Edgar Fonseca Monge, editor PuroPeriodismo.com
El anuncio oficial del plan de construcción del nuevo aeropuerto internacional metropolitano en Orotina, sector Pacífico, despegó ayer con un reconocimiento clave: el Estado no podrá asumir la totalidad de la inversión estimada en su fase inicial en $1.932 millones, y a un costo total de $2.974 millones, lo que obligará a explorar alianzas con el sector privado local o internacional.
La megaobra, anunciada, tras 20 años de promesas, queda sujeta a una alianza público-privada que “involucre el 100% del financiamiento con base en recursos que no provengan del Estado costarricense”, admitió la Presidencia.
“No creo que tengan ya definido el mecanismo de financiamiento. Eso sí -y tal vez es por experiencia- si acuden a la concesión probablemente sí se logrará hacer en un plazo más o menos definido”, reaccionó el veterano economista independiente, Jorge Corrales Quesada, tras el anuncio del gobierno.
Ayer fue presentado un estudio de emplazamiento, un plan maestro, un prediseño y una prefactibilidad financiera resultado del trabajo realizado tras la firma de un contrato, en mayo 2016, entre la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) y la firma británica especializada Mott MacDonald, compañía ganadora de una licitación pública internacional. Mott MacDonald contó con la colaboración de las empresas expertas Gensler Arquitects y FSA de Costa Rica, así también como EnRoute de España.
El estudio tuvo un costo de $1.8 millones.
El nuevo aeropuerto iniciaría operaciones 2027 con un tráfico de 7.8 millones de pasajeros, y generaría 80 mil empleos (directos, indirectos e inducidos) y aportaría al PIB $1.500 millones anuales, según la Presidencia.
El área del nuevo aeropuerto abarcaría las localidades de Mastate, Ceiba y Coyolar de Orotina.
“Costa Rica ya demostró que tiene la fuerza para romper paradigmas en materia de innovación, turismo, atracción de inversiones e infraestructura pública”, destacó el presidente Luis Guillermo Solís al hacer el anuncio, como “un primer paso”, y reconocer que el rezago en desarrollar dicha infraestructura es de 20 años.
Panamá, por ejemplo, está por concluir los trabajos de ampliación de la terminal II del aeropuerto internacional de Tocumen, a un costo aproximado de $900 millones. La obra está a cargo del gigante brasileño Odebrecht, involucrado en un escándalo mundial de sobornos a gobiernos, políticos e intermediarios, y que tiene abiertas causas judiciales en dicho país contra exfuncionarios y particulares. La ampliación estaría lista para inicios del año entrante y dejaría a Tocumen con 54 salas de abordaje. Por Tocumen pasaron en el primer trimestre de este año: 3.783.323 pasajeros, una alza de 4.7% respecto al mismo periodo del año anterior, según el diario La Prensa de Ciudad Panamá.
El proyecto del nuevo aeropuerto tico prevé obras de infraestructura vial y ferroviaria, ampliación de la ruta 27, ya colapsada, construcción del corredor de interconexión vial de Occidente, mejoramiento y mantenimiento de al menos seis rutas.
En su máximo desarrollo, el nuevo aeropuerto generaría 80 mil empleos directos, indirectos e inducidos, según el gobierno.
