Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
La huelga a la que se lanzaron, de sopetón, los sindicalistas judiciales, se enmarca en esa saga de decisiones gremialistas, no importa el sector, en las que solo impera la defensa a ultranza de odiosos privilegios.
- Apilaron decenas de cuerpos, como insólita medida de presión, hasta que la ira pública los asustó pero una sindicalista dijo que el servicio” no es esencial”… vaya fragua humana la de esta nueva camarilla de dirigentes gremialistas.
Tras cinco profusos y fundamentados estudios del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, que recomiendan reformas necesarias al cuestionado fondo de pensiones jubilaciones, que, por un lado, lo equiparen con el resto de regímenes del sector público, y, por otro, le den oxigeno y viabilidad, los dirigentes se disparan a paralizar servicios.
Esperaban cualquier justificación para decretar el estado de huelga.
Y dejan al garete una serie de servicios judiciales fundamentales, sin preocuparles, por lo visto, la afectación de un derecho esencial como es el del acceso a la justicia, pronta y cumplida, como se los ha advertido el pleno de la Corte incómodo por la arbitrariedad de de su decisión.
Se trata, al mismo tiempo, de un pulso con el recién electo presidente de la Corte Suprema ese Justicia, quien no ha tenido reparos en reconocer ante la opinión que las reformas al régimen judicial son procedentes.
Los dirigentes defienden lo indefendible.
En pocas ocasiones ha estado la opinión pública más empapada, más enterada, más minuciosamente informada que en esta oportunidad, de los razonados cuestionamientos a un régimen de pensiones como el que a lo largo del tiempo se ha entronizado en el Poder Judicial.
Los gremialistas no parecen atender razones.
Probablemente no esperaban las conclusiones técnicas del ente universitario; probablemente no creían que iban a ser tan esclarecedoras de las amenazas a la sostenibilidad de su régimen, lo cierto es que se lanzan a torcerle el brazo al presidente de la Corte y a la Asamblea Legislativa.
Los dirigentes no parecen estar preocupados de las graves consecuencias en los trámites diarios de decenas de miles de ciudadanos en un poder que, además, arrastra un rezago extraordinario de un millón de casos.
Ni siquiera la particular sensibilidad de un servicio de dignidad humana esencial como el de las autopsias parece ser asunto de relevancia para estos dirigentes.
Lo que importa es la afectación, la alteración del servicio hasta que se ceda a sus exigencias. Esa es la “fuerza moral” que mueve hoy a estos y demás dirigentes gremialistas: salvar sus privilegios no importa el costo.
