Edgar Fonseca, editor
El Ministerio Público confirmó este viernes que la Fiscalía General investiga a la magistrada Doris Arias, presidenta de la Sala III Penal, por el presunto delito de tráfico de influencias. La investigación está a cargo de la Fiscala General, Emilia Navas.
Dicha pesquisa es paralela a la investigación de la decisión del Juzgado Contencioso Civil de Hacienda que, en cuestión de tres horas, ordenó suspender la sanción de dos meses sin goce de salario, dispuesta por Corte Plena contra Arias. Esta causa es investigada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), anunció el Ministerio Público la tarde del jueves.
PuroPeriodismo.com consultó a la Fiscalía si a la magistrada Arias se le sigue causa por el presunto delito de tráfico de influencias y si dicha causa tiene relación con la investigación de la suspensión de su sanción. Igualmente se consultó si la magistrada ya rindió su declaración en dicha causa.
“Le confirmo esa información que usted menciona. La investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción es por el presunto delito de prevaricato, mientras que la causa contra la magistrada se lleva en la Fiscalía General por el presunto delito de tráfico de influencias”, respondió Tatiana Vargas, portavoz del Ministerio Público.
La magistrada, al tener inmunidad, no puede rendir declaración ante la Fiscalía. El procedimiento especial para juzgar a miembros de los Supremos Poderes establece que la Fiscalía General investiga pero no puede tomar la declaración indagatoria a la persona imputada, agregó Vargas.
Si se acusa el caso, se presenta a la Corte Suprema de Justicia con la solicitud de que esta admita la acusación y solicite a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad. Si la Asamblea quita la inmunidad, el caso regresa a la Corte Suprema para que se nombre un magistrado/a instructor/a de la causa. Hasta ese momento, esa persona instructora del expediente puede tomar la declaración a la persona acusada, afirmó la vocero judicial.
Sanción suspendida es investigada
Arias, presidenta de la Sala III, y otros tres magistrados de dicha instancia de la Corte Suprema de Justicia fueron sancionados el lunes anterior en medio de la polémica por la desestimación de una causa por supuesto tráfico de influencias que favoreció a los exlegisladores Otto Guevara, Libertario, y Víctor Morales, independiente, vinculados al escándalo del cemento chino.
También fueron sancionados los magistrados Carlos Chinchilla, hasta el lunes presidente de la Corte, y quien sorpresivamente anunció, a primera hora de ese día, que se jubilaba; Jesús Ramírez y María Elena Gómez.
La investigación contra los cuatro magistrados la instruyó el magistrado Román Solís quien estimó como falta grave haber acogido la desestimación de la causa contra los exlegisladores.
“Se está ante un error grave e injustificado en la administración de la justicia por parte de los magistrados de la Sala Tercera… omitir profundizar en ese informe de llamadas como elemento probatorio de peso, al menos realizar un ejercicio intelectual base para descartar su importancia y no simplemente referenciarlo (con base en las consideraciones del Ministerio Publico), es lo que se cataloga en este acto como un error grave e injustificado por parte de los investigados”, advirtió el magistrado Solís en el informe que remitió a Corte Plena.
El miércoles 11 de julio, Corte Plena, dividida, rechazó suspender a los cuatro magistrados y en su lugar dictó una amonestación por escrito.
El lunes 16 de julio, en medio de la creciente censura pública, los magistrados revirtieron la decisión.
Las magistradas Arias y Gómez defendieron el miércoles la decisión, alegaron que la basaron en razones técnicas y no en intereses políticos.
Presunto prevaricato
La Fiscalía anunció este jueves que investiga presunto prevaricado en la resolución dictada a favor de la magistrada Arias.
La resolución la dictó el juez interino de lo Contencioso, Alcevit Godínez Prado.
La Fiscalía Adjunta de Probidad confirmó –según la versión oficial– que a las 7:30 de la mañana del jueves abrió una causa penal por el presunto delito de prevaricato, para investigar la actuación y participación de las distintas personas funcionarias judiciales que tuvieron relación con el trámite judicial y la resolución de la medida cautelar solicitada por la magistrada Arias.
Dicha fiscalía ordenó a la policía judicial secuestrar elementos probatorios relevantes para la investigación, diligencia que está siendo ejecutada en los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José. La diligencia que se realizó fue secuestro de documentos y no allanamiento, sostuvo el ente acusador.
La investigación se realiza de momento contra persona ignorada, añadió la versión oficial.
Por seguridad en la preservación de la prueba, la Fiscalía ha dispuesto que no se puede detallar sobre la evidencia localizada ni en aspectos adicionales del proceso penal, agregó el informe.
