Edgar Fonseca, editor
El magistrado suspendido Celso Gamboa, investigado por la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias junto al alcalde de San José y excandidato presidencial, Johnny Araya, y a la ex fiscal subrogante, Beredice Smith, niega haber actuado de manera incorrecta en el caso que se le atribuye. Ratifica que el alcalde no era imputado por lo que su nombre fue omitido conforme a derecho de un informe oficial del Ministerio Público.
“Don Johnny no era imputado y así se consignó en un documento del Ministerio Público que aclaró el error conforme a la legalidad”, sostiene Gamboa, en su blog celsogamboa.com.
Defiende su actuación en dicho caso así como en la de otros dos alcaldes de Alajuela y San Carlos.
“La investigación de mi vida empieza a tomar matices infinitos, al punto que se me pide responder por actos ajenos, palabras y documentos ajenos, mediante la inversión de la carga de la prueba: “soy culpable salvo que logre aportar pruebas en contrario”, denuncia.
Operación control del “cementazo”
“Se me endosan actuaciones indebidas cuando ejercí como subjefe del Ministerio Público”, dice Gamboa quien integraba la neurálgica Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Fue suspendido por tres meses, el 18 de octubre, tras trascender una polémica relación suya con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, en el epicentro del escándalo, y hoy preso junto a seis ejecutivos del Banco de Costa Rica.
No todo ha salido a la luz
Según el magistrado Gamboa, en el escándalo que estalló en la cúpula de asesores principales del presidente Luis Guillermo Solís y se propagó a otros partidos y al Poder Judicial, no todo ha salido a la luz pública.
!Esto es “parte” de la operación control de los efectos del #cementazo, porque algo es claro, ni todo es lo que parece ser, ni a todos les sirve que los verdaderos responsables salgan a la luz”, advierte.
“Es lógico que nuevamente la relación con el tema de los créditos aquí es más que nula, sin embargo he reiterado hasta la saciedad que se me pide la renuncia o que me revoquen el nombramiento y me manden a la cárcel por asuntos en los que no tengo injerencia como lo es el nombramiento de Juntas Directivas, modificaciones de reglamentos, créditos bancarios, comercio internacional de cemento y felicitaciones por desembarcos”, amplía Gamboa.
“Pero como no sé de eso, entonces comparecí en el Parlamento por un viaje personal a Panamá, dar una dirección en el Poder Judicial y desestimar una causa, junto a otros cuatro magistrados, donde si quiera fui magistrado instructor”, agrega.
“La investigación de mi vida –dice– empieza a tomar matices infinitos, al punto que se me pide responder por actos ajenos, palabras y documentos ajenos, mediante la inversión de la carga de la prueba: “soy culpable salvo que logre aportar pruebas en contrario”.
Araya no era imputado
Gamboa insiste en que el alcalde Araya no era imputado y la certificación que se le emitió en la Fiscalía está a derecho.
Sobre el Alcalde Araya: en el sistema informático judicial de la fiscalía fue incluido su nombre en una causa que no figuraba y de ese dato equivocado surgió una noticia. Don Johnny no era imputado y así se consignó en un documento del Ministerio Público que aclaró el error conforme a la legalidad. Y de acuerdo a lo que reporta La Nación, pareciera que se corrigió la información tal como se hace con cualquier ciudadano mediante la actualización de la información, en cumplimiento de la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, dice el magistrado Gamboa.
Araya, quien fue candidato del PLN en las elecciones presidenciales de 12014 y se retiró para una segunda vuelta, volvió al partido en junio anterior y era una figura influyente en el comando para las elecciones 2018. Antenoche decidió separarse de la campaña del candidato Antonio Álvarez tras anunciar la Fiscalía la investigación en su contra.
Alcalde Thompson sin trato preferencial
El magistrado Gamboa niega trato preferencial al alcalde de Alajuela y candidato a diputado Roberto Thompson.
Sobre el Alcalde Thompson: como hecho notorio el alcalde de Alajuela fue arrestado en medio de una investigación por la comisión de un supuesto delito. El Ministerio Público solicitó información como normalmente lo hace conforme a los deberes, ya que de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público el Fiscal General ejerce la acción penal, delegada en los fiscales, por lo que es su obligación dar cuenta de cualquier caso de relevancia porque las decisiones de los inferiores pueden acarrear responsabilidad administrativa al jerarca. El señor Thompson no recibió ningún trato preferencial, de hecho estuvo detenido y se le suspendió de su cargo, añade Gamboa.
No se acuerda de llamada del alcalde de San Carlos
El magistrado Gamboa no recuerda que el alcalde Córdoba de San Carlos lo hubiese llamado por teléfono.
“No recuerdo haber recibido llamadas del alcalde de San Carlos durante el allanamiento a la municipalidad, sin embargo lo normal para casos como este es que la respuesta es que no tengo información que brindarle, que contacte a la fiscalía encargada por medio de su abogado”, dice Gamboa.
Me adelanto a contestar la pregunta obvia de cómo es que mi teléfono lo tienen tantas personas:ocupé diferentes posiciones en el Ejecutivo en dos administraciones y mi número está en manos de no pocas personas, entre ellos periodistas, dirigentes comunales, jefes policiales, parlamentarios, ministros de Estado, la misma Casa Presidencial.
Además, por la posición ocupada en el Ministerio Público, podría asegurar que mi teléfono tiene casi que característica de “número público” en la institución donde tantas veces coordinamos asuntos de día y de noche, cuando fuere necesario.
Seguiré aclarando todo lo que se me endose porque es mi única herramienta ante la campaña de mala fe, concluye Gamboa quien enfrenta cuatro causas internas por tales hechos en el Tribunal de la Inspección Judicial y cinco investigaciones penales.
