- “La voracidad de mis detractores es insaciable, desean el cargo a través de injurias, calumnias y difamaciones, más allá de la dignidad de las personas”, dice Arias, objeto de una investigación por parte de la Fiscala General, Emilia Navas.
Edgar Fonseca, editor
La magistrada Doris Arias, suspendida por Corte Plena e investigada por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, anunció este lunes que se jubila.
La alta jueza adelantó su salida que tenía prevista para noviembre, cuando se cumplía su periodo de magistratura.
“No voy a aceptarle a nadie, jamás, bajo ninguna circunstancia, que se diga que haya cometido alguna falta que lesione mi honor o la intachable reputación que he construido”, sostuvo Arias en una nota presentada ante Corte Plena.
“La voracidad de mis detractores es insaciable, desean el cargo a través de injurias, calumnias y difamaciones, más allá de la dignidad de las personas”, advirtió Arias contra quien la Fiscala General, Emilia Navas, abrió una causa vinculada a una pronta resolución del juzgado contencioso administrativo que suspendió, en tres horas, una sanción de dos meses aplicada contra ella y la, también magistrada, María Elena Gómez.
La suspensión abarcó al expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, quien, antes de ser suspendido, también gestionó su jubilación, y al magistrado Jesús Ramírez, quien cumple la sanción.
De las gestiones de jubilación de Arias y Chinchilla no hay monto aún definido, dijo esta mañana de lunes, Sandra Castro, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
La suspensión de dichos magistrados se dio tras valorar Corte Plena una desestimación que acogieron, como integrantes de la Sala III Penal, en una causa por supuesto tráfico de influencias contra los exdiputados Otto Guevara, Libertario, y Víctor Morales Zapata, independiente, en relación con el escándalo del cemento chino.
“Se está formando un terreno fértil para los extremismos y los discursos de odio. El llamado Derecho Penal del Enemigo está instalado en Costa Rica. De esta forma nadie puede ejercer su derecho humano al trabajo, ni a la Judicatura. Por eso se los entrego; pero yo me quedo con lo más sagrado que posee un ser humano: su Dignidad”, insistió la magistrada Arias al anunciar su jubilación.
La investigación
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga en este caso, por presunto prevaricato, al juez Alcevit Godinez Prado, quien dictó la resolución de suspensión de sanción.
Se trata de la causa 18-93-1218-PE.
Como parte de las diligencias de investigación, la Fiscalía gestionó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la apertura del teléfono celular decomisado a Godinez.
La investigación contra los cuatro magistrados la instruyó en Corte Plena el magistrado Román Solís quien estimó como falta grave haber acogido la desestimación de la causa contra los exlegisladores.
“Se está ante un error grave e injustificado en la administración de la justicia por parte de los magistrados de la Sala Tercera… omitir profundizar en ese informe de llamadas como elemento probatorio de peso, al menos realizar un ejercicio intelectual base para descartar su importancia y no simplemente referenciarlo (con base en las consideraciones del Ministerio Publico), es lo que se cataloga en este acto como un error grave e injustificado por parte de los investigados”, advirtió el magistrado Solís en el informe que remitió a Corte Plena.
El miércoles 11 de julio, Corte Plena, dividida, rechazó suspender a los cuatro magistrados y en su lugar dictó una amonestación por escrito.
El lunes 16 de julio, en medio de la creciente censura pública, los magistrados revirtieron la decisión y los suspendieron.
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“Quienes me señalan se pueden quedar con mi cargo, yo me voy con Dignidad”
- Magistrada Doris Arias
Después de servirle con absoluta Dignidad, Honestidad y Profesionalismo durante 33 años al Poder Judicial, hoy tomo la decisión de acogerme a mi derecho de jubilarme. Me honra haber sido Magistrada Penal y Constitucional, Jueza y Fiscal del Ministerio Público y haber servido en estos cargos con profunda lealtad y dando mi mayor esfuerzo por hacerlo bajo los mejores estándares de profesionalismo, calidad y trasparencia.
Mis detractores no merecen el beneficio de seguir amenazando mi vida, persiguiéndome y señalándome, de seguir humillando a mi familia y de ponerme ante la opinión pública como alguien que no soy. Cada paso, cada opinión y cada decisión a lo largo de mi carrera la hice bajo estrictas normas profesionales y jurídicas. Mi ética no se ha vendido ni se venderá a cambio de intereses particulares. Mi carrera profesional ha estado regida siempre sólo y nada más por los intereses de la Justicia de Costa Rica.
No voy a aceptarle a nadie, jamás, bajo ninguna circunstancia, que se diga que haya cometido alguna falta que lesione mi honor o la intachable reputación que he construido.
Se equivocan los que piensan que por ser mujer me pueden mancillar. A las mujeres les digo que tal como lo he realizado dentro del Poder Judicial por más de tres décadas, seguiré dando luchas por la Igualdad y Equidad de Género desde otras trincheras.
La voracidad de mis detractores es insaciable, desean el cargo a través de injurias, calumnias y difamaciones, más allá de la dignidad de las personas. Se está formando un terreno fértil para los extremismos y los discursos de odio. El llamado Derecho Penal del Enemigo está instalado en Costa Rica. De esta forma nadie puede ejercer su derecho humano al trabajo, ni a la Judicatura. Por eso se los entrego; pero yo me quedo con lo más sagrado que posee un ser humano: su Dignidad.
El momento de la Verdad y la Justicia llegará y yo estaré esperando por él cuanto tiempo sea necesario.
A todos aquellos que hoy me señalan y bajan su cabeza al pasar junto a mí, les digo que yo levanto la mía, con hidalguía, porque me sobra Dignidad para decirle al pueblo de Costa Rica, mirándole a los ojos, que jamás he cometido falta alguna en el ejercicio de mi cargo como Magistrada, ni en ninguna otra posición desde la que he servido durante estos 33 años.
He sufrido daños irreparables, personales con afectación a la imagen, a la privacidad, al buen nombre, a la seguridad e integridad física, los he llevado y sufrido en lo personal y con mi familia. No puedo tolerar estos abusos e intromisiones. Me resulta imposible esperar hasta noviembre en que vence mi período constitucional, por lo que me acojo a mi derecho jubilatorio.
Se ha cerrado para mí un ciclo profesional, sin perder mi esencia. Asumiré otros desafíos centrados en la vida familiar y privada atendiendo nuevas prioridades. Puedo decir que la misión está cumplida, que entré por la puerta grande y salgo por ella, con la dignidad y honor que merezco. Ante todo digo que merezco tener paz.
Heredia, 30 de julio de 2018.
- Fuente: Corte Suprema de Justicia
