Jorge Corrales Quesada, economista
-Cuántas veces hemos escuchado el cuento de que se necesita más plata, más impuestos, para hacer obras públicas y, específicamente, carreteras. Y más de uno ha corrido a sugerir que se aumenten los impuestos para financiar esas importantes obras. Esto último es un absurdo, pues, si entrara más plata por impuestos para dirigirlos a esas obras, eso serviría para liberar recursos ya programados en el presupuesto público para obras y así dirigirlos a sufragar gastos corrientes del gobierno. El dinero es fungible: como dos granos de maíz.
Pero, además, cabe preguntarse cuántas carreteras no se podrían hacer sin necesidad de que el Estado deba encontrar los fondos para hacerlas: el mecanismo de concesión de obra pública, bien hecho y en donde se cumplan con las responsabilidades contractuales, podría liberar las limitantes financieras del estado y que ese sea suministrado por el concesionario, quien recuperaría su inversión con el rendimiento adecuado, al cobrar a quienes efectivamente usan las obras concesionadas.
El gobierno cuenta con importantes préstamos para realizar la construcción de carreteras, los que, al momento, no se usan plenamente, sino que permanecen ociosos en gavetas de la burocracia, por así decirlo (en realidad, está en los bancos, ya sea nacionales o internacionales).
Un esclarecedor artículo de La Nación del 6 de abril, bajo el titular “Futuro Gobierno dispondrá de $1,000 millones para carreteras: Carlos Alvarado afronta el desafío de usar dinero de créditos internacionales,” expone la disponibilidad de fondos y su falta de uso expedito, provenientes de créditos externos obtenidos entre el 2011 y el 2014 (o sea, hace ya bastantes años) y que no su utilizan sino en parte o, incluso, del todo.
CONAVI (otra vez en la palestra) no “ha logrado ejecutar por atrasos con expropiaciones, procesos de contratación y discrepancias entre los contratistas interesados en los proyectos.” Lo que uno no entiende es por qué los fondos que ya se han obtenido, están sin usar, pagando intereses por ellos como si ya se hubieran utilizado, por no solucionar, en lo posible, problemas como expropiaciones, contrataciones y similares. O sea, sólo pedirlos cuando ya “todo está casi listo” y no mucho antes, en que hay problemas obvios no resueltos y que complican la ejecución de las obras. No creo que los organismos internacionales nos obligan a pedirles plata y así ganar con ello. Es que piden la plata sin estar totalmente listos para usarla.
Actualmente, según el medio, el gobierno tiene “engavetados” (sin usar) $1.000 millones de dólares para obras de carreteras: “De acuerdo con la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, hay $155 millones sin desembolsar del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial (PIV), $400 millones del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) y $306 millones de la nueva vía a Limón,” además de $140 millones del programa “BID-Cantonal II para reparar y construir caminos y puentes cantonales.”
Veamos detalles de esos “programas”:
Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial (PIV):
Préstamo del BCIE, obtenido en el 2012, por $340 millones. Tan sólo se ha usado un 54%. Cubre la Circunvalación Norte, tres pasos a desnivel en las rotondas de la Circunvalación, los puentes sobre el Virilla en Santa Ana y Tibás y el acceso al nuevo Puerto de Moín (me imagino que es aquel que se diseñó mal). Por mantener engavetados esos fondos, ya se ha pagado $7.2 millones.
Programa de Infraestructura de Transporte (PIT):
Préstamo del BID por $450 millones, aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2014. Sólo se ha ejecutado un 11%; así, apenas se han usado $50 millones. Se emplearía, entre otros, para las vías Cañas-Barranca y Paquera-Playa Naranjo, en La Lima y Taras de Cartago y en la carretera Birmania de Upala-Santa Cecilia de La Cruz. “Por ese financiamiento se han pagado $188.000 en intereses” y “$6.3 millones en comisiones.”
Nueva Vía a Limón:
Préstamo del Eximbank de China por $395 millones, aprobado en el 2013. Se han desembolsado $89 millones; esto es, un 22% del préstamo. Y no se han pagado intereses.
BID-Cantonal II:
Supongo que fue prestado por el BID. El artículo periodístico no indica la fecha de su concreción ni tampoco si hay intereses pagados, al igual que no detalla las obras en que se usaría.
Ante estas situaciones, el señor Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción indicó, según el medio, que “el Gobierno queda en deuda con el país por no crear una forma más eficiente de hacer infraestructura pública” y el señor Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, dijo que “no se ha tenido” el apoyo decidido de la Casa Presidencial,” lo cual hace necesario que se hagan “cambios estructurales.” Así como que se debe ajustar “la legislación de CONAVI” y hacer en ese organismo “un cambio administrativo… para dotarlo de una mayor capacidad para la definición de las unidades ejecutoras.”
El gobierno entrante ya dispone de recursos para hacer obras viales indispensables y, por ello, es deseable que tenga éxito en evitar ese empantanamiento de fondos en el gobierno, que tan caro le sale a los contribuyentes, como si no fuera suficiente el sacrifico que actualmente se les está imponiendo con múltiples nuevos gravámenes
