Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
Tras un mes del tiroteo ejecutado por sicarios a la entrada del Mount View School en Guachipelín de Escazú, la mañana del lunes 15 de mayo, con saldo de dos muertos y un estudiante herido, accidentalmente, las autoridades mantienen total hermetismo sobre el avance de las pesquisas y reina el misterio sobre el móvil, los ejecutores materiales y los autores intelectuales de la acción que conmovió al país.
PuroPeriodismo.com consultó tanto al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como al Ministerio Público sobre los extremos de las pesquisas pero las respuestas oficiales fueron que no se puede revelar ningún dato en particular.
“Lamentablemente, las respuestas que usted busca forman parte de una investigación que es privada, según lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal. Cualquier detalle que se brinde en esta etapa de recolección y análisis de pruebas puede poner en riesgo el buen desarrollo del proceso penal. Lo que podemos confirmarle es que la investigación del caso avanza”, respondió Tatiana Vargas Vindas, portavoz de la Fiscalía, a las 2:38 p.m del miércoles anterior, a la consulta del periodista Edgar Fonseca.
“Dicen las jefaturas que el caso está en investigación y por el momento nos se va a dar información al respecto”, contestó Marisel Rodríguez, directora de prensa del OIJ, vía WhatsApp, a las 2:10 p.m de ese mismo día.
A ambas se les remitieron las siguientes preguntas relacionadas con dicho caso:
-¿Tienen las autoridades esclarecido el móvil del grave hecho ocurrido hace un mes frente a dicho centro educativo?
-¿Tienen las autoridades identificado al grupo responsable de esta acción?
-¿Es un grupo delincuencial integrado por costarricenses o hay extranjeros?
-Los ejecutores del ataque, ¿permanecen en el país o existe la posibilidad de que sean extranjeros y hayan abandonado el territorio nacional?
-¿Es un grupo independiente o vinculado a otras organizaciones criminales en el país o en el extranjero?
-¿Se ha gestionado colaboración de autoridades de otros países para identificar a los sospechosos materiales e intelectuales de este grave hecho? ¿De cuáles países y por qué?
Sin embargo, de momento no se tiene la menor idea del grado del esclarecimiento del móvil del caso, de la posible identificación de los ejecutores materiales o de la autoría intelectual de la acción consumada por dos pistoleros que aparentaban estar ejercitándose en el sitio e, intempestivamente, abrieron fuego cuando se acercó una camioneta en que se movilizaba el libanés Elías Akl, de 44 años, quien iba a dejar una hija al centro educativo.
En el ataque, Akl intentó penetrar al colegio pero, dada la intensidad de la balacera, su camioneta se incendió y murió calcinado. Su hija se salvó de milagro. Un custodio suyo que viajaba en otra camioneta resultó mortalmente herido y llevado hasta un centro de atención cercano donde llegó fallecido.
El incidente dejó al descubierto la presencia irregular en el país del libanés y de su hermano, Ziad, ambos requeridos por la policía de Canadá.
Sin rastros
A menos de 12 horas del tiroteo, el OIJ distribuyó imágenes de los pistoleros captadas por cámaras se seguridad, en la esperanza de que contribuyeran a su inmediata identificación y eventual arresto.
En una secuencia de 11 imágenes -captadas por cámaras se seguridad en el sitio– y divulgadas por el OIJ tras el incidente, dicho suceso parece haberse desarrollado entre las 6:27 a.m. y las 6;42 a.m., cuando los pistoleros huyeron.
Una de las imágenes, captada a las 6:29 a.m. de ese lunes muestra al principal de los pistoleros disparando e introduciendo su arma en el colegio y abriendo fuego.
Se trata de un individuo alto, blanco, con barba, un arete en su oreja izquierda. Hay quienes dicen que tiene una especie de tatuaje al inicio de su cuello. El pistolero aparece con buzo azul y blanco a rayas y gorra negra. Igual atuendo usó el otro atacante que se ubicó unos 10 metros atrás suyo.
Las imágenes muestran a ambos disparando a sangre fría contra sus objetivos y evidencian dominio de armas de grueso calibre.
Los pistoleros escaparon en motocicletas cuyos conductores los esperaban en las cercanías, según imágenes captadas por cámaras se seguridad.
Se desconoce si la divulgación de tales imágenes ayudó a los investigadores responsables del caso a identificar a los atacantes, a determinar si son nacionales o si son extranjeros, y siendo este el caso, si abandonaron el país. Esa hipótesis no se descartó al inicio de las pesquisas.
“La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a los cuatro sujetos que se aprecian en las fotografías, ya que figuran como sospechosos del doble homicidio ocurrido esta mañana en Escazú y donde resultó herido por arma de fuego un menor de edad”, sostuvo en aquel momento el OIJ.
La DIS aseguró que, desde el 12 de enero, remitió dos informes al Ministerio Público y pidió la expulsión, por sus sospechosas actividades, de los hermanos Elías Akl y de su hermano Ziad Akl, quien intentó abandonar precipitadamente el país la tarde del lunes del tiroteo por el aeropuerto Santamaría. A Ziad, un juez le impuso seis meses de prisión preventiva bajo cuatro cargos que enfrenta, según el Ministerio Público.
La Fiscalía confirmó a PuroPeriodismo la recepción de los informes de la DIS pero los declaró, en aquel momento, bajo la confidencialidad de causa judicial, según la portavoz Vargas Vindas, de la Fiscalía.
“La Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada confirmó que esos informes forman parte de una investigación que se encuentra en la etapa preparatoria del proceso, la cual es privada según el artículo 295 del Código Procesal Penal, sobre la privacidad de las actuaciones. No se referirán detalles que, sin lugar a dudas, pondrán en riesgo el proceso penal”, dijo Vargas. “Es necesario recordar que los informes de la DIS son únicamente informativos y no se judicializan, es decir, con el insumo aportado (informes), se trabajan con la policía en la recolección de pruebas”, agregó.
Seguridad con plazo
En medio de la conmoción e indignación pública que desató este suceso, el presidente Luis Guillermo Solís convocó a un consejo de seguridad extraordinario y le fijo al Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, un plazo de 30 días, que venció este domingo, para que respondiera con acciones frente a la escalada delictiva.
“Estamos dando una lucha día y noche contra el crimen organizado. Hay resultados, pero el reto es muy grande y debemos trabajar aún más fuerte. Unidos y organizados sí podemos enfrentar al narcotráfico. Costa Rica puede hacerlo, y lo haremos”, sostuvo el presidente Solís en un mensaje al país.
Costa Rica cerró 2016 con una cifra récord de homicidios: 577; 40% de ellos atribuidos por el Fiscal General, Jorge Chavarria a “ajustes de cuentas” entre bandas narcos, según dijo en una reciente entrevista con el periodista Edgar Fonseca. El país ocupa el puesto 12 en Latinoamérica en tasa de homicidios, con 11,8 por cada 100 mil habitantes, cifra catalogada por la Organización Mundial de la Salud como “epidemia”.
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Las promesas de Solís ante la escalada de violencia
El presidente Solís anunció el miércoles 17, tras el consejo de seguridad extraordinario, 10 medidas tendientes a contener la escalada delictiva.
“Revisaremos y agilizaremos procedimientos para expulsar a personas extranjeras vinculadas a actividades delictivas, siempre apegados al debido proceso y a la Ley de Migración. No podemos permitir que ciudadanos de otros países vinculados con redes criminales sigan desarrollando aquí sus actividades, aprovechándose de nuestro Estado de Derecho”, dijo.
Otras acciones
- Intensificar el control y rigor en la tenencia de armas e impulsar la prohibición para importar municiones de armas pesadas.
- Incrementar los operativos policiales en carreteras. También reforzar las operaciones policiales tanto contra las grandes redes, como contra el narcomenudeo en todo el país.
- Ampliar la cooperación policial con las marinas de Francia y Holanda, para potenciar el control en el Mar Caribe.
- Analizar de manera detallada y responsable el tema de los combustibles subsidiados, en coordinación con el sector pesquero.
- Ampliar a todas las cabeceras de provincia proyectos preventivos piloto, orientados a jóvenes en riesgo social.
- Fortalecer la coordinación con el Poder Judicial, para mejorar los resultados en el combate del crimen organizado, incluyendo el intercambio de información de inteligencia.
