Edgar Fonseca, editor
La Fiscalía General de la República allanó ayer jueves las residencias de dos exdiputados Víctor Hugo Víquez, PLN, y Walter Céspedes, PUSC, y las oficinas de la Comisión Nacional de Emergencias al ampliar la búsqueda de pruebas contra los exlegisladores involucrados en una causa por supuesto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino preso junto a seis ejecutivos del Banco de Costa Rica.
Los allanamientos se dieron en medio de la pesquisas judicial del escándalo el “cementazo” que estalló entre los principales consejeros del presidente Luis Guillermo Solís, se propagó a otros partidos y al Poder Judicial, y derivó en un duro informe de parte de una comisión legislativa investigadora del caso contra el gobernante.
Bolaños, vinculado a la empresa importadora de cemento Sinocem, figura en el epicentro del escándalo. En sus gestiones relacionadas con la importación de cemento chino y la apertura del mercado de dicha industria en el país, sostuvo siete encuentros en Casa Presidencial, entre ellos uno con el propio presidente Solís. El mandatario niega favorecimientos hacia el empresario.
Tres allanamientos
Según informe oficial, la dispuesto tres allanamientos en las casas de dos exdiputados, ubicadas en Batán de Limón y en Heredia, y en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), en Pavas, con el objetivo de decomisar prueba para incorporarla en el expediente 17-82-1218-PE, por el presunto delito de tráfico de influencias. Los hechos investigados comprenden desde el 2007 a la actualidad.
En la causa –según el Ministerio Público— figuran como imputados los exlegisladores Víquez Chaverri y Céspedes Salazar, así como el empresario Bolaños Rojas.
“Los dos primeros, valiéndose de su puesto, entonces como diputados, intervinieron a favor de Juan Carlos Bolaños y de sus empresas, SINOCEM Costa Rica S.A. y Alquiler de Maquinaria S.A., ante Vanessa Rosales, quien para la época ocupaba el cargo de Presidenta de la CNE, para obtener beneficios patrimoniales y ventajas indebidas en la adjudicación de licitaciones, específicamente en tres de ellas: la carretera Bribri-Sixaola, el camino Ciudad Colón-El Rodeo de Mora y obras públicas en la comunidad de Nosara en razón de las inundaciones, esta última es la que se conoce el Dique de Nosara”, sostuvo la Fiscal General interina, Emilia Navas Aparicio, quien, como en otras acciones similares, dirigió los allanamientos, que ya suman 18.
Según Navas, preliminarmente, se investiga el presunto delito de tráfico de influencias, sin perjuicio de que, conforme avance la investigación, puedan existir otros tipos penales.
El allanamiento que más se extendió fue el de la Comisión Nacional de Emergencias, que concluyó a las 4:45 p.m. En los tres sitios se logró el decomiso de prueba documental e informática, la cual será analizada por peritos de la policía judicial e incorporada al expediente, dijo Tatiana Vargas portavoz de la Fiscalía General.
