Jorge Corrales Quesada, economista
Realmente irrita lo que La Nación informó en su edición del 22 de noviembre, bajo el encabezado “MEP deja perder dinero destinado a construcción de centros educativos: Contraloría revela ineficiente inversión de préstamo del BID.” De acuerdo con un informe reciente de la Contraloría, “El pago de dichas comisiones (castigos por inmovilización de fondos)” por un monto de casi mil millones de colones, “se ha realizado con recursos del préstamo de Fideicomiso que están disponibles para la construcción de las 103 obras de infraestructura.”
Tratemos de entender el asunto. Primero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo al país (al MEP) por la suma de $167.5 millones en noviembre del 2012 y el contrato se firmó a fines de enero del 2014. En marzo del 2103 se había aprobado el fideicomiso BID-MEP-Banco Nacional de Costa Rica en ese monto. Con el fideicomiso, el Banco Nacional administra esa plata y el MEP supervisa los proyectos.
Pasa el tiempo y esos fondos casi no se han utilizado en construir las obras para los que estaban destinados. Así, a fines de noviembre de aquel préstamo sólo se habían desembolsado $25.9 millones con un monto pendiente por desembolsar de $141.6 millones. Pero, por ese no desembolso de fondos hay que pagarle al BID por el atraso en la ejecución y consiguiente desembolso de los recursos, la suma de $2.8 millones; aproximadamente ₡1.000 millones, plata que incluso salió de esos fondos que se habrían usado en la construcción de nuevos centros educativos.
Están pagando por no hacer nada
O sea, se está pagando un montón de plata por no hacer las obras. El BID cobra por el no desembolso una comisión especial, porque tiene separados esos recursos y, por tanto, no los puede usar durante ese tiempo en préstamos a otros países o proyectos.
Dice el medio que, “según la Contraloría, al 30 de junio se había ejecutado un 9.12% (₡8.739 millones) del total de recursos.” En la actualidad de los 103 proyectos incluidos en dicho préstamo, sólo dos se han concluido, el liceo de Mata de Plátano y el rural de San Isidro de León Cortés, ambos en la provincia de San José, en tanto que se inició la construcción de la escuela Finca La Caja, en La Carpio, en la misma provincia. Los dos primeros centros educativos no tienen aún todo el mobiliario ni su manual de mantenimiento preventivo. O sea, aún no han sido entregados: un cero% terminado y entregado, de lo incluido en el proyecto total y todo esto en cinco años.
Según el informe referido de la Contraloría, “se determinó un atraso de dos años en la utilización de los fondos transferidos por el BID en el período 2014-2016.” A su vez, el MEP responsabiliza al Banco Nacional porque en dos años no constituyó la unidad ejecutora que se encargaría del proyecto, por lo que, en el decir del MEP, “no podían comenzar.” Una vez más observamos el típico pingpong de responsabilidades entre diferentes entes estatales.
Pero, el problema se ha empeorado, porque, de acuerdo con la Contraloría, “el dinero del fideicomiso no alcanzará para levantar todas las obras previstas,” en un estimado que oscila entre $57.8 y $67.2 millones de faltante de lo estimado en el financiamiento. Ante ello, dice el MEP que usará recursos propios de su Dirección de Infraestructura (DIEE), pero, esa fuente de fondos se vislumbra difícil de disponer, pues el presupuesto de las Juntas de Educación en áreas de mantenimiento y construcción de obras, se verá reducido en un 45% en el 2018.
Además, el fideicomiso BID-MEP-Banco Nacional vence en julio del 2018, pero la Contraloría dice que, para dicha fecha, sólo se podría -tal vez y ciertamente cada soy más escéptico acerca de la capacidad de hacer obras de parte del gobierno- entregar “sólo 25 de las 101 obras pendientes.” Sin duda que se va a requerir la ampliación del contrato con el BID, que, en palabras de la Contraloría “implica que el nuevo plazo otorgado para la ejecución de todas las obras será el 3 de julio de 2020.”
Ya se dan cuenta ustedes de por qué suelo encabezar muchos de mis comentarios bajo la muletilla “El Estado Ineficiente,” que actúa como si la plata sobrara en la economía. Obviamente, todos esos fondos los terminamos pagando todos los ciudadanos, pero más duele al tener que pagar por no usarla en el tiempo debido y ser dejada en un banco, por la ineficiencia del estado. Y, por supuesto, eso lo pagaremos con más impuestos.
