Edgar Fonseca, editor/ Foto Relaciones Exteriores
Las sentencias dictadas contra los acusados en el caso del descalabro del Banco Anglo no violaron derechos de apelación de los afectados, conforme una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la que recurrieron varios de los encausados.
El Gobierno de la República Costa Rica celebra la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el caso de mayor relevancia para el Sistema de Justicia Penal y el Modelo Penitenciario, destacó un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el mayor escándalo bancario en la reciente historia, el Anglo cerró sus puertas el 14 de setiembre de 1994 –administración Figueres Olsen– en medio de alegadas anomalías en el manejo financiero de la institución, que derivó en acusaciones y sentencias apeladas por los imputados.
17 reclamaban anulación de sentencias
La Corte IDH –informó la Cancillería– notificó este martes al Estado costarricense la sentencia sobre el Caso Amhrein y otros vs. Costa Rica, adoptada en su Periodo Ordinario de Sesiones N° 123, celebrado entre el 23 y 27 de abril este año.
El litigio –amplió Relaciones Exteriores– fue iniciado en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte IDH. Desde entonces, el Estado ha ejercido activamente su defensa, con un destacado equipo interinstitucional de abogadas y abogados, dirigido por la Cancillería costarricense y coordinado por la Embajadora Gioconda Ubeda Rivera.
Entre el 2004 y 2006, 17 personas presentaron sus reclamos ante la CIDH, al alegar que no se les había garantizado el derecho a la revisión integral de sus sentencias penales, por lo que pretendían que en la jurisdicción internacional éstas se anularan.
El Estado costarricense probó que el sistema de impugnación penal brindó los recursos idóneos para la revisión integral del fallo, tal y como se constata en uno de los párrafos de la extensa sentencia de la Corte IDH, ratificó Relaciones Exteriores.
“Este Tribunal analizó cada uno de los casos a los efectos de determinar si los recursos efectivamente interpuestos por las presuntas víctimas fueron resueltos respetando el derecho de aquellas a una revisión integral de sus sentencias condenatorias; concluyendo que el Estado, en esos casos, no violó el derecho a recurrir el fallo”, consignó la resolución.
Más de 100 mil sentencias en vilo
“Este ha sido el caso más complejo y el de mayor importancia institucional que ha tenido el Estado costarricense en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). De haberse perdido, el país estaría a las puertas de enfrentar la revisión de más de 100,000 casos con sentencia en firme antes del 2010, según estimación de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó la embajadora Ubeda.
“Esto hubiera sido catastrófico para Costa Rica, y para cualquier otro país, no solo por el altísimo costo que representaría para el erario público reiniciar esos procesos penales, sino también por las implicaciones que esto conllevaría a las víctimas que reclamaron justicia en los procesos penales muchas décadas atrás”,enfatizó.
No demostraron el supuesto agravio
La defensa de Costa Rica cuestionó la falta de análisis riguroso de cada una de las 17 pretensiones, en las que no se demostró el supuesto agravio alegado.
La CIDH y las presuntas víctimas pretendían que la Corte IDH declarara que el sistema procesal penal costarricense violentó el derecho a la revisión integral del fallo en todos los casos, lo que implicaba indirectamente el reconocimiento de la nulidad de la totalidad de procesos penales con sentencia firme antes del 2010 (año en que se creó el recurso de apelación en materia penal).
Según Relaciones Exteriores, la coordinación general de la defensa del Estado, estuvo a cargo de la Embajadora Ubeda, abogada con reconocida experiencia en la defensa del Estado costarricense ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y la coordinación adjunta por Eugenia Gutiérrez Ruiz, diplomática con amplia experiencia internacional en derechos humanos.
Ambas fueron las Agentes del Estado costarricense, junto a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Manuel Arroyo y posteriormente Doris Arias Madrigal, agregó el informe oficial.
El equipo jurídico lo integraron 15 abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Justicia, la CSJ, así como colaboradores con gran experiencia judicial y penal, detallaron.
