Edgar Fonseca Monge, editor PuroPeriodismo.com
La Corte Suprema de Justicia, sometida a fuerte presión pública, estaría lista a negociar con el Poder Legislativo recortes a su cuestionado régimen de pensiones, según lo hizo saber ayer el magistrado presidente Carlos Chinchilla Sandí en una comparecencia ante una comisión del congreso que analiza una profunda reforma a dicho sistema.
“Nuestro compromiso es respetar todos los parámetros que surjan del estudio actuarial matemático”, aceptó el magistrado Chinchilla ante los diputados de la comisión al referirse al quinto informe actuarial de la Universidad de Costa Rica que propone importantes cambios al régimen de pensiones judiciales.
La Corte estaría dispuesta a aceptar cambios en variables como el aumento de edad de retiro, tiempo de servicio, tope y contribución solidaria, informó el Poder Judicial.
La posición expuesta por el magistrado Chinchilla, recién electo presidente de la Corte, supone un viraje desde el Poder Judicial por los criticados privilegios del régimen y bajo presiones de sus organizaciones sindicales internas que amenazan con paralizar actividades.
Adriana Orocú, dirigente sindical judicial de la Asociación Costarricense de la Judicatura dijo en Facebook que coinciden con la posición del magistrado Chinchilla. “Coincide con la posición del proyecto de gremios en puntos como tope, aportación solidaria a partir del tope y exclusión de los depósitos en abandono como parte de las reservas del fondo”, dijo.
Las críticas al régimen judicial arreciaron en las últimas semanas tras revelarse que la anterior presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, se jubiló el 13 de mayo, luego de más de 40 años de servicio, con una pensión de ¢9.8 millones (monto bruto), que se reduce a ¢6.9 millones por deducciones, según confirmaron fuentes judiciales oficiales.
Los principales cambios al régimen judicial de pensiones que plantea el quinto informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR son:
* elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años
* subir la contribución al sistema por parte de los empleados judiciales y de los pensionados, del 11% al 15% del salario o beneficio que reciben
* creación de un tope de ¢4 millones y una contribución solidaria para las pensiones que hoy superan dicho monto, es decir 110 casos, según detalló La Nación el pasado dos de junio.
El magistrado Chinchilla no entró en detalles de los cambios que aceptarían en cada rubro pero, según informó el Poder Judicial, destacó ante los diputados “la seriedad e independencia del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), en la ejecución de cada etapa del estudio actuarial que realizan al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, cuyo informe final está previsto a entregarse el 30 de junio próximo”.
El magistrado Chinchilla confía “en las decisiones que tome la Asamblea Legislativa, para fortalecer el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a través de criterios técnicos actuariales”, informó el Poder Judicial.
“Nuestro compromiso es respetar todos los parámetros que surjan del estudio actuarial matemático. En esta quinta entrega ellos identifican la posibilidad de unos parámetros, que son los que brindarían un sí a la sostenibilidad del régimen de pensiones y jubilaciones, donde no vamos a utilizar un solo cinco del erario público, ni de nuestros ciudadanos costarricenses, va a ser sostenible por sí mismo”, dijo Chinchilla Sandí ante los diputados.
Redestinar los depósitos en abandono
Sobre la incorporación, dentro de las proyecciones de incluir ¢12.833 millones, procedentes de recursos de los depósitos e intereses devengados de procesos en abandono, se aclaró de manera enfática que estos dineros no afectan en forma significativa el balance de los escenarios propuestos en el Producto 5 y por lo que se puede prescindir de éstos. Chinchilla dijo que no se oponen a que esos fondos se destinen al régimen no contributivo, informó el Poder Judicial.
“El Fondo del Poder Judicial puede prescindir de estos recursos en abandono y mediante reformas puntuales propuestas por la UCR, propiciar la solvencia actuarial del régimen”, dijo el magistrado Chinchilla en el congreso.
A Chinchilla lo acompañaron el magistrado Celso Gamboa Sánchez, el integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, Director de Gestión Humana, José Luis Bermúdez Obando, Roger Mata Brenes y Laura Chaves Lavagni del Despacho de la Presidencia y de la Dirección Ejecutiva, Miguel Gutiérrez Fernández.
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Lista de pensiones más altas protegida
Son 132 las pensiones y jubilaciones vigentes mayores a ¢4 millones y ¢5 millones en el cuestionado régimen del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia no revela el listado por razones legales.
“Los datos individuales de las personas están amparados por la Ley de Protección de Datos”, respondió la periodista Sandra Castro, portavoz de la Corte Suprema de Justicia a consultas de PuroPeriodismo.com.
La gestión fue hecha por el periodista Edgar Fonseca el pasado 18 de mayo y la vocero del Poder Judicial respondió el 31 de mayo.
A dicha lista se suman las jubilaciones y pensiones superiores a ¢3 millones que –según el registro de mayo– suman 368, 10% de los 3744 beneficiarios.
Se hizo la petición en medio de la ola de críticas al trascender la jubilación de la expresidenta de la Corte, exmagistrada Zarela Villanueva, quien se retiró el 13 de mayo, tras más de 40 años de servicio, con una pensión fijada en ¢9.851.264.68. (monto bruto) el cual, según la vocero Castro, se reduce a ¢6.935.472 por deducciones.
