Jorge Corrales Quesada, economista
No hay duda que la fuerte reacción del pueblo contra nuevos y mayores impuestos ha impactado la disposición que tenía el gobierno actual, de proponer un impuesto al valor agregado (IVA) del 15%, pues en la Asamblea Legislativa este no tuvo apoyo.
Lo que el Estado hace ahora es ligeramente diferente; en esencia, incluir más bienes y servicios gravados con el IVA, que anteriormente no lo estaban. A pesar de la angurria flagrante de este gobierno, incluso al meterle ese tributo a todos esos nuevos bienes y servicios -los que luego señalaré- simplemente no será posible que grave una serie de servicios, como los de capital, de trabajo, de renta de la tierra, etcétera, ni tampoco a otros más difíciles de controlar, como hacer el amor o respirar o tomar agua de un río, entre muchos más posibles en el imaginario fiscal.
Aun así, se comete o conserva un error técnico en lo referido a los IVAs, cual es tener dos tasas distintas para el universo impositivo. Se me dirá que ya existía, que había una tasa de cero para bienes y servicios exentos y otra del 13% para el resto; o sea, que había ya una tasa dual, pero, eso sigue con la propuesta, sólo que, de aceptarse esa argumentación, ahora tendría tres tasas: una de cero para los exentos, otra del 4% para algunos bienes y servicios y otra del 13% para la mayoría de bienes o servicios. Esto es, se incrementa la multiplicidad de tasas.
Lo conveniente
En todo caso, tal vez lo conveniente, desde el punto de vista de eficiencia tributaria, sea que haya una tasa única (naturalmente espero que nunca la puedan aplicar a casos extremos, como respirar, hacer el amor, tomar agua del río o sobre los factores de producción en general, por lo cual, de hecho, siempre habría dos tasas: la de cero para los exentos o sobre los “imposibles” y una única para el resto). Pero, lo que está en juego no es un gobierno que quiere lograr la eficiencia tributaria, sino ver cómo agarra más plata. Si buscara la eficiencia tributaria, se lograría con una tasa única y uniforme del 10% o 12% sobre todos los posiblemente gravables bienes y servicios (incluyendo los nuevos que se propone), en vez de la propuesta del 13% actual (y más con la del 15% que, por el momento, fue lanzada al basurero de la historia legislativa del país), de forma que la recaudación global de hoy más o menos se mantenga y no que se eleve. Esto es, que se incorporen al IVA todos los bienes y servicios factibles, pero a una tasa única más baja que la actual.
Pero, veamos lo que dice la nueva propuesta del gobierno (la información básica proviene de un artículo de La Nación del 10 de noviembre, titulado “Maquinaria, boletos aéreos y libros pagarían 4% de IVA: Nueva propuesta de reforma fiscal que impulsa el gobierno.”):
Con un gravamen del IVA del 4% (la nueva categoría impositiva):
(1) A los servicios privados de medicina, así como los de educación. Esto es interesante pues ya estos últimos estaban exentos y cabe reflexionar si la educación privada no le salva la tanda a la educación pública, al suplantar obvias ineficiencias e insuficiencias de esta última. Este castigo impositivo encarece la educación privada, lo que hace que disminuya su cantidad demandada, la que ahora se desviaría hacia la educación pública.
La existencia de servicios médicos privados en mucho es producto simplemente de una realidad ante los problemas del servicio médico universal, que ha hecho que muchos usuarios, con derecho a acudir a servicios en la Caja, prefieran hacerlo con médicos privados, tal vez por la certeza de que serán prontos, algo que en muchos casos es de vida o muerte. Un encarecimiento de los servicios médicos privados hará que, en el margen, los usuarios de esos servicios trasladen su demanda hacia los públicamente brindados. Y no me voy a meter aquí en lo que significaría ese aumento de demanda de los últimos, en un sistema que sabemos se encuentra en problemas para brindar el suministro que los ciudadanos esperan por sus cotizaciones obligadas.
(2) A los libros en todo formato. Se encarecen con el nuevo impuesto y, por fortuna, ante las grandes posibilidades que hay de lectura por medios electrónicos, afectaría básicamente a quienes brindan el servicio de la producción de libros físicos. Aquí hay algo interesante: esa lectura electrónica gratuita es generalmente de obras no muy recientes, y que, en algunos casos, son bastante anticuadas, al menos en campos técnicos. Con ello, el fuerte impacto del impuesto citado se vería en el caso de libros técnicos que sí se venden en el país.
(3) A la compra de empaques y embalajes y a las materias primas de las que se hacen esos, tales como maquinaria y equipo. Pero, se indica la excepción para el caso de exoneración expresa, como por ejemplo el régimen de zonas francas. El efecto recaería sobre la producción dirigida al mercado doméstico, encareciéndose respecto a la producción para el exterior. En el país se debería pensar, más bien, en ampliar los beneficios para los consumidores nacionales mediante una más profunda integración con el comercio global.
(4) A los tiquetes aéreos que salen de Costa Rica. Esto no me calza muy bien, pues, dado que, si lo es para no afectar el ingreso de turismo al país, sería válido sólo si el turista llegara con tiquetes de ida y vuelta, pero no si compra afuera el de ingreso y luego decide comprar el de salida en el país. No tengo idea de cuánto podía significar eso. Pero, la pretensión de que el tiquete de salida que se compra en el país, que incluye normalmente el viaje de ida y el de regreso, sea objeto del gravamen, va obviamente en contra del principio de libre movilidad. No obstante, incentivara que nacionales compren sólo el tiquete de salida en el país y el de regreso lo hagan en el país adónde fueron. Eso sería muy fácil de hacer en especial en viajes por motivos empresariales de empleados de firmas que tienen sedes en otros países. Y, afortunadamente, con las nuevas formas electrónicas de adquisición de boletos
(5) A los servicios agrícolas, como siembra, cosecha, recolección, fumigación, control mecánico y clínico de malezas, transporte y clasificación de productos; alquiler de terrenos, almacenaje y venta de servicios de producción agropecuaria. Es obvio que, en vez de gravar al bien final (el producto agrícola), se grava a los insumos, lo que eleva los costos de producción y el precio de venta, ocasionando un descenso en las ventas y consumo del bien final.
Con un gravamen del IVA del 13%:
(1) A las telecomunicaciones, la radio y la televisión, al igual que los servicios ligados a préstamos (caja fuerte y peritos). No sé sí es deseable que el estado los grave en una sociedad que se precia de la libertad de expresión, de prensa y de comunicación. No hay duda que pronto se derivará la pretensión de gravar a servicios hoy gratuitos, como los mensajes que cada uno de nosotros pone en la internet (no sé si el pago del servicio de la internet ya está gravado). Y llama la atención eso de servicios de cajas fuertes, que en mucho son brindados por bancos y por los que los consumidores tendrían que pagar más. Ante la inseguridad en que crecientemente vive la ciudadanía, se encarece el costo de prevenir la inseguridad que dan cajas fuertes más seguras.
(2) A los servicios que brindan los informáticos, los abogados, los gimnasios, los espectáculos, Netflix y Spotify. Lo que sucederá, al igual que muchos servicios que ahora se contratan de jardineros, plomeros, reparadores de techos, pintores, carpinteros, lavado de carros en los hogares, entre muchos otros (afortunadamente), es que la gente los contrate mediante el pago en efectivo. El problema radica en la capacidad que tenga el Leviatán de ejercer el control fiscal, que podría ser incluso tan costoso, como que para que se vaya lo comido por lo servido. (Nos dirán entonces: Lo que necesitamos es más plata para ejercer la vigilancia en cuanto al pago del impuesto hecho en efectivo por esos servicios.)
(3) A los alquileres superiores a los ₡425.000 mensuales, lo que incitaría a fraccionar los alquileres superiores a esa suma. Por ejemplo, un alquiler básico y, por aparte, un alquiler por instalaciones adyacentes.
(4) A la electricidad, que me parece, como dice el pueblo, que ¡eso es un crimen!, pues bien sabemos del alto costo que la electricidad en nuestro país (no sólo para usuarios finales, sino para empresas que la usan como insumo). De hecho, parece haber un claro componente fiscal en el precio actual de nuestra electricidad, al ser un precio fijado por el estado para proveedores monopólicos de su propiedad, lo que, a su vez, se refleja en el precio de servicios que dan otros pequeños productores privados.
(5) Al transporte, excluyendo al servicio público. Me olfateo que, con ello, el estado alegará que le cobrará un impuesto a Uber y a los piratas y no a los taxis oficiales, encareciendo a los primeros para beneficio de los últimos, que ahora tendrían menor competencia. En cuanto al transporte restante, no hay duda que tendrá un impacto sobre el costo de los productos, que será trasladado a los consumidores.
La fiera voraz abre sus fauces y el que trabaja, el que produce, el que lo hace sirviendo a los demás, más bien es castigado. Y el consumidor tendrá que pagar más para darle recursos al Estado, para que prosiga con un gasto que tiene sumamente molestos a los ciudadanos. Claro, al político en el poder lo que le interesa es gastar el dinero, en vez de que lo haga usted, pues creen que saben mejor que usted cómo debe gastar lo que tanto le cuesta a usted obtener con su esfuerzo. Una enorme arrogancia creer en esa presunta superioridad.
