Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
El escándalo de los polémicos pagos extraordinarios a funcionarios de la administración Solís derivó en anunciar este martes que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, “devolverá la totalidad del dinero que ella recibió por concepto de prohibición desde el inicio de este Gobierno”, según la Casa Presidencial. La cifra por devolver es ₡26.9 millones.
“La Viceministra Zúñiga Aponte ya reintegró ₡7.980.360 (siete millones novecientos ochenta mil trescientos sesenta colones) el pasado viernes 5 de mayo, tal como consta en el entero a favor del Gobierno de la República número 2017-005 y cancelado en el Banco Nacional”, dice la Presidencia.
“Ayer, lunes 8 de mayo, la viceministra Zúñiga Aponte solicitó al Departamento de Recursos Humanos, iniciar las gestiones para finiquitar un arreglo de pago que permita reintegrar el monto restante que asciende ₡19.020.383”, añade el sitio oficial del gobierno.
Hizo arreglo de pago
Conforme esa versión, la viceministra Zúñiga hizo un arreglo de pago en las siguientes condiciones. “Tres pagos de ₡6.342.749 (seis millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve colones). Los pagos se harán en los meses de agosto 2017, diciembre 2017 y marzo 2018. No los cancela de una vez, ya que no tiene el dinero suficiente para hacerlo de en una única operación”.
“El caso de la viceministra Zúñiga Aponte se suma así a la devolución de ₡10 millones que ya hizo la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos Murillo, tal como consta en el documento de pago en efectivo número 1493717 del Banco de Costa Rica y cancelado el 24 de febrero del 2016. También al del pago de la viceministra de Gobernación Carmen Muñoz Quesada, quien desde marzo del 2015 viene realizando pagos quincenales, tal como se corrobora en sus colilla de pago del sistema Integra; a la fecha ya lleva devueltos más de ₡8 millones”, cita el dato oficial.
El anuncio la devolución de los pagos extraordinarios a la viceministra Zúñiga trascendió mientras La Nación informó este martes de pagos “por casi ¢73 millones de más “a los ministros de Comercio Exterior y Planificación.
“Los ministros de Comercio Exterior y Planificación, Alexánder Mora y Olga Marta Sánchez, cobraron al Estado casi ¢73 millones de más por un incentivo salarial al cual no tenían derecho. Cada uno recibió ¢36,5 millones en los tres años que lleva el gobierno de Luis Guillermo Solís”, dice La Nación en su sitio web.
Rastrean otras administraciones
El gobierno rastrea pagos similares en anteriores administraciones a partir del 2006 con la de Oscar Arias.
“La Presidencia todavía está recibiendo informes de otras dependencias acerca de lo ocurrido en Administraciones anteriores desde el año 2006”, dice el informe oficial.
“La información está siendo analizada, corroborada y tabulada, pero es un hecho que en los pasados gobiernos hubo casos similares a los que nos afectan hoy. En el pasado estas situaciones de pagos que no correspondían nunca fueron identificadas, ni denunciadas y nunca hubo reintegro de los recursos”, sostiene.
¿Dónde están las denuncias de los pagos por prohibición indebidos a funcionarios de gobiernos pasados? ¿Alguien en el pasado reconoció el error y devolvió el dinero?, cuestionó el presidente Solís el lunes en su cuenta Facebook.
“Así actúa mi Gobierno frente a este problema y así resuelve un tema que viene ocurriendo desde hace décadas”, añadió.
“Aquí no hay corrupción ni por atisbo”, insistió.
