteriores Asambleas Legislativas, o de la anterior. En estas sesiones ordinarias solo los diputados y sus partidos políticos, por medio de ellos, pueden presentar proyectos de ley, que se añaden en la agenda parlamentaria de últimos a como se vayan presentando. Generalmente la agenda parlamentaria arrastra más de 50 proyectos de ley que están en tramite de discusión. Para alterar esta agenda, y adelantar algún proyecto de ley, se requiere un acuerdo legislativo de diputados, por votación calificada, de manera que no es tan simple.
6.- En la historia legislativa ningún partido ganador de las elecciones, del Poder Ejecutivo, ha gestionado, en esos primeros meses de sesiones ordinarias, con sus nuevos diputados electos, proyectos de ley, presentados por sus diputados que hagan honor a las promesas dichas y ofrecidas en la campaña electoral, o señaladas en el Programa de Gobierno que se comprometieron a impulsar, solicitando, además, alterar la agenda parlamentaria para que se discutan de primero.
7.- De esta manera, todos los partidos que ganan las elecciones, en el nivel del Poder Ejecutivo, provocan por este sistema, que no le permite al Presidente entrante y ganador de las elecciones, ejecutar sus promesas de manera inmediata, una gran desilusión política, un gran fraude en el cumplimiento de promesas, una frustración en las esperanzas depositadas en la campaña electoral y en el candidato Presidente. Y, lo peor, provocan también un desencanto en el propio sistema político incapaz de resolver de manera eficaz y eficiente, y con cierta rapidez, los problemas que se ofrecieron resolver, y más desencanto en los propios actores políticos, que terminan viéndose como mentirosos y traidores a sus planteamientos.
8.- Por ello la furia se concentra en las figuras políticas y no en las institucionales. La furia y el desencanto se concentra en el Presidente y su equipo, no en su partido político. Por ello también cuesta mantener al Presidente y sus ministros índices y porcentajes de popularidad altos como los que obtuvieron en las elecciones, y es natural que bajen poco a poco con su propia gestión de gobierno.
9.- El sistema político electoral al separar al Presidente electo de su partido político, al prohibirle participar en toda discusión de orden político nacional y de orden partidaria, al asumirse una imagen de que el Presidente es de todos los costarricenses, y no ya de un solo partido político, crea la sensación que el partido ganador de las elecciones a nivel del Poder Ejecutivo desaparece, y con ello se desvanece la responsabilidad política que se le pueda achacar a ese partido político de un mal gobierno. Y, el mismo partido político ganador se separa de la gestión de gobierno, para evitar que se le peguen las pulgas de un mal gobierno. Por esto, en Costa Rica, en términos generales, no tenemos la costumbre de adjetivar al gobierno con el nombre de su partido político, de decir por ejemplo el gobierno liberacionista, el gobierno socialcristiano, el gobierno pacista, de hacer responsable de esta manera al partido ganador de elecciones en la gestión de su gobierno, y del programa que ofreció en campaña electoral. Al contrario diluimos esa responsabilidad en el nombre del mandatario y así decimos el gobierno de Miguel Angel Rodríguez, el gobierno de Abel Pacheco, el gobierno de Oscar Arias, el gobierno de Laura Chinchilla o el gobierno de Luis Guillermo Solís, por citar los últimos.
Hagamos la reforma
10.- Si queremos avanzar de manera efectiva en hacer posible que el partido ganador y su candidato presidencial pueda hacer efectivo algo de lo que ofreció en la campaña electoral, y el programa de gobierno, hay que invertir las sesiones legislativas de manera que se inicie en mayo con sesiones extraordinarias, en las que el Poder Ejecutivo tenga la Iniciativa de ley. Solo de esta manera podemos hacer más real el cumplimiento de promesas electorales y de restaurar la confianza a los electores. Así, el nuevo Presidente puede impulsar en esos meses de sesiones extraordinarias proyectos de ley concretos y relacionados con sus promesas de campaña, y hacer efectivos esos resultados institucionalmente.
Si esta reforma constitucional no se hace pronto, seguiremos igual que como hasta hoy ha andado el país, y el próximo Presidente repetirá el ciclo de frustración que los costarricenses expresan cada vez con más vehemencia y fuerza en encuestas y en el ánimo nacional.
Si los diputados están considerando discutir en estos días alguna reforma constitucional, deberían pactar, entre sí y con el Poder Ejecutivo, para que se introduzca algún proyecto de ley en esta dirección que beneficiará a cualquiera de los partidos políticos que llegue a ganar las elecciones de febrero del 2018. Pero, sobretodo beneficiará a los costarricenses, a la democracia nacional y al sistema institucional del país.
Si esto no se lograra en estos días, en esta Legislatura que termina y en la siguiente, es urgente que el nuevo gobierno, que el nuevo Presidente y la nueva Asamblea Legislativa se metan de cabeza en esta reforma institucional y constitucional para hacer andar con pies firmes al nuevo gobierno.
De no lograrse nada de esto, ¿de qué sirven los programas de gobierno que cada partido ofrece al corazón y sentimientos de los electores, como un canto a la Luna? ¿De qué sirve que el Tribunal Supremo de Elecciones obligue a presentar un programa de gobierno si el mismo tribunal no tienen ninguna capacidad legal, constitucional o institucional de hacerlo cumplir? ¿No se convierte todo esto en una farsa macabra de baile de máscaras electoral que el mismo tribunal organiza, fiscaliza y declara?
Al final, como en la narración literaria, El Gato Pardo, todo cambia para que todo siga igual.
¿Pero, realmente, queremos que todo siga igual? ¿Cuál candidato y cual partido político le pondrá el cascabel…? ¿Lo harán los diputados?
