Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
El magistrado Carlos Chinchilla Sandí, electo ayer nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, aceptó, en su primera comparecencia ante la prensa, que debe modificarse el régimen de pensiones del Poder Judicial envuelto en severa crítica pública por cuestionados privilegios.
“Estamos pasando tiempos difíciles para el Poder Judicial”, admitió Chinchilla ante el pleno de los magistrados.
“No estamos opuestos a que se modifique el régimen de pensiones, no. Creemos que es necesario modificarlo”, reconoció Chinchilla ante los medios luego de ser electo presidente de la Corte, en votación secreta, por los próximos cuatro años en relevo de la exmagistrada Zarela Villanueva Monge, cuya pensión mensual de ¢6.9 millones desató censura pública.
“No estamos opuestos a que se revise. No estamos opuestos a que se hagan cambios”, insistió Chinchilla Sandí de 54 años, de una vasta trayectoria de más de 30 años en el sector judicial, presidente hasta ahora de la Sala de Casación Penal, y jurista de mano dura contra la corrupción en la función pública y contra el crimen organizado.
Dijo que la Corte respetará lo que decida la Asamblea Legislativa donde una comisión analiza reformas profundas a dicho régimen. “Vamos a respetar lo que se decida por parte de la Asamblea Legislativa”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que confían que la discusión sobre el régimen se dé a partir de estudios científicos pendientes. “Si es del caso, los señores y señoras diputados de la Comisión, me permiten, me gustaría ir a conversar con ellos sobre este tema. No estamos opuestos a que se modifique el régimen de pensiones, no. Creemos que es necesario modificarlo, pero modificarlo bajo parámetros científicos, los cuales vamos a aceptar, no los vamos a desconocer”, sostuvo.
“No estamos opuestos a que se revise. No estamos opuestos a que se hagan cambios. Lo que queremos es que simplemente se respete el acuerdo inicial de la espera del informe actuarial de la Universidad de Costa Rica, que es la base científica con la que podemos discutir el régimen de pensiones del Poder Judicial”, ratificó.
Chinchilla abarcó la participación del frente gremial interno que se ha mostrado renuente a los cambios y ha amenazado con parálisis de servicios. ” Vamos a estar cercanos escuchando a los gremios. Hace un tiempo pudieron estar separados. Ahora mi función, mi obligación es juntarnos todos, en el buen sentido de la palabra, como Poder Judicial, porque es importante”, manifestó.
El nuevo presidente de la Corte disputó la elección ante el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, de 63 años, presidente de la Sala Primera, veterano funcionario judicial, oriundo de Guanacaste. Chinchilla obtuvo 17 votos, 4 en contra y hubo uno en blanco. El próximo lunes la Corte elegirá vicepresidenta, conforme un acuerdo previo.
Chinchilla delineó como sus principales ejes de trabajo:
- Gobierno judicial: Fortalecimiento de la imagen institucional, Tenemos que caminar juntos, para resolver los problemas.
- Justicia pronta y cumplida: evaluar el desempeño
- Prevención y lucha contra la corrupción
- Carrera judicial
- Infraestructura física
- Tecnología, investigación e innovación
- Plan estratégico institucional 2019- 2024
Tiempos difíciles
En medio de la oleada de críticas al Poder Judicial por su sistema de pensiones catalogado de privilegiado, el magistrado Chinchilla reconoció ante Corte Plena que dicho poder atraviesa por momentos difíciles.
“Estamos pasando por tiempos difíciles para el Poder Judicial y debemos mostrarnos unidos en una sola voz de concertación, recuperar la imagen del juez. Y el papel de la Presidencia estará dirigido al bienestar de esta Corte Suprema de Justicia y empoderamiento del Poder Judicial”, dijo el magistrado Chinchilla, según el sitio Facebook del Poder Judicial.
Prometió, además, ” el fortalecimiento de las Comisiones Judiciales para Investigar la penetración del crimen organizado y el narcotráfico y la de Transparencia y Anticorrupción y reforzar el Tribunal de la Inspección Judicial, su regionalización y establecimiento de Tribunales de Apelación que descongestione al Consejo Superior en esta labor”.
También pretende “reforzar la imagen institucional en transparencia y rendición de cuentas, retomar las visitas a las comunidades y acercarse a las demandas de las fuerzas vivas de la sociedad, con una protección especial de los grupos sociales más vulnerables”.
Mano dura ante los corruptos
En diferentes instancias, el magistrado Chinchilla se ha caracterizado por su vehemencia contra la corrupción en la función pública.
“La corrupción es un flagelo que nos acecha constantemente en el ejercicio de la función pública. Teniendo muy firmes nuestros valores sociales, fundamentados en la moral, ética y cumpliendo la legalidad, la corrupción no encontrará terreno fértil para crecer, por lo que será arrancada y destruida,” advirtió Chinchilla en el XVII congreso de Auditoría Interna, celebrado en el hotel Wyndham Herradura, el 23 de agosto de 2016, ante 300 profesionales en auditoría locales e internacionales.
Cree que el deber de probidad lo llevan los funcionarios públicos con la fórmula 24/7/365: las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días.
El 9 de mayo anterior respaldó, ante una comisión legislativa, una reforma constitucional que permite cancelar las credenciales a diputados que incurran en una violación al principio de probidad.
“La reforma que se pretende es muy oportuna, muy atinada, con muy buen contenido. Hoy en día hay una laguna, un vacío con respecto al incluir el deber de probidad como causal para la pérdida de la credencial del diputado, por eso la reforma constitucional es esencial, y es básica”, destacó.
También ve necesaria modificar el artículo 262 del Código Electoral, que establece las disposiciones para la cancelación de credenciales de miembros de los supremos poderes.
Con 30 años de trayectoria judicial, es Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Ciencias Penales y Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica.
“Me veo reflejado en ustedes y ahora que comienzan su carrera como abogados y abogadas, deben trabajar de manera honesta y siempre procurando que sus familiares se sientan orgullosos de su labor”, dijo Chinchilla Sandí en febrero pasado al recibir un homenaje del Colegio de Abogados por su trayectoria en el Poder Judicial que inició como juez de instrucción en Golfito y fungió luego en Guácimo, Pococí y San José hasta integrar los juzgados y tribunales superiores penales de la capital.
Aceptó el reconocimiento como “premio una carrera judicial intachable, realizada con probidad y dedicada a la correcta aplicación del derecho, desde sus inicios como Juez de Instrucción de Golfito y ahora en el cargo de Magistrado”, citó un informe del Poder judicial.
“Este reconocimiento representa un momento importante para mi carrera profesional, en la que recién cumplí 30 años como Juez de la República, donde he trabajado con honestidad, ética y moral, resolviendo los casos apegados al derecho, atendiendo a lo dictado por la Constitución Política y la Ley” , dijo.
Se le identifica como alguien que defiende con ímpetu sus posiciones. Se opuso de manera rotunda a la posibilidad de dotar de brazaletes electrónicos a los reos para liberarlos.
Chinchilla promueve centralizar la jurisdicción contra el crimen organizado. “Esta Jurisdicción especializada tendría competencia nacional desde San José, donde se desarrollaría todas las actividades de investigación, pero también de juzgamiento de estos delitos. Hoy día, están dispersos en todo el país, pero la idea es centralizarlo en San José y tener una mayor garantía de seguridad para jueces, juezas, fiscales defensores y defensoras públicas que participen en estos procesos y con ello, tener una mejor visualización de la problemática”, sostiene.
Su trayectoria en el Poder Judicial, inició en 1987 como juez de instrucción de Golfito. En 1989 trabajó un corto período en el Juzgado de Instrucción de Guácimo y Pococí y en 1990 fue nombrado en propiedad como juez en el Juzgado de Instrucción de Golfito. Cumplió nombramientos interinos por períodos cortos durante 1991 como juez en el Juzgado Penal de San José, Primer Penal y Segundo Penal. Juez Sexto de Instrucción de San José, hasta 1998. Juez Superior interino entre 1992 y 1998 de los Tribunales Superiores Penales de San José, Primero, Segundo y Tercero Penal.
De enero de 1998 y hasta mayo del 2002 coordinación del grupo de jueces N°9, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Diciembre del 2002 nombramiento en propiedad como Juez Superior del Tribunal de Casación Penal, hasta enero del 2007. Fue nombrado magistrado de la Sala Tercera a partir del 9 de enero del 2007 y designado presidente de Sala de 2014 a la fecha.
