PuroPeriodismo.com/ Foto Unión de Cámaras
Al tiempo que externó temores de que el país esté a las puertas de una recesión económica, el sector empresarial del país presionó este lunes por cambios en el plan fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.
“Podríamos estar ante el inicio de una recesión económica, dado los últimos datos del Banco Central, que muestran una disminución anualizada del crédito al sector privado”, destacó un manifiesto de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).
“Es peligroso poner más impuestos a una economía en ese estado, pues el crédito podría verse disminuido y a ello sigue a la inversión y la inversión a la creación de empleo”, advirtió Gonzalo Delgado, presidente de UCCAEP.
El conglomerado empresarial anunció su posición bajo la declaración llamada El momento de la esperanza: un pacto fiscal por Costa Rica.
Sí al IVA pero no al paquete de impuestos
- Los empresarios consideran sano “establecer con equidad un Impuesto al Valor Agregado (IVA); los mejores inspectores para revisar la aplicación de este impuesto son los mismos ciudadanos quienes solicitando la factura, podrán ayudar a controlar que efectivamente se recauden los dineros, pero debe crearse un incentivo personal tangible, seguro e inmediato que lo motive”.
- Están en contra de “fórmulas fiscales de impuestos por paquete, y ser sensibles a las naturales diferencias en algunos sectores productivos como: salud, educación, agricultura y a la exportación; para no deteriorar la competitividad”.
- Para reducir el gasto público, el sector empresarial presiona por “un único régimen de pensiones para todo el aparato Estatal adscrito a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y exigir el derecho máximo a la cesantía de ocho años, sin afectar los beneficios ya adquiridos, que igualen derechos entre trabajadores”.
- Y tienen en la mira los “pluses” del sector público. “Es urgente regular los “pluses salariales”, establecer una nueva ley de empleo público; digitalizar el Estado y sus instituciones en todas sus transacciones y ordenar las transferencias obligadas por ley, por ejemplo, el porcentaje del PIB destinado a la educación, en concordancia con la pirámide poblacional actual”, enfatizan.
