Jorge Corrales Quesada, economista
Sí. Un billón; esto es, un millón de millones. Es casi lo que todos los costarricenses, mediante el presupuesto del gobierno de la República, les pagaremos en este año a unas 60.000 personas que están afiliadas a alguno de los 18 sistemas de pensiones a cargo de ese presupuesto. Es una enorme transferencia de todos los contribuyentes, pues esos fondos serán financiados mediante impuestos, hacia relativamente unos pocos favorecidos.
La información la suministra La Nación en su edición del 16 de abril, bajo el titular “Presupuesto Nacional paga al año casi ₡1 billón en pensiones.” Exactamente el monto presupuestado asciende a ₡953.756 millones, lo que significa un aumento de ₡67.346 millones entre el 2017 y el 2018. Es decir, un incremento de un 7.6% en la partida. Y no es por un ajuste ante la inflación, pues, según el Banco Central, en este año estima que será en promedio del 3%, lo cual significa que, en términos reales ajustados por la inflación, tendrá un crecimiento de aproximadamente un 4.6%. ¡Casi nada!
Es importante destacar que “del gasto estimado (en pensiones), casi el 10% será aportado por quienes están jubilados bajo los regímenes especiales administrados por el Ministerio de Trabajo.” Destaca que, en el caso del llamado Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional cubre a 43.151 jubilados, y el aporte para este régimen especial equivale al 61% del total antes citado. El medio indica que los pensionados de este régimen “solo aportan el 5% del gasto previsto en pensiones.” En ese régimen, el 16% recibe una pensión por encima de ₡1.5 millones, que es aproximadamente el máximo de pensión que paga la Caja del Seguro Social en su régimen de pensiones.
Por otra parte, en la edición digital de La Nación del 15 de abril del 2018, bajo el título “Poder Judicial tiene los jubilados con las pensiones más altas de Costa Rica,” se indica que, de las pensiones que están a cargo del presupuesto nacional, la más alta en promedio es la de Hacienda y Diputados, con ₡2.7 millones, mientras que la más alta en promedio en el régimen del Magisterio es de ₡2.4 millones.
Un informe de la Superintendencia de Pensiones, señala que, “a noviembre del 2017, había 9.869 personas que recibían pensiones de lujo en el país, es decir aquellas mayores de ₡1.5 millones mensuales.” Esas 9.869 personas reciben, en conjunto, cada mes, ₡25.000 millones.
Indica Álvaro Ramos, quien dirige la Superintendencia de Pensiones, que “el 63% del total de pagos en pensiones (mensuales en el Poder Judicial) se realiza a jubilados cuyo monto es superior a ₡1.5 millones.”
Ya se han puesto en marcha reformas al sistema de pensiones del Poder Judicial -insuficientes, lo reconozco, pues las pensiones siguen siendo exageradamente altas y no fueron los beneficiados con ellas quienes pagaron lo suficiente para recibirlas sino es con el aporte de todos los ciudadanos- pero esas reformas van en el camino correcto de corrección de la injusticia. También al régimen de Hacienda y diputados se le han hecho ajustes convenientes, como aumentar las cotizaciones, pero todavía hay un claro abuso. Asimismo, el magisterio ahora tendrá que aportar más para mantener su régimen.
Pero ciertamente, el privilegio seguirá campante, pues es un beneficio para grupos de relativamente pocos, cargados sobre las espaldas de todos los contribuyentes, en donde la presión política organizadas de esos grupos seguirá en su presión por mantener el statu quo. Y esa pensión no es un derecho, pues de ser derechos los tendrían iguales todos los ciudadanos. En contraste, un privilegio es cuando se les da una prerrogativa a unos pocos bendecidos por el poder. Algún día habrá justicia. Se hará una realidad “dar a cada uno lo que es suyo.” Muy diferente de darles a algunos lo que no es de ellos, sino algo que es extraído obligadamente de todos, para el lujo de unos relativamente pocos.
