Jorge Corrales Quesada, economista
San José-Uno siempre ha escuchado la expresión “el tiempo es oro” y, en otras ocasiones, “el tiempo es dinero”.
Cuando uno observa que el estado costarricense dispone de los recursos para hacer alguna obra pública, que presuntamente beneficiaría a todos, aumentando así su riqueza, pero que, por diversas razones, principalmente de corte burocrático, no se llevan a cabo, los ciudadanos sufriremos diversos costos. Uno, porque, si se pidió la plata prestada, posiblemente tendrá que pagar dos tipos de costos usuales: uno por lo que se llama “comisiones”, las que, por ejemplo, cobran los organismos financieros internacionales por separar esos fondos que se usarían en obra pública en el país y, el otro, porque si retiró los fondos para usarlos y no los dedica a producir la obra pública, ya han empezado a correr los intereses usuales del préstamos. Pero, también hay otro costo muy importante: los ciudadanos se han retrasado en recibir el beneficio que supuestamente esa obra pública les ha de brindar.
Teniendo estas cosas en mente, veamos cómo, como lo expone un informe de La Nación titulado “MEP invierte a paso de tortuga millones para hacer escuelas: Sólo ha usado 4% de $167 millones de fondo educativo,” se han desperdiciado los recursos que se pidieron prestados y que no se han ejecutado.
Resulta que, en marzo del 2013, los diputados aprobaron un fideicomiso -que, en sencillo, no es más que una forma de administración de los fondos- por $167 millones (más o menos ₡94.000 millones) de un crédito del BID para construir 80 centros educativos en el país. Los dineros del Ministerio de Educación serían administrados por el Banco Nacional. A la firma Consorcio Estudio Calvi & FSA Ingeniería y Arquitectura S.A. se le adjudicó la ejecución del fideicomiso. Esto ya fue en mayo del 2015.
¿En qué se han usado los fondos? Hasta el momento (inicios del 2017) de ochenta centros educativos que se habrían de construir, sólo se han entregado dos -el Liceo de Mata de Plátano en Goicoechea y el Liceo Rural de San Isidro de León Cortés (un 2.5% de la totalidad de centros educativos que se habrían de construir). De un préstamo total de $167.5 millones, se han usado tan sólo $6.7 millones; esto es, apenas un 4%.
Al momento hay otros 16 centros educativos esperando a que se contrate la empresa que los construirá -esto es, un 20% de total; otros 10 en espera de que se publique el cartel de licitación para su construcción (un 12.5% del total) y los restantes 52 centros -un 65%- están en espera, “pues apenas están en proceso de búsqueda, negociación o firma del contrato de adquisición de los terrenos.”
Asimismo, en el préstamo inicial se contempló la construcción de 23 canchas deportivas techadas, de las cuales ninguna ha sido entregada, 6 están pendientes de la contratación de la empresa constructora, para 8 aún no se publica el cartel de licitación y 9 aún ni siquiera tienen el terreno.
Tanto los dineros para las escuelas como para las canchas nos están costando a los ciudadanos, no sólo por comisiones e intereses, sino por el atraso en los beneficios a los usuarios, que presuntamente se derivarían de su edificación y funcionamiento.
¿A qué se atribuyen los atrasos? “Dificultades con la búsqueda, compra y desafectación de terrenos; atrasos en los diseños y de las adjudicaciones. Sólo la conformación de la autoridad ejecutora, encargada de administrar la gestión del fideicomiso, atrasó seis meses el programa por las apelaciones que se presentaron a la licitaciones.” Y si no se ha asignado el monto total del proyecto antes de julio del 2018, que es cuando caduca el fideicomiso, el MEP tendrá que pedirles a los diputados que amplíen el plazo de ejecución, además de que, me imagino, se tendrá que renegociar con el BID y el Banco Nacional, todo lo cual mandará los proyectos a las calendas griegas. Todo ello es síntoma de una burocracia estatal ineficiente incluso para gastar las platas, lo que nos hace incurrir a los ciudadanos en costos innecesarios que habremos de sufrir.
