Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
La Corte Suprema de Justicia y el Frente Gremial del Poder Judicial remitieron al Presidente Luis Guillermo Solís las que creen son las reformas que se deben discutir en la Asamblea Legislativa sobre su criticado régimen de pensiones judiciales tras la huelga que paralizó servicios por 13 días y generó gran repudio público.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Chinchilla y representantes gremiales sostuvieron la tarde del martes un encuentro con el Presidente Solís “para presentarle el contenido del proyecto de consenso acordado ayer lunes”.
Ese acuerdo logrado por el frente gremial judicial dividido con la cúpula de la Corte puso fin al movimiento huelguístico que generó fuerte censura en la opinión pública.
A la cita con el gobernante también acudieron el magistrado Orlando Aguirre y las magistradas Carmenmaría Escoto Vicepresidenta de la Corte y la magistrada Doris Arias quien preside la Sala de Casación Penal”, anunció el Poder Judicial.
Por el Poder Ejecutivo, además de Solís, estuvo presente la vicepresidenta Ana Helena Chacón y el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, entre otros jerarcas.
En el encuentro los representantes judiciales solicitaron al mandatario la desconvocatoria del proyecto de ley 19922 que, avalado por las principales fracciones desde la semana anterior, impulsa cambios profundos al criticado régimen de pensiones judiciales.
También las respaldaron los candidatos presidenciales de PLN y PAC, Antonio Álvarez y Carlos Alvarado.
Las reformas se basan en cinco informes actuariales del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas(IICE) de la Universidad de Costa Rica que el mismo presidente de la Corte ha reconocido como procedente respetar dado su fundamento técnico.
El frente gremial calificó de nefasto ese proyecto que sube la edad de retiro a 65 años, fija un tope de ¢4 millones las pensiones y sube la cotización de los trabajadores del 11 al 15%.
Cuestionamiento
La diputada del PLN, Sandra Piszk, integrante de la comisión que dictaminó el plan de reformas no tardó en criticar el que llamó plan “del Poder Judicial y el Frente Amplio”.
“Uno de los aspectos que cuestiono del texto presentado por el Poder Judicial y el Frente Amplio es la contenida en el Transitorio V, por cuanto, abriría una ventana para que después de los 18 meses de dimensionamiento de la ley, a quienes se encuentren a 10 años o menos de cumplir al menos uno de los requisitos jubilatorios establecidos en la ley actual, se puedan acoger a su jubilación si cumplen o con la edad (60 años mujeres, 62 años hombres) o con el tiempo de servicio (35 años) y, además con un porcentaje de pensión del 100% calculado sobre el promedio de los 120 últimos salarios (10 años) y sin tope, es decir, con condiciones más favorables y diferentes a las que regirían con la nueva reforma, protegiendo privilegios de un grupo en particular y creando desiguales entre los servidores judiciales. En definitiva, este transitorio V atenta contra la solvencia actuarial del Fondo y su sostenibilidad financiera a largo plazo”, advirtió la legisladora verdiblanco.
