Edgar Fonseca Monge, editor
La economista Edna Camacho encabezaría el Consejo Económico de un eventual segundo mandato consecutivo del PAC, anunció hoy el candidato oficialista Carlos Alvarado.
La designación de Camacho es un nuevo guiño del aspirante gobiernista al sector empresarial en menos de 24 horas.
El lunes anunció al empresario André Garnier como eventual ministro de enlace con dicho sector.
Tales anuncios implican un aparente distanciamiento de las tensas relaciones que ha tenido la presente administración PAC con el conglomerado empresarial.
Parte de lo negociado con Piza
Camacho Mejía, fue candidata a la vicepresidencia por el PUSC, es economista con énfasis en finanzas y desarrollo. Fue viceministra de Egresos (1998-2001) y tiene amplia experiencia en consultoría a organismos nacionales e internacionales, en docencia, asesoría e investigación, así como en juntas directivas de instituciones públicas y privadas, agregó la versión del aspirante PAC.
Alvarado reconoció que la designación de Camacho es “parte de los consensos para la construcción del Gobierno Nacional que impulsa junto a Rodolfo Piza a partir del acuerdo “Por la gobernabilidad, la equidad y el desarrollo de Costa Rica”.
“Lo alcanzado por Rodolfo y don Carlos Alvarado es inédito en la historia costarricense. Implica que el próximo gobierno no será de un solo partido, sino de una Alianza, con una agenda y un equipo de trabajo que se nutre de ambos sectores”, dijo Camacho.
“Es en ese contexto, que don Carlos Alvarado me ha solicitado que presida el Consejo Económico de su gobierno y que, desde ahí, coordine al equipo económico. He aceptado, con base en una agenda previamente pactada para desarrollar un Gobierno de centro“, advirtió.
El pacto contempla sensibles medidas como oponerse a nuevos pluses en el sector público, para enfrentar el volátil déficit fiscal.
También prevé:
– respetar derechos adquiridos de los empleados públicos
– racionalizar los existentes para nuevos ingresos
– impulsar límites máximos a las anualidades.
El acuerdo las define como acciones específicas para la reducción del gasto público, el incremento de ingresos y la eficiencia en el sector público.
Piza y Alvarado coinciden en respaldar el proyecto de regla fiscal a nivel constitucional, que limita el déficit fiscal y el endeudamiento público y aumentar ingresos vía mejor recaudación en más del 1% del PIB.
En cuanto al gasto público, el acuerdo fija que el total de plazas en sector público no podrán crecer más del 1% anual hasta el 2020 y el 1,55% anual para 2021 y 2022, según lo pactado.
