Edgar Fonseca, editor
¿Cuáles son las razones de fondo detrás de la intempestiva jubilación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia?
¿Por qué su súbito retiro sin conocer el país las explicaciones de la polémica por la desestimación de una causa contra dos exdiputados en el mayor escándalo de tiempos recientes?
Sin siquiera conocer la opinión pública las implicaciones de la tormentosa sesión de Corte Plena que resolvió una leve sanción –revertida ayer en medio de la indignación pública– para dicho jerarca y otros tres magistrados.
¿Oteó en el horizonte una controversia mayor a la hasta ahora afrontada? Ya algunas fracciones amenazaban con no reelegirlos.
¿Temió ser zarandeado, como lo han sido otros exfuncionarios judiciales, en el mare magnum de cuestionamientos que rodean el transitar del Poder Judicial?
Estas y muchas otras interrogantes abundan en la opinión pública tras esa sorpresiva petición de jubilación –a la que tiene derecho– del hasta ahora máximo jerarca del Poder Judicial.
Son interrogantes que, sin respuestas, contribuyen a enrarecer más el aire de la credibilidad pública en la institución judicial tan venida a menos.
Con apenas año y dos meses de gestión, tras sustituir a otra magistrada, con pensión de lujo, la salida del jerarca corta abruptamente una misión que desde el primer momento se vio golpeada por los severas críticas al odioso sistema de privilegios, pluses y pensiones que tienen al Poder Judicial contra la pared y contra la opinión pública.
Un movimiento huelguístico irresponsable, que acrecentó la indignación ciudadana, fue el bautizo de fuego de los gremios a su gestión.
Hasta explotar en lo más alto de la Corte el megaescándalo del “cementazo”, con la caída de un magistrado y del Fiscal General.
Son tiempos convulsos para el ente judicial, al que muchos consideran el último eslabón de sostén del aparato institucional, tal el descrédito de otras instancias.
Por eso es de entender la repulsa pública cuando trasciende la leve sanción dictada para cuatro magistrados –revertida ante la censura ciudadana– mientras a una fiscal subrogante, por el mismo caso se le impone hasta suspensión de su cargo.
¿No era desigualdad de trato?
¿Y por qué, sin estar plenamente enterada la opinión pública de las actuaciones de todos los involucrados en los hechos cuestionados, el magistrado presidente prefiere retirarse y dejar en el aire tanta interrogante?
