* Tras filtrarse públicamente copia de documento ligado a pago de boletos aéreos de magistrado y empresario en escándalo del “cementazo”, Tribunal de la Inspección Judicial advierte de confidencialidad de causas
Edgar Fonseca, editor
En medio de los polémicos casos de las suspensiones del magistrado Celso Gamboa y del Fiscal General, Jorge Chavarría, el Poder Judicial ratificó el secreto de los procedimientos administrativos que se siguen.
“No por ello dichos procedimientos son menos públicos que los procesos penales por delitos de acción pública, (en los cuales, dependiendo del momento procesal, la publicidad puede ser la regla), pues como se ha dicho, la tramitación privada de los procedimientos administrativos sancionatorios, es solo transitoria”, sostuvo Siria Carmona *, presidenta del Tribunal de la Inspección Judicial que conoce los casos de Gamboa y Chavarría.
“Lejos de constituir un estamento de impunidad, responde al deseo del legislador, evitando la afectación de prueba esencial que pueda dar al traste con el procedimiento en sí”, agregó Carmona.
Confidencialidad es temporal
Sin embargo, Carmona reconoció que la confidencialidad de los casos, es temporal, cesa una vez dictado el acto final. “Una vez emitido el acto final, dicho ámbito de protección desaparece, dando pie a la más amplia publicidad”, consignó la jerarca en un comunicado divulgado por el Poder Judicial este viernes.
“El velo protector creado por la legislación es sólo transitorio, asegurando así, más que el derecho a la intimidad del investigado, la obtención de la verdad real, pues se evita la fuga anticipada de información base, en salvaguarda de las averiguaciones administrativas en curso”, insistió la presidenta del Tribunal de Inspección.
Carmona fijó su posición tras filtrarse públicamente esta semana copia de un documento de una línea aérea que supuestamente evidencia que los boletos aéreos de un viaje del magistrado Gamboa y el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, a Panamá en octubre del año pasado, fueron pagados con la misma tarjeta de crédito. El documento presuntamente había sido aportado al proceso de la Inspección.
Tanto el magistrado Gamboa, suspendido la noche del miércoles por Corte Plena, por tres meses de sus funciones, cuestionado por una alegada relación con dicho empresario, como el Fiscal Chavarría, suspendido una semana antes por el mismo periodo de tiempo, para investigar decisiones suyas en el denominado caso del “cementazo”, tienen procesos internos abiertos en el Tribunal de la Inspección Judicial. Pero se tramitan bajo estricta reserva.
Gamboa enfrenta, además, una investigación de la Fiscalía por al menos cuatro supuestos delitos, por lo que su despacho, en el sétimo piso del edificio de la Corte Suprema de Justicia, fue allanado la tarde y noche del jueves.
La Fiscalía le atribuye los posibles delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho, sin perjuicio de que, conforme avance el caso, se puedan recalificar los delitos.
La funcionaria Carmona destacó que el Procedimiento Administrativo a cargo del Tribunal de Inspección Judicial “es un mecanismo dispuesto para la obtención de la verdad real en sede administrativa. Sus reglas tienen origen en derechos fundamentales, en el desarrollo de los principios “pro libértate y pro homine”, principios hermenéuticos dispuestos para la debida aplicación de los derechos de la persona humana”.
Siria Carmona, presidenta Tribunal de la Inspección Judicial. Foto Facebook.
Bajo debido proceso
Los principios esenciales bajo los cuales se rigen los casos, advirtió Carmona son:
* el debido proceso
*derecho de defensa
* la inmediación
* derecho de audiencia
* la imputación
* el contradictorio
* la bilateralidad
* y la presunción de inocencia
“La ampliación progresiva de los derechos fundamentales como parte del procedimiento administrativo sancionatorio, es parte del principio de Estado Democrático, entendido por los padres de la patria, al establecer las bases de nuestro Estado de Derecho. Ello sin embargo, no implica, que la Inspección Judicial y, menos aún, la Corte Suprema de Justicia, limiten en modo alguno su celo por la aplicación tajante de la legalidad y justicia, al valorar los hechos y aplicar las sanciones a sus funcionarios, cuando en derecho así corresponda”, concluyó la funcionaria.
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* Ver artículo completo: Necesario hermetismo en la tramitación del procedimiento administrativo sancionatorio, Siria Carmona, presidenta Tribunal de la Inspección Judicial.
