Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
La Corte Suprema de Justicia defendió ayer, en choque directo con el frente gremial interno, el control de la administración del cuestionado Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
“El Poder Judicial está abierto a que se emprendan modificaciones en la administración del Fondo para una integración bipartita pero sin que esto represente un costo adicional para el personal judicial activo, jubilado y pensionado ni el Estado. Lo que se lograría únicamente si la administración permanece dentro del Poder Judicial”, advirtió un mensaje del Poder Judicial divulgado ayer.
Además chocó con el frente gremial que propone el pago de dietas o rubros adicionales. “Para esta administración no es necesario el pago de dietas o rubros adicionales como se propone en el proyecto gremial, lo que sí significaría un costo para toda la clase trabajadora activa y jubilada. Esta situación sí ocurre en otros regímenes y no es conveniente que esa práctica se implemente en el judicial”, sostuvo el pronunciamiento del ente judicial.
Un informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, determinó que el déficit actuarial del régimen “sería de entre ¢1,8 billones en el supuesto más optimista, y ¢8 billones en la proyección más pesimista. Dicho monto significa entre 5% y el 25% de la producción de Costa Rica este año”, informó La Nación el 11 de mayo.
“En el escenario base más cercano a la realidad –según dicho medio– el sistema reporta un faltante de recursos que oscila entre ¢3,88 billones y ¢5,36 billones”.
A marzo anterior, el fondo de pensiones del Poder Judicial reportó una reserva de ¢444.684 millones, de acuerdo con estados financieros del régimen. El fondo tiene 3.703 pensionados y 12.722 trabajadores activos, agregó el diario.
Las críticas al régimen judicial arreciaron en las últimas semanas tras revelarse que la anterior presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, se jubiló el 13 de mayo, luego de más de 40 años de servicio, con una pensión de ¢9.8 millones (monto bruto), que se reduce a ¢6.9 millones por deducciones, según confirmaron fuentes judiciales oficiales.
En la Asamblea Legislativa se analizan cambios profundos a dicho régimen cuestionado por sus particulares privilegios. Los principales cambios al régimen judicial de pensiones que planteó el quinto informe del IICE de la UCR son:
* elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años
* subir la contribución al sistema por parte de los empleados judiciales y de los pensionados, del 11% al 15% del salario o beneficio que reciben
* creación de un tope de ¢4 millones y una contribución solidaria para las pensiones que hoy superan dicho monto, es decir 110 casos.
Corte defiende su control
La actual administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, mediante sus órganos especializados en finanzas, mercado bursátil y contabilidad, garantiza el incremento de los rendimientos de las inversiones y la disminución del riesgo de pérdidas, sostuvo el Poder Judicial ayer.
Con estas acciones –agregó– se brinda seguridad a las personas trabajadoras que cotizan para el régimen y confianza a las personas retiradas que recibirán puntualmente su pensión, todo esto sin atender intereses particulares gremiales.
Para esta administración no es necesario el pago de dietas o rubros adicionales como se propone en el proyecto gremial, lo que sí significaría un costo para toda la clase trabajadora activa y jubilada. Esta situación sí ocurre en otros regímenes y no es conveniente que esa práctica se implemente en el judicial, alertó.
Según el Poder Judicial, “no resulta correcto comparar el rendimiento del Fondo de Jubilaciones y Pensiones con el de JUPEMA ya que parten de metodologías de cálculo distintas. Además, el régimen del Magisterio se encuentra en etapa de acumulación, lo que significa que, no tiene pago de jubilaciones importantes y todos sus ingresos se incorporan a la inversión, obteniendo ventajas adicionales en el proceso de generación de recursos”.
La estructura administrativa del Fondo, a cargo de la institución, cumple con las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, dadas en el 2012, en el tema de especialización de los profesionales a cargo, afirmó la institución judicial.
Además, dijo, se apega a las recomendaciones de la Auditoría Interna y se aplican como buenas prácticas, las que emite SUPEN.
“El Poder Judicial está abierto a que se emprendan modificaciones en la administración del Fondo para una integración bipartita pero sin que esto represente un costo adicional para el personal judicial activo, jubilado y pensionado ni el Estado. Lo que se lograría únicamente si la administración permanece dentro del Poder Judicial”, enfatizo el ente judicial.
Es decir, considerar una nueva estructura de administración separada del Poder Judicial implica un costo operativo al Fondo que lo terminarán costeando las personas trabajadoras como ocurre en otros regímenes como JUPEMA, añadió el Poder Judicial.
“Es irresponsable difundir mensajes entre la población judicial que se enfocan en cargar los costos operativos de administración del fondo a una simple expectativa de mayores ganancias sobre inversiones, como se ha dicho, cuando ello dependería de factores externos que están en constante cambio”, agregó.
De aprobarse el proyecto de gremios y SUPEN todos tendremos que hacerle frente a un costo por la administración sin lugar a dudas, alegó.
