Edgar Fonseca, editor
La decisión de la Asamblea Legislativa de aprobar reformas sustanciales al cuestionado régimen de pensiones del Poder Judicial, puso en tensión al Frente Gremial institucional que anunció que recurrirá la constitucionalidad de lo acordado.
“Que no celebren mucho”, advirtió el Frente Gremial judicial que sostiene que la reforma aprobada va en contra de un acuerdo entre sindicatos y la presidencia de la Corte que puso fin, el 31 de julio, a una huelga de 13 días, que desato la indignación pública cuando los sindicalistas impidieron retirar 35 cuerpos del complejo médico forense en San Joaquín de Flores.
“La lucha se traslada a las instancias judiciales”, insistieron ayer los sindicatos.
Hasta anoche no había trascendido reacción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Carlos Chinchilla, quien logró poner fin a la huelga en julio, al concertar un acuerdo con el frente sindical para negociar en la Asamblea Legislativa.
Tope de ¢4 millones
Entre otras reformas, la Asamblea aprobó ayer un tope de ¢4 millones a las controversiales pensiones de lujo judiciales.
La aprobación, con 31 votos a favor y siete en contra, culminó una tensa negociación de los últimos meses que llevó en julio a los empleados judiciales a una huelga de servicios en medio de fuertes críticas públicas.
El segundo debate para esta reforma se fijó para el seis de noviembre.
La controversia por los privilegios de dicho régimen de pensiones creció tras otorgársele el 11 de mayo una pensión de ¢9,8 millones, ¢6.9 millones con deducciones, a la saliente presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva.
Con dicho monto –según informó La Nación en ese momento– “la exmagistrada de 64 años se sumó a la lista de 50 exfuncionarios del Poder Judicial que devengan una pensión superior a los ¢5 millones”.
Según dicho diario, el Poder Judicial tiene 3.013 jubilados activos, de los cuales: 52% reciben un montón inferior a ¢1 millón, 19% (más de ¢1 millón), 13% (¢2 millones), 12% (¢3 millones), 2% (¢4 millones) y 2% (¢5 millones o más). Y hay 731 pensionados activos, los cuales corresponden a pensiones heredadas por el jubilado judicial después de su fallecimiento.
La polémica de las pensiones marcó un año de convulsión para la Corte Suprema de Justicia al trascender el escándalo del “cementazo”que provocó la suspensión del magistrado Celso Gamboa y del Fiscal General, Jorge Chavarría. Ambos fueron separados de sus funciones por tres meses con goce de salario.
Gamboa es investigado por el Tribunal de la Inspección Judicial, por una alegada relación con el empresario importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, en el epicentro del escándalo.
A Chavarría, un veterano servidor judicial, con 40 años de trayectoria, le cuestionan en la misma instancia decisiones judiciales relacionadas con diputados vinculados al escándalo.
El “cementazo” estalló al trascender múltiples gestiones del empresario en las esferas de Casa Presidencial y otras oficiales. Bolaños dijo a los diputados de una comisión investigadora que tuvo siete encuentros en Casa Presidencial, uno de ellos con el presidente Luis Guillermo Solís.
Solís confirmó bajo juramento ante los diputados de la comisión que atendió al empresario pero negó favoritismos.
En este convulso contexto avanzó la negociación para la reforma de las pensiones judiciales con el apoyo de estudios del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR.
Ayer la Corte anunció medidas urgentes, en medio del escándalo, para regular la designación de magistrados y de Fiscal General y los procedimientos disciplinarios cuando se presenten incidentes como los más recientes.
Largo camino
La diputada Sandra Piszk, PLN, quien lideró las negociaciones legislativas de la reforma al cuestionado régimen de pensiones del Poder Judicial, y enfrentó severos ataques de los sindicatos judiciales, destacó los logros de la reforma aprobada.
“Ha sido un largo camino”, dijo Piszk.
“Se logra mayor sostenibilidad del régimen con una deuda actuarial de más ¢5 mil millones”, enfatizó.
Y se logra mayor equidad con el tope a las pensiones de lujo, que serán financiadas con una contribución solidaria de entre 35% y 55%, no confiscatoria, a las superiores de ¢4 millones.
Entre otras disposiciones aprobadas :
–la cuota obrera pasa de 11% a 13%
–la edad de pensión de los empleados judiciales sube a 65 años
–la edad de pensión anticipada pasa a 60 años en el caso de las mujeres y 62 años en el caso de los hombres
–el derecho a pensión lo adquiere el empleado con 35 años de servicio, no a los 30 como ocurre ahora.
No la aceptan
El Frente Gremial judicial atacó el proyecto aprobado. Anunció que interpondrá consulta de constitucionalidad, ya que alegan violaciones a sus derechos y en la aprobación.
El colectivo gremial califica de “abrupta e inconstitucional” la aprobación legislativa.
Cuestionan que se eleve la cotización obrera de 11% al 13%.
Rechazan que se eleve la edad de retiro.
Sostienen que se pone en riesgo la independencia judicial con una reforma que requería de 38 votos para su aprobación.
Atacaron a los diputados Abelino Esquivel, Renovación, Johnny Leiva, Rosibel Ramos del PUSC y Natalia Díaz, del Libertario, por ser promotores de la reforma aprobada. “Ella busca liquidar nuestro fondo de pensiones”, dicen al exhibir una foto de la diputada Díaz. Igual ataque lanzaron a la diputada Marcela Guerrero.
El Frente Gremial dice contar con las firmas de 12 legisladores para la correspondiente consulta de constitucionalidad.
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