Piden pena máxima para madre e hija y otros dos por muerte de Gerardo Cruz

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La Fiscalía de Hatillo pidió aplicar la pena máxima de 35 años de prisión contra una madre, su hija, y otros dos acusados  de presuntamente participar en el asesinato de Gerardo Cruz perpetrado en San Sebastián el 7 de octubre de 2015, hecho que generó gran conmoción pública.

La petición se dio en la etapa de conclusiones ante el Tribunal Penal de Pavas, en el debate que inició el 5 de diciembre anterior, anunció el Ministerio Público.

La Fiscalía estimó que mediaron razones pasionales en este caso que inicialmente se pensó había sido consumado como represalia contra Cruz por un hecho de acoso contra una joven en las calles de San José, lo cual la víctima denunció en las redes.

La fiscala Yorleny Ching hizo la solicitud de penas contra los acusados por el delito de homicidio calificado: una madre y su hija, de apellidos Fonseca y Valerín, respectivamente, y dos hombres apellidados Chaves y Arce, respectivamente. Contra un quinto imputado en la causa, de apellido Castillo, solicitó la absolutoria por duda, agregó la Fiscalía.

Los hechos acusados por el Ministerio Público, bajo el expediente 15-021637-042-PE, ocurrieron en vía pública en San Sebastián, cuando la víctima recibió varias heridas con un arma blanca, que le ocasionaron la muerte el 29 de noviembre de ese mismo año, en el Hospital Calderón Guardia. 

Durante el juicio, la Fiscalía recibió a 17 testigos; mientras que un sexto imputado, quien es menor de edad, fue declarado coautor del homicidio, en un juicio realizado en la vía penal juvenil. Él se sometió a un proceso abreviado, es decir aceptó los hechos que se le atribuyeron, por lo que el Juzgado Penal Juvenil le ordenó siete años de internamiento en centro penal, los cuales deberá cumplir como cinco años de libertad asistida y dos años de órdenes de orientación y supervisión, consigna el informe de la Fiscalía.

Los familiares de Cruz delegaron la acción civil resarcitoria en la Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público, para exigir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz del homicidio, se añadió.