Edgar Fonseca, editor
La decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Carlos Chinchilla, de pedir la separación del Fiscal General, Jorge Chavarría, y de la Fiscal adjunta del conocimiento de los casos relacionados con el escándalo del “cementazo” aviva un cisma sin precedentes en el Poder Judicial convulsionado este año por la polémica del magistrado Celso Gamboa, en dicho caso, y por los cuestionados privilegios de su sistema de pensiones.
Con 14 magistrados a favor y 6 en contra, Corte Plena resolvió la noche del miércoles separar a Chavarría de la atención de dichos casos, lo que evidencia un choque en el máximo cuerpo de jueces del país sobre la eventual permanencia del Fiscal en su puesto.
La votación ratificó el cuestionamiento del magistrado Chinchilla al Fiscal General, el cual deberá dilucidarse en el Tribunal de la Inspección Judicial.
Votaron a favor de separarlo del conocimiento de los casos los magistrados Carlos Chinchilla, Carmemaría Escoto, Julia Varela, Porfirio Sánchez, Jesús Ramírez, Doris Arias, Ernesto Jinesta, Fernando Castillo, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar Alvarado y los suplentes: Marco Allón Zúñiga, Héctor Blanco González, Ronald Cortes Coto y José Paulino Hernández Gutiérrez, confirmó Sandra Castro, portavoz del Poder Judicial.
Se inclinaron por separarlo por tres meses de sus funciones los magistrados Román Solís, Iris Rojas, William Molinari, Fernando Cruz, Nancy Hernández y la suplente Maribel Seing Murillo, añadió Castro.
La mayoría de magistrados se inclinó por separarlo únicamente de la atención de los casos en que han trascendido que hubo al menos 792 contactos telefónicos, entre otros, de los diputados Víctor Morales Zapata, uno de los principales operadores políticos del Presidente Luis Guillermo Solís, y Otto Guevara, diputado y candidato presidencial del Movimiento Libertario, en cuestionadas gestiones para reformar un reglamento a la importación de cemento chino al país.
Contra ambos la Sala de Casación Penal desestimó una causa por supuesto tráfico de influencias y el presidente de la Corte investiga si se indujo a error a la Sala por parte de la Fiscalía al omitir un informe de los contactos telefónicos de los diputados con el empresario Juan Carlos Bolaños, en el epicentro del escándalo.
El informe lo reveló el OIJ el 2 de octubre y fue divulgado esta semana por el Semanario Universidad.
La Fiscal general adjunta, Berenice Smith, quien hizo la solicitud de desestimación de la causa contra los diputados renunció a su cargo en las últimas horas.
Las repercusiones de este caso, que se convirtió en el peor escándalo de transparencia del gobierno Solís Rivera, se propagaron al Poder Judicial al denunciarse una supuesta relación del magistrado Gamboa con el empresario Juan Carlos Bolaños en el epicentro del escándalo.
Una comisión legislativa investiga los trámites de dos créditos por $30 millones otorgados por el Banco de Costa Rica a la empresa Sinocem vinculada al empresario Bolaños. El presidente Solís, quien admitió en una comparecencia ante los diputados investigadores haber recibido al cuestionado empresario en Casa Presidencial, como parte de siete encuentros que tuvo en las dependencias oficiales, presionó la salida de los directivos. Además, negó cualquier favoritismo al empresario.
Hay una causa disciplinaria abierta contra el magistrado Gamboa quien niega cualquier actuación anomalía de su parte.
Y ahora está por dirimirse la separación del Fiscal Chavarría quien ha sido objeto de intensos cuestionamientos públicos por su manejo de los casos tramitados en conexión con dicho caso pero niega cualquier actuación antitética de su parte. Chaval´ìa dijo a la prensa que actúa conforme a la ley y la Constitución.
Fuerte cuestionamiento
La votación de los magistrados sobre separar al Fiscal Chavarría coincidió con un duro pronunciamiento del diputado y fundador del PAC, Ottón Solís, quien lidera las investigaciones legislativas del “cementazo”.
“Esta es la hora de la verdad para la presidencia de la Corte y para los otros magistrados y magistradas. Si actúan guiados por amiguismos y mal entendidas lealtades personales o grupales estarían ellos mismos y ellas mismas convirtiéndose en aliados y promotores de la corrupción”, advirtió Solís mientras se dilucidaba la votación en Corte Plena.
“No tengo aprensiones –agregó–sobre la entereza de un buen número de magistrados y magistradas. Sobre otros, las dudas se acrecientan”.
“El magistrado presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, tiene una especial obligación de mostrar que discierne la magnitud de sus responsabilidades con el Poder Judicial y con el país. Es su oportunidad de enterrar cualquier duda sobre su comportamiento; sobre todo porque jugó un papel protagónico en la decisión de la Sala III de recomendar la desestimación de la causa contra los políticos”, enfatizó Solís.
“El Magistrado Chinchilla y el resto de la Corte Plena tienen que comprender que de personas en sus cargos se esperan y se necesitan estándares éticos muy superiores a los del resto de la sociedad. Por ello disfrutan de estabilidad en el puesto prácticamente garantizada de por vida, así como de remuneraciones y de otros privilegios muy superiores a las del resto de la sociedad”, insistió el beligerante legislador gobiernista.
“Si en los casos del Fiscal Jorge Chavarría (y algún otro jerarca del Ministerio Público) y en el caso del magistrado Celso Gamboa, los magistrados y magistradas no muestran comprensión o discernimiento de esas exigencias éticas superiores, le habrían fallado atrozmente al país y a nuestra institucionalidad democrática”, advirtió.
“Aquellos magistrados y magistradas cuyas actuaciones sean gobernadas por lealtades políticas o por amiguismos o aquellos que tengan como objetivo vivir en buenos términos con todos sus compañeros y compañeras, deberían considerar su renuncia para que se dediquen a otras actividades donde hagan menos daño al país”, dijo.
“Magistrados y magistrados, presidencia de la Corte: aprovechen esta oportunidad para mostrar de qué madera ética están hechos y hechas y el carácter que les asiste en sus actuaciones. Pero, sobre todo, protejan al Sistema de Justicia y a Costa Rica de los tentáculos de la corrupción”, demandó.
Demandan investigar
La Asociación Costarricense de Fiscales calificó de “graves publicaciones de la prensa nacional tanto el día de hoy como en las semanas recientes” y anunció : “Apoyamos las acciones tomadas por la Presidencia de la Corte para la investigación de estas graves denuncias de la prensa.
“Instamos a todos aquellos fiscales o personal de apoyo del Ministerio Público, que conozcan hechos que consideran deben ser en conocimiento de la Inspección Judicial procedan sin temor alguno a denunciar”, sostuvo el conglomerado de fiscales.
Además, anunciaron que: “apoyará a todos aquellos compañeros de la Institución que procedan a denunciar hechos que consideren deban ser investigados y que no permitiremos que los funcionarios del Ministerio Público que denuncien actos que podrían involucrar la existencia de corrupción, sean perseguidos a raíz de estas denuncias”.
