Edgar Fonseca M., editor
El mortal tiroteo del lunes frente al Mount View School en Guachipelín de Escazú, con saldo de dos hombres muertos y un escolar herido, sacudió al gobierno, el presidente Luis Guillermo Solís convocó ayer una sesión urgente de jefes policiales y, por primera vez, le fijo un plazo de 30 días al Ministro de Seguridad para que informe al país de acciones tendientes a enfrentar la creciente ola delictiva
En medio de la conmoción pública y de una oleada de críticas a los cuerpos de seguridad, el presidente Solís justificó la cita extraordinaria con los jerarcas policiales. “Reunidos para reforzar y fortalecer medidas que protejan a nuestra ciudadanía”, dijo el presidente a 48 horas del tiroteo ejecutado por dos pistoleros que aparentaban estar ejercitándose frente al colegio y de quienes no hay el menor rastro.
El exvicepresidente Kevin Casas, administración Arias, crítico del presente gobierno, calificó de aterrador el suceso. “Esta noticia es aterradora. ¿Y el gobierno? Perdido. ¿Gobierno de la transparencia? No: Gobierno de la inseguridad”, denunció.
Con el paso de las horas se confirmó que tanto la DIS como el OIJ, autoridades de Seguridad Pública y del Ministerio Público conocían e investigaban las sospechosas conductas y actividades de los hermanos Akl en el país, quienes entraron a territorio nacional en condición legal con pasaportes canadienses.
La DIS asegura que desde el 12 de enero remitió dos informes al Ministerio Público y pidió la expulsión de los libaneses sin obtener ninguna respuesta. El Ministerio Público confirmó la recepción de dichos informes pero los declaró bajo confidencialidad del sumario judicial, dijo Tatiana Vargas Vindas, portavoz de la Fiscalía.
“La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada confirmó que esos informes forman parte de una investigación que se encuentra en la etapa preparatoria del proceso, la cual es privada según el artículo 295 del Código Procesal Penal, sobre la privacidad de las actuaciones. No se referirán detalles que, sin lugar a dudas, pondrán en riesgo el proceso penal”, dijo Vargas. “Es necesario recordar que los informes de la DIS son únicamente informativos y no se judicializan, es decir, con el insumo aportado (informes), se trabajan con la policía en la recolección de pruebas”, agregó.
Los pistoleros mataron a Elías Akl, de 44 años, con inversiones y negocios en Escazú y a un custodio de apellido Blanco, que fue llevado agonizante a una delegación policial cercana tras el tiroteo. Los agresores huyeron en dos motos que los esperaban cerca.
Colegio regresa el lunes
Mount View School anunció que retornará a su horario habitual el próximo lunes.
“Deseamos agradecer las múltiples muestras de solidaridad y de comprensión que hemos recibimos ante el lamentable hecho sucedido”, dijo el colegio en su sitio Facebook.
“Próximamente les brindaremos actualizaciones relacionadas con el tema y con la atención post-traumática para estudiantes y sus familias”, añadieron.
“Mil gracias por toda la ayuda, colaboración y apoyo de los vecinos, Colegios hermanos y padres y madres de familia que nos asistieron especialmente a West College, que a pocos minutos del suceso ocurrido corrieron en ayuda de nuestros estudiantes”, destacaron.
“Un especial agradecimiento profundo desde nuestro corazón a nuestro personal, que sin pensarlo 2 veces salieron al socorro y evacuación inmediata de nuestros estudiantes, de manera que esta situación no pasara a más”, agregaron.
El rastro
La DIS sostiene que, por informes confidenciales, investigó a los libaneses a partir de conductas de “matonismo, uso de armas, ostentación en sitios públicos”.
“La forma en que los hermanos Akl vivían aquí, a pesar de sus récords delictivos e ilegalidad migratoria, es la punta de un iceberg podrido”, destacó el analista y exdiplomático Eduardo Ulibarri.
“Costa Rica requiere con urgencia aprobar dos leyes que vienen a fortalecer la lucha contra el sicariato, el narcotráfico y el crimen organizado”, sostuvo Antonio Álvarez Desanti, candidato presidencial del PLN. Presionó porque se aprueben las leyes de Extinción de Dominio y la Creación de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia.
Costa Rica cerró 2016 con una cifra récord de homicidios: 577; 40% de ellos atribuidos por el Fiscal General, Jorge Chavarria a “ajustes de cuentas” entre bandas narcos, según dijo en una reciente entrevista con el periodista Edgar Fonseca. El país ocupa el puesto 12 en Latinoamérica en tasa de homicidios, con 11,8 por cada 100 mil habitantes, cifra catalogada por la Organización Mundial de la Salud como “epidemia”.
El ministro tiene plazo
El tiroteo en Escazú, que dejó una escena de caos en el lugar, también remeció al gobierno. Ha “levantado una justificada alarma en la población y motivado nuevos llamados de atención a todas las autoridades para que intensifiquemos el combate del narcotráfico y del crimen organizado en general”, dijo la Presidencia.
El presidente Solís le dio un inusual plazo de 30 días al Ministro de Seguridad, Gustavo Mata, para que informe de los resultados de una serie de acciones:
- Agilizar la expulsión de personas extranjeras vinculadas a actividades delictivas, siempre apegados al debido proceso y a lo establecido en la ley de Migración.
- Mayor control y rigor para la tenencia de armas, para incrementar las sanciones por tenencia ilegal y la prohibición de importación de municiones para armas ilegales.
- Reactivar e incrementar los operativos policiales en De igual manera reforzaremos las operaciones de ataque al narcotráfico internacional como al micro tráfico interno.
- Ampliar acciones de cooperación policial marítima con marinas de Francia y Holanda, para potenciar el control en el Mar Caribe.
- Analizar de manera detallada y responsable el tema de los combustibles subsidiados en coordinación con el sector pesquero. El diario La Nación denunció en una reciente investigación periodística que la mayoría de embarcaciones con combustible subsidiado se ven implicadas en operaciones de narcotráfico
- Ampliar a todas las cabeceras de provincia proyectos preventivos piloto que ejecuta el Ministerio de Seguridad Pública como son “Emprendiendo por una vida sin violencia”, “Juntos por todos” y la articulación que se realiza con las Municipalidades, para jóvenes en drogas y riesgo social.
- Fortalecer la coordinación con el Poder Judicial, para uniformar políticas y acciones en control de armas y acciones contra sospechosos vinculados con tráfico de drogas.
- Analizar con mayor intensidad el tema en el incremento de los femicidios dada la preocupación de este fenómenos
