Magistrado duro contra corruptos aspira presidir Corte

Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com

El Dr. Carlos Chinchilla Sandí, presidente de la Sala de Casación Penal, un jurista de mano dura contra la corrupción en la función pública y el crimen organizado, y el Dr. Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de la Sala Primera, se disputan este lunes, en votación secreta, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, envuelta en la controversia por los privilegios cuestionados a su régimen de pensiones.

Chinchilla Sandí, de 54 años, de vasta trayectoria como juez penal, magistrado desde 2007 y presidente de la Sala Penal desde 2013, y Rivas Loáiciga, de 66 años, magistrado desde 1999 y presidente de la Sala I desde 2014, dirimirán el relevo a la exmagistrada Zarela Villanueva Monge, quien dejó el Poder Judicial el 13 de mayo, en medio de la polémica por el monto de su pensión mensual que alcanza ¢6.9 millones.

El pasado viernes, a las 5:52 p.m., el Poder Judicial anunció en Facebook que este lunes a partir de la 1:30 p.m., será la elección del nuevo presidente de la Corte. Cinco horas antes, y en medio de una creciente efervescencia y censura publica a los privilegios de su régimen de pensiones, la Corte sostuvo que respetará la reforma legislativa que se dé.

“Los magistrados y magistradas reiteraron el acuerdo de Corte Plena que se tomó en la sesión del 31 de octubre de 2016, de respetar en su totalidad, las modificaciones legales que impulsen los legisladores y legisladoras; incluyendo la definición del tope de las jubilaciones y pensiones judiciales, así como lo referente a la contribución solidaria”, destacó la Corte.

“Para Corte Plena, el avance de la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial es necesario, para garantizar la sostenibilidad del fondo y asegurar el bienestar de 16 000 familias judiciales”, agregó la posición judicial.

El Poder Judicial  aclaró, a la vez, que no hay en trámite ninguna solicitud de jubilación de la jerarquía judicial. La aclaración la hicieron luego que la diputada Sandra Piszk, PLN, demandó a la Corte congelar cualquier trámite de pensión de lujo, tras la controversia desatada por el monto de la pensión de la exmagistrada Villanueva y la reforma pendiente.

La sesión de elección es pública, sin embargo, por cuestiones de seguridad, una vez la Sala de Sesiones se encuentre en su capacidad máxima, no se permitirá el ingreso de más público, añadió la Corte.
La trasmisión de la sesión se realizará vía streaming para garantizar el acceso a la información así como en redes sociales.
El presidente en ejercicio, magistrado Jesús Ramírez Quirós, dirigirá la sesión, que iniciará con un debate público en el que los candidatos expondrán sus ideas, propuestas y plan de trabajo, agregó.

Este lunes habrá hasta cinco rondas de votaciones si fuese necesario.

Mano dura ante los corruptos

“La corrupción es un flagelo que nos acecha constantemente en el ejercicio de la función pública. Teniendo muy firmes nuestros valores sociales, fundamentados en la moral, ética y cumpliendo la legalidad, la corrupción no encontrará terreno fértil para crecer, por lo que será arrancada y destruida,”  advirtió el magistrado Chinchilla Sandí en el XVII congreso de Auditoría Interna, celebrado en el hotel Wyndham Herradura, el 23 de agosto de 2016, ante 300 profesionales en auditoría locales e internacionales.

Cree que el deber de probidad lo llevan los funcionarios públicos con la fórmula 24/7/365: las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días.

El 9 de mayo anterior respaldó, ante una comisión legislativa, una reforma constitucional que permite cancelar las credenciales a diputados que incurran en una violación al principio de probidad.

“La reforma que se pretende es muy oportuna, muy atinada, con muy buen contenido. Hoy en día hay una laguna, un vacío con respecto al incluir el deber de probidad como causal para la pérdida de la credencial del diputado, por eso la reforma constitucional es esencial, y es básica”, destacó.

También ve necesaria modificar el artículo 262 del Código Electoral, que establece las disposiciones para la cancelación de credenciales de miembros de los supremos poderes.

Con 30 años de trayectoria judicial, es Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Ciencias Penales y Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica.

“Me veo reflejado en ustedes y ahora que comienzan su carrera como abogados y abogadas, deben trabajar de manera honesta y siempre procurando que sus familiares se sientan orgullosos de su labor”, dijo Chinchilla Sandí en febrero pasado al recibir un homenaje del Colegio de Abogados por su trayectoria en el Poder Judicial que inició como juez de instrucción en Golfito y fungió luego en Guácimo, Pococí y San José hasta integrar los juzgados y tribunales superiores penales de la capital.

Aceptó el reconocimiento como “premio una carrera judicial intachable, realizada con probidad y dedicada a la correcta aplicación del derecho, desde sus inicios como Juez de Instrucción de Golfito y ahora en el cargo de Magistrado”, citó un informe del Poder judicial.

“Este reconocimiento representa un momento importante para mi carrera profesional, en la que recién cumplí 30 años como Juez de la República, donde he trabajado con honestidad, ética y moral, resolviendo los casos apegados al derecho, atendiendo a lo dictado por la Constitución Política y la Ley” , dijo.

Se le identifica como alguien que defiende con ímpetu sus posiciones. Se opuso de manera rotunda a la posibilidad de dotar de brazaletes electrónicos a los reos para liberarlos.

Promueve centralizar la jurisdicción contra el crimen organizado. “Esta Jurisdicción especializada tendría competencia nacional desde San José, donde se desarrollaría todas las actividades de investigación, pero también de juzgamiento de estos delitos. Hoy día,  están dispersos en todo el país, pero la idea es centralizarlo en San José y tener una mayor garantía de seguridad para jueces, juezas, fiscales defensores y defensoras públicas que participen en estos procesos y con ello,  tener una mejor visualización de la problemática”, sostiene.

Su trayectoria en el Poder Judicial,  inició en 1987 como juez de instrucción de Golfito.  En 1989 trabajó un corto período en el Juzgado de Instrucción de Guácimo y Pococí y en 1990 fue nombrado en propiedad como juez en el Juzgado de Instrucción de Golfito. Cumplió nombramientos interinos por períodos cortos durante 1991 como juez en el Juzgado Penal de San José, Primer Penal y Segundo Penal. Juez Sexto de Instrucción de San José, hasta 1998. Juez Superior interino entre 1992 y 1998 de los Tribunales Superiores Penales de San José, Primero, Segundo y Tercero Penal.

De enero de 1998 y hasta mayo del 2002 coordinación del grupo de jueces N°9, del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Diciembre del 2002 nombramiento en propiedad como Juez Superior del Tribunal de Casación Penal, hasta enero del 2007. Nombra magistrado de la Sala Tercera a partir del 9 de enero del 2007. Presidente de Sala 2014 a la fecha.

Orden en Casación

Como contendor de Chinchilla figura el veterano juez guanacasteco Luis Guillermo Rivas Loáiciga, oriundo de Liberia, admirador de John Kennedy y de Nelson Mandela, a quien le gusta “pensar rápido y pensar despacio”, y quien tiene como valores “la verdad y la justicia” y valora la amistad como un tesoro.

Magistrado propietario desde 1999 y presidente de la Sala Primera desde 2014, Rivas Loáiciga, ha tenido como retos de su gestión planes para  mejorar el desempeño del despacho  y agilizar los casos que están pendientes de sentencia.
“El primero es un plan que pretende reducir el tiempo de los juicios civiles, los cuales pueden tardar hasta 15 años en ser resueltos y en los que tramitan desde disputas por bienes de difuntos, hasta daños por un choque o incumplimiento de contratos”, según dijo a La Nación.
La otra iniciativa busca modificar el proceso en los casos agrarios. Según Rivas, la idea es que los usuarios puedan acudir a otra instancia de revisión con menos formalidad, citó el medio.
“El recurso de casación a veces es muy formal. El proyecto busca que los procesos se desformalicen, pero debemos hacerlo con cuidado, dentro del rigor que debe tener un recurso de casación”, explicó, según dicho diario.A Rivas , a quien le gusta el cine y leer, cuyo sitio preferido es Liberia, su comida la guanacasteca, define Casación como “vértice de todo proceso, razonado y ágil”, según dijo a La Nación.

La Sala Primera resuelve apelaciones en agrario, arbitral, civil, contencioso administrativo, tributaria y de notariado.

En 2014, tenía  1400 asuntos en trámite, 700 expedientes contencioso administrativo, 400 procesos civiles y  100 agrarios y otros, reseñó el sitio Actualidad Judicial en febrero, 2014.

En aquel momento, para Rivas eran prioridades en su gestión:  agilizar procesos en las Jurisdicciones Civil y Agraria “para darle una resolución más rápida a los conflictos”.

Fogueado

Su formación educativa la tuvo en la escuela Ascensión Esquivel Ibarra de Liberia; secundaria, Colegio Saint Francis, Moravia, Costa Rica; Licenciatura en Derecho y Notariado. Universidad de Costa Rica. Maestría en Administración de Empresas. Universidad Latina y una maestría en Derecho Empresarial, Universidad para la Cooperación Internacional.

Ejerció como Defensor Público de Liberia de agosto de 1976 a mayo de 1979.

• Juez Civil, Penal, Trabajo, Familia, Agrario y Tutelar de Menores de Liberia. Junio de 1979 a mayo de 1987.