Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
El Poder Judicial declara intocable su privilegiado régimen de pensiones.
Lo declara el frente sindical interno que se lanza a paralizar servicios, arbitrariamente, en perjuicio de miles de usuarios, en detrimento de una función pública fundamental.
El frente gremial hace suyas las amenazas del togado que llamó a ejercer la “democracia de las calles”.
Pero también la Corte Plena declara su abierta oposición a las reformas planteadas. Lo hizo la víspera del apagón institucional por los días santos, “cuando el día ya no es día y la noche aún no llega…”.
“La Corte Suprema de Justicia aboga por una discusión de altura sobre el tema de pensiones y mantiene abiertos los canales de diálogo con el colectivo judicial para buscar las mejores condiciones jubilatorias para la totalidad de los empleados, jubilados y pensionados del Poder Judicial”, dijo el manifiesto.
“La Corte Suprema de Justicia no busca pensiones de lujo, pero tampoco admitirá pensiones que perjudiquen a la gran familia judicial”, advirtieron, unánimemente, los magistrados.
Pese a que algunos de ellos admiten la procedencia de las reformas para un régimen a punto de colapso.
“No puedo ignorar que, a los ojos de la mayoría del pueblo costarricense, el régimen de jubilaciones del Poder Judicial, contiene privilegios y debilidades que requieren ajustes y reformas”, reconoce, con su usual franqueza, el magistrado Fernando Cruz Castro de la Sala Constitucional.
Pero el acuerdo de Corte Plena responde al interés corporativo.
La advertencia traba cualquier cambio trascendente a un régimen que concede “jubilaciones juveniles”, a los 48 años, o que las facilita por un monto del promedio de los últimos 24 mejores salarios, y ¡hasta por ¢9 millones!, mientras al resto de ciudadanos se les sentencia a montos paupérrimos.
No hay sorpresa en la reacción judicial.
Tampoco aceptan recortes a sus frondosos pluses los sindicatos del sector salud.
Y, ¡ay! quien ose poner mano en las piñatas de las convenciones colectivas del resto del sector público.
Los frentes universitarios amenazan con el caos si se les pone en cintura su festín de prebendas que ya le cuesta al Estado nada menos que ¢42.000 millones anuales.
¿Y el gobierno del “cambio”? Muy bien, gracias.
Juega con sus diezmadas opciones electorales, y, para no poner de mal humor a los gremios, sepulta una reforma que hubiese puesto orden en la exorbitante escalada de la planilla estatal.
Todo en aras del abombamiento de la pantomima del “estado solidario”, ese monstruo de mil cabezas donde cada quien defiende su parcela e intereses a costa de “tierra arrasada”.
Por supuesto que este país se volvió ingobernable, tomado y chantajeado por los dirigentes y sus afanes sectoriales.
Primero están sus intereses y sus privilegios.
¿Y el país? Poco importa.
Punto final-Barbarie pura con la atroz cacería y muerte de un lagarto hembra en Santa Cruz, Guanacaste. El Minae la toleró con el aval de la Sala IV. Punto final…
