Edgar Fonseca, editor
Con la piñata de las pensiones juveniles y millonarias del Poder Judicial.
Con la piñata de las odiosas prebendas de las convenciones colectivas.
Con la piñata de los bancos estatales compartiendo con los sindicatos multimillonarias utilidades, como si se tratase de bienes de difunto.
Con la piñata de las anualidades, ya triplicando a los salarios de los burócratas.
En fin, con el óleo de los recursos públicos para sostener las apetencias gremialistas, claro que suenan refrescantes las medidas de austeridad en el gasto público con que se lanza a la batalla la recién estrenada administración. Pero, ¿son las requeridas? ¿Se queda corta la iniciativa?
¨Nos estamos jugando el futuro de Costa Rica”, dice el presidente Alvarado al defender con vehemencia pero realista el paquete de medidas de austeridad que lanzó para, a la vez, impulsar una eventual reforma fiscal.
En esa súbita reconversión política suya, que lo enfrenta a quienes desde su propio partido defienden como intocable la olla de privilegios del sector público, el mandatario se juega un primer cartucho en las arenas movedizas políticas.
“El presidente mató el diálogo social”, sentenció un dirigente sindical.
Las 11 medidas anunciadas por la ministra de Hacienda, convertida en enemigo público número de los opíparos líderes gremialistas, llegan cuando, como bien lo admite el gobernante, no le queda mucho margen ni tiempo al país para tomar decisiones.
Llegan cuando aún no se ha visto forzada la administración a hacer despidos, a tocar salarios o a golpear programas sociales, como previene admonitorio el gobernante.
“La alternativa de no hacerlo es muy dolorosa”, advierte.
Llegan tras los largos cuatro años anteriores desperdiciados en un ir y venir de posiciones oficialistas ambivalentes, ambiguas, que sí, que no, que ya veremos, y de, finalmente, caer presa de los designios, de la imposición y la arbitrariedad de los dirigentes sindicalistas, y de no consumar la urgente reforma fiscal.
El paso dado por la nueva administración no solo busca oxigeno con los organismos internacionales que tienen al país al borde del cadalso, sino allanar de arranque el camino en el inminente forcejo político local.
Van en la dirección largamente advertida de entrarle a los mayores disparadores del gasto.
De frenar los abusos que se perpetran bajo la sacrosanta premisa de la “justicia social”.
¿Hay campo en que puede incrustar más el bisturí?
El presidente empuja su propuesta en estos 100 primeros días de “luna de miel”.
En el momento oportuno, en que su capital político de despegue está intacto, y bajo el alegato que son medidas impostergables en el peligroso limbo fiscal por el que atraviesa el país.
Viene ahora la nada fácil tarea del convencimiento político desde el “ala dura” de su propio partido, a la minúscula extrema, y a las demás fuerzas opositoras, a los escépticos, –el exministro Fernando Herrero cree que la propuesta es un pellizco al elefante del déficit– y, sobre todo, a los “capos” sectoriales que se sienten dueños del destino nacional cuando se trata de poner orden en sus cotos.
