Edgar Fonseca, editor PuroPeriodismo.com
Consciente de que abría otro flanco de controversia sobre gastos innecesarios en momentos en que alertó de iliquidez fiscal, el gobierno canceló un estudio de imagen de jerarcas públicos a un costo de ¢ 28 millones con fondos del BCIE-Unops para lo cual ya habían seleccionado una empresa ejecutora.
La empresa encargada de hacer los estudios, Indice S.A, concursó y fue seleccionada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), dijo la Presidencia.
Los recursos provenían del Convenio de Cooperación BCIE-UNOPS-Gobierno de la República, por $1 millón, los cuales –según el gobierno– han sido utilizados para realizar estudios preliminares del Tren Rápido de Personas, generar las plataformas necesarias para el proyecto de Gobierno Abierto, apoyar los procesos de ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), 25 encuentros de la Consulta Indígena en todo el país.
Otros $197.612 los han dedicado a campañas informativas para temas específicos como rutas alternas y avances del puente Alfredo González Flores, acciones para solucionar problemas de agua en comunidades guanacastecas, difusión de la Reforma Procesal Laboral y explicación del problema fiscal del país, dijo el gobierno.
Evitar suspicacia
El gobierno echó marcha atrás luego de trascender el contrato para estudio de imagen que desató fuerte censura política a escasas horas de que el presidente Luis Guillermo Solís anunciara que el Ejecutivo estaba a las puertas de no atender obligaciones básicas por “iliquidez”.
Las razones que dieron para cesar el contrato fueron “evitar suspicacias durante los próximos meses”.
Los ¢28 millones del convenio de cooperación no reembolsable con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE), los dedicarán a promover “la visitación turística en poblaciones afectadas por fenómenos naturales”.
A pesar de la decisión, el gobierno defiende como legítimo y necesario realizar este tipo de estudios. “Son una herramienta esencial para la correcta gestión de cualquier Gobierno democrático, pues permiten a la Administración identificar de manera precisa necesidades y prioridades de la ciudadanía, así como el impacto de decisiones y programas estatales y los mecanismos para responder de manera efectiva a las demandas de la población”, dijo la Presidencia.
“Ante el riesgo de que esta actividad legítima y necesaria se convierta en un punto de controversia y debates de carácter político-electoral, el Gobierno considera conveniente redirigir esos fondos a esfuerzos de promoción para reactivar la economía de comunidades que han sufrido el impacto de situaciones de emergencia”, agregó.
Negaron un presunto uso electoral de estudios de opinión contratados con los fondos del BCIE.
Finalmente la Presidencia señaló, sin ampliar a qué se refiere, que “a diferencia del pasado, los recursos financieros no reembolsables del BCIE están siendo usados con transparencia en proyectos sustantivos de beneficio para el país”.
Durante la administración Arias Sánchez, 2006-2010, hubo controversia por el uso de fondos de la misma procedencia.
