Jorge Corrales, economista
No me refiero a que empeorará la protección contra la importación del aguacate mexicano, que ha subido un 74% desde el 2015 cuando se crearon las prohibiciones. Tampoco a la pretensión de una empresa productora de alambres de acero para que, mediante un arancel, se encarezca la entrada al país de ese producto. Me refiero a las declaraciones del nuevo ministro de Agricultura, quien afirmó tajantemente que “La posición que traigo al ministerio es proteger la producción nacional, con todos los instrumentos jurídicos y técnicos que nos dan los marcos de tratados… Vamos a ser muy celosos con los ingresos, no importa cuáles sean, con carnes, con papas. Ha habido mucha laxitud, no cumplimiento con la normativa.”
Esto aparece en una publicación de La Nación del 12 de mayo, titulada “Ministro de Agricultura promete proteccionismo: Renato Alvarado asevera que su posición es ‘proteger la producción nacional.’” El señor Alvarado es productor de carne de cerdos y tiene que haber sabido que, en el 2015, el Servicio Fitosanitario del estado (SFE), dependencia del ministerio de Agricultura, “también prohibió la importación de… carne de cerdo…” entre otros productos, como lo denuncié en un comentario del 8 de marzo del 2016, titulado “Amenaza al Comercio Costa Rica-Estados Unidos,” así como en otro comentario “Ñangazos Proteccionistas” que publicara el 16 de junio del 2015.
O sea, es posible que el empresario Alvarado se haya beneficiado de la protección al bien que produce, pues posiblemente se tradujo en precios mayores para los consumidores y utilidades más altas para el gremio protegido.
Dada esa experiencia personal, dejando de lado que pueda correr riesgos por actuar en beneficio propio si toma medidas proteccionistas unilaterales, tomo muy en serio a su afirmación de que aumentará el proteccionismo contra los consumidores nacionales, a favor de gremios de pocos pero muy bien organizados productores.
Ojalá que pronto emane de parte de la Organización Mundial del Comercio una decisión que obligue al país a permitir la importación de aguacate desde México, pues podría servir de advertencia de que, cualquier abuso sin pretexto válido utilizado por un ministro proteccionista, será sancionado debidamente. Cuando un país pone una barrera arancelaria indebidamente o con subterfugios, se le condena a que se limiten ciertas exportaciones del país como compensación por el daño. Ojalá esto no suceda, pues se castigaría a exportadores que nada tienen que ver con el asunto, en vez de serlo los propios burócratas responsables del desaguisado.
Lamentablemente siempre hay grupos que se acercan al gobierno -o colocan gente afecta a sus intereses- para obtener formas de restringir la competencia y poder con ello poder cobrar más a consumidores cautivos. Esa protección no es gratis para ese gremio, pues tiene que “invertir” en los políticos para que les den esa protección, tal vez apoyando las ambiciones de los primeros por aumentar su poder electoral. Eso sí, quienes inevitablemente perdemos con la protección somos los consumidores, quienes se supone somos el fin último de una economía: producir de la manera mejor y más barata para que las personas puedan satisfacer sus necesidades económicas.
Nos damos por informados de las declaraciones del ministro de Agricultura, ante lo cual redoblaremos nuestros esfuerzos para que los costarricenses podamos conseguir los mejores y más baratos bienes y servicios, producto de la mayor competencia posible. Parece no haber peor cosa que un empresario proteccionista con poder político, que imponga costos adicionales a los productos que elimina la competencia para poder venderles más caro a los consumidores cautivos.
Ese mismo ministro ha mandado, según informe de La Nación el 19 de mayo titulado “Jerarca del MAG pretende elevar ayudas directa al agro: Transferencias no reembolsables,” una señal clara de que subsidiará cierta -¿elegida por quién?- producción doméstica dirigida tanto al mercado interno como al externo. Asumo que piensa contar con ingresos provenientes de los impuestos a los ciudadanos que tramita el gobierno: muchos pagaremos impuestos para subsidiar a algunos. ¡Qué lindo!
De paso, ya también los transportistas de carga en el país quieren que aquí los extranjeros no nos puedan dar el servicio. Simplemente es una forma para elevarnos los costos de transporte de todas las mercancías a los ciudadanos: ese el resultado principal del proteccionismo, mantener poderes monopólicos y así obligar a los consumidores cautivos, ante la menor competencia, a pagar más por los bienes o servicios que los protegidos nos venden.
