Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
Luego de fracasar un intento de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por lograr poner fin a la huelga de empleados, el pleno de magistrados anunció que gestiona la declaratoria de ilegalidad del movimiento.
“Loa magistrados y las magistradas acordaron autorizar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, tramitar ante la Procuraduría General de la República el proceso para la declaratoria de ilegalidad de la huelga en el Poder Judicial”, sostuvo el ente judicial.
“Esta decisión se toma después de una amplia discusión en Corte y respalda la propuesta que solicité, partiendo de que el diálogo no se ha agotado, solicitando siempre que se deponga la huelga, porque hay que pensar en la ciudadanía costarricense, en las personas que necesitan del acceso a la justicia y de alguna forma se la hemos denegado”, dijo el magistrado Chinchilla.
Los frentes gremiales decretaron intempestivamente la semana anterior la paralización de actividades en rechazo a las reformas que se tramitan en la Asamblea Legislativa a su cuestionado régimen de pensiones.
La huelga se convierte en un pulso y abierto desafío a la gestión del magistrado Chinchilla, recién electo presidente de la Corte y quien ha reconocido la necesidad de avanzar con reformas al criticado régimen judicial de pensiones.
De nada vale actitud conciliatoria
El Poder Judicial destacó que pese a la actitud conciliatoria del magistrado Chinchilla de llamar al diálogo y al cese de de la huelga, no fue atendido por los dirigentes gremiales.
“Pese a la actitud conciliatoria de la Presidencia de la Corte y su apertura al diálogo y respeto, no fue posible llegar a un acuerdo que permitiera dar fin al movimiento de huelga en los servicios de administración de justicia”, destacó el poder Judicial.
Durante la la reunión de antenoche, el magistrado Chinchilla enfatizó el acuerdo tomado por la Comisión Legislativa Especial que tramita la reforma al régimen jubilatorio, de continuar el trabajo de cara a la construcción de un nuevo texto de ley, tomando como base el estudio técnico actuarial elaborado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), pero con la posibilidad de introducirle cambios.
Además propuso a los gremios, hacer una solicitud respetuosa a la comisión legislativa para que se integren equipos técnicos de la institución y los gremios, en las sesiones de trabajo para la construcción del texto de reforma al fondo jubilatorio.
En la cita de antenoche participaron en representación de los gremios, Juan Carlos Sebiani Serrano y Hermes Zamora Atencio de la ANPROJUD; Adriana Orocú Jiménez, de la ACOJUD; Ronald Segura Mena, de la Asociación de Fiscales y ExFiscales de Costa Rica; Ana Luis Messeguer Monge, de la Asociación Costarricense de Juezas; Rocío Jiménez, de la Asociación de Profesionales en Derecho, Rebeca Hidalgo, de la ANEJUD y Mauricio Valerio Araya, representante de la ASPROTECOFI, entre otros
Volver a la normalidad
El magistrado Chinchilla prevía presentarse este jueves por la tarde ante la Procuraduría para solicitar el inicio del proceso de declaratoria de ilegalidad de la huelga ante la jurisdicción laboral.
“Nuestra intención siempre ha sido que los servicios básicos esenciales no se paralicen”, dijo Chinchilla.
Ratificó el llamado a los gremios judiciales y a la población judicial en general, a que depongan la huelga.
“Con ello hacemos nuevamente efectivo el servicio de administración de justicia y podremos reincorporamos a la mesa de negociación en la comisión legislativa que tramita la reforma. Queremos participar en la misma, ser propositivos y con ideas amplias y desde un ámbito propio de respeto la potestad de la Asamblea Legislativa y el trámite de las leyes”, dijo el Presidente de la Corte.
Los magistrados y magistrada de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta L, Fernando Cruz Castro, Ronald Salazar Murillo, Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado y Yerma Campos Calvo se inhibieron por cuanto hay pendiente de resolver y conocer varios recursos de amparo presentados, donde se discuten las consecuencias de la huelga de los empleados y funcionarios judiciales.
