Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
La Corte Suprema de Justicia declaró la tarde del jueves al menos 16 servicios esenciales que se deben prestar al público en medio de la abrupta declaratoria de huelga de los sindicatos judiciales en contra de la reforma a su cuestionado sistema de pensiones. Y desafió a los huelguistas a respetar un derecho humano, como es el servicio de la justicia. Advirtió que no se debe interrumpir el acceso de personas, empleados o usuarios, a los edificios judiciales.
- Levantamiento, práctica de autopsias y posterior entrega de cuerpos, así como los servicios del Complejo Médico Forense que impliquen atención urgente
- atención de denuncias
- solicitudes de imposición de una medida cautelar
- cese, sustitución o prórroga de medidas cautelares prontas a vencer
- atención de solicitudes de medidas de protección
- juicios con persona detenida, continuaciones de juicio, y asuntos prontos a prescribir, son parte de los servicios esenciales que deben prestar en las dependencias judiciales
La huelga generó un rechazo este jueves en las principales salas jurisdiccionales.
La Corte advirtió, además, que no se debe interrumpir el acceso a los edificios judiciales a raíz de incidentes presentados en las primeras horas del movimiento huelguístico.
“En vista de distintas situaciones que se han reportado en las últimas horas, los edificios han de permanecer abiertos en sus áreas de acceso público y en los horarios habituales. No se deberá impedir a las personas servidoras que así lo decidan, el cumplimiento de sus labores”, demandó la Corte.
“El Poder Judicial debe garantizar el servicio de administración de justicia en todo el país y la atención de las necesidades esenciales de las personas usuarias. La Fiscalía General de la República, Dirección del Organismo de Investigación Judicial y Dirección de la Defensa Pública asumieron el compromiso de garantizar la prestación de servicios esenciales durante el movimiento”, sostuvo el ente judicial.
“En el proceso de reforma al régimen jubilatorio se debe mantener el diálogo y la negociación entre la institución, las agrupaciones gremiales y la Asamblea Legislativa”, dijo la Corte enfrentada a la acción sindical mientras en la Asamblea Legislativa está en marcha una reforma profunda al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
La Sala Constitucional, la Sala Primera, la Sala Segunda y la Sala de Casación Penal anunciaron a lo largo de la mañana de este jueves que continuaban dando servicio ininterrumpido a los usuarios.
“La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia comunica a las personas usuarias y ciudadanía en general, que el servicio de administración de justicia se brinda con normalidad. Reciben documentos y consultas en la Secretaría ubicada en el primer piso del edificio Mira en Zapote: 300 metros Oeste de Casa Presidencial, confirmó esa dependencia.
La neurálgica Sala de Casación Penal también informó que brinda servicio con normalidad.
“Se reciben documentos y consultas en la Secretaría ubicada en el primer piso del edificio de la Corte. El horario de atención se mantiene de 7:30 am a 4:30 pm”, agregó.
También la Sala Primera comunicó la continuidad de los servicios. “El horario de atención se mantiene de manera ordinaria para la recepción de documentos y consultas en la Secretaría de Sala Primera ubicada en el primer piso de la Corte Suprema de Justicia.
El horario al público de 7:30 am a 12 mediodía y de 1: 00 p.m a 4: 30 pm”, añadió.
“El pleno de la Sala Constitucional dispuso mantener la continuidad del servicio público de la administración de justicia constitucional. Por lo que se le comunica a todos los usuarios y a la ciudadanía en general que seguirá funcionando normalmente”, informó la Sala IV.
Discusión en marcha
La huelga es una prueba de fuerza para el recién electo presidente de la Corte, magistrado Carlos Chinchilla Sandí, quien ha admitido la necesidad de reformas al sistema de pensiones y su disposición de dirimirlas en el ámbito legislativo. Las reformas se sustentan en cinco amplios informes actuariales del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica. Los principales cambios incluyen subir el periodo de derecho a la jubilación a los 65 años; conceder la pensión sobre un promedio de entre 72,5% y hasta el 85% del salario y no el 100%, como ocurre ahora, y subir del 11% al 15% la cotización de los trabajadores.
“El trámite legislativo no ha terminado y da paso a un trabajo conjunto sobre la base del informe técnico que sustenta la situación real del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de este Poder de la República”, sostuvo el Poder Judicial tras la intempestiva declaración sindical.
Se reitera el compromiso de la Presidencia de la Corte de procurar el diálogo respetuoso con los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa y las agrupaciones gremiales con el único objetivo de alcanzar una reforma a nuestro régimen que garantice el cumplimiento de las promesas y obligaciones con el menor impacto para nuestros servidores y servidoras.
La tarde del miércoles integrantes de Corte Plena se reunieron con representantes gremiales a quienes hicieron un llamado a mantener el servicio y minimizar afectación a las personas usuarias.
“El magistrado Jesús Ramírez Quirós, acompañado por sus homólogos Orlando Aguirre Gómez, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Luis Fernando Salazar Alvarado, Celso Gamboa Sánchez, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, y la magistrada Julia Varela Araya, urgió por mantener servicios esenciales para no impactar a las personas usuarias, que es la mayor preocupación de Corte Plena en las circunstancias actuales”, ratificó la Corte.
Los dirigentes gremiales prometieron mantener los servicios que garanticen la salud, la vida, la libertad y la seguridad de las personas, como la recepción de denuncias, levantamiento de cuerpos, audiencias con personas privadas de libertad, asuntos de violencia doméstica, servicio de patología, entre otros, enfatizaron que no deben paralizarse”, según el compromiso con los magistrados.
