Edgar Fonseca, editor
El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó ayer lunes ampliar por tres meses la suspensión de sus funciones al magistrado Celso Gamboa, involucrado en el mayor escándalo público de tiempos recientes el “cementazo”.
Una fuente fidedigna de Corte Plena confirmó la decisión a las 6:03 p.m. La suspensión se extiende hasta el 19 de abril.
“Acabamos de imponer tres meses más de suspensión a don Celso”, dijo la fuente.
La fuente añadió que la ampliación de la suspensión la basaron en una causa que tramita contra Gamboa la magistrada Nancy Hernández
A las 6:19 p.m., Sandra Castro, portavoz oficial de la Corte, ratificó en un mensaje WhatsApp la “medida cautelar” dispuesta por los magistrados contra Gamboa que rige a partir del 19 de enero.
“Esta nueva medida se genera con base en el proceso disciplinario No. DCP-04-2017, por cuanto el proceso No. DCP-01-2017 está en la fase conclusiva”, dijo Castro.
Pendiente recusación
La ampliación de la suspensión del magistrado Gamboa se resolvió al tiempo que la Sala III tiene pendiente decidir una recusación presentada, por dicho alto juez, contra la Fiscal General a.i., Emilia Navas, de quien, sostiene, es supuestamente parcial en investigaciones en su contra.
Navas investiga a Gamboa, entre otros presuntos hechos, por alegado tráfico de influencias.
La jerarca del Ministerio Público rechazó ante los magistrados la alegada parcialidad que le atribuye Gamboa.
La Fiscal Navas allanó, en un hecho sin precedentes, el despacho del magistrado Gamboa, como una de las primeras acciones del cargo que asumió de emergencia, tras ser cesado, también, por Corte Plena el anterior Fiscal General, Jorge Chavarría.
Gamboa, exministro de la Presidencia, de Seguridad y exdirector general de la DIS, se vio envuelto en el escándalo del “cementazo”, al trascender la coincidencia de un viaje suyo a Panamá con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien descuenta tres meses de prisión preventiva.
Bolaños y seis ejecutivos del Banco de Costa Rica son investigados por la Fiscalía por cuestionados créditos por $30 millones otorgados a la firma Sinocem, vinculada al empresario.
Una comisión legislativa investigó y concluyó, en un informe de finales de año, con recomendaciones de procedimientos contra el presidente Solís y otros jerarcas y exjerarcas por supuesta transgresión a la probidad en el ejercicio de la función pública.
El mandatario rechaza cualquier actuación ilegal en el caso aunque ha aceptado que el empresario tuvo siete encuentros en Casa Presidencial, incluido uno con el mismo gobernante en su despacho, mientras gestionaba medidas ejecutivas para romper el duopolio de de la industria del cemento en el país.
El informe de la comisión está por discutirse en la Asamblea Legislativa.
Fiscal Navas rechaza parcialidad
De la recusación presentada por el magistrado Navas contra la Fiscal Navas, la jerarca del Ministerio Público rechazó el cargo de presunta parcialidad.
