Edgar Fonseca, editor
El fallo de la Sala IV que extiende, por 18 meses, la prohibición del matrimonio de parejas del mismo sexo, cayó como un balde de agua fría sobre los sectores LGBTI que esperaban vigencia inmediata para formalizar sus uniones.
El fallo dejó vigente por 18 meses el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia que prohibe expresamente las uniones del mismo sexo hasta que la Asamblea Legislativa adecue la normativa, conforme los extremos de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los magistrados Fernando Cruz Castro y Nancy Hernández López propugnaron por anular de inmediato la prohibición.
Castro y Hernández se adhirieron “al voto únicamente en cuanto al plazo, para que haya voto de toda conformidad pues consideran que, como necesaria consecuencia de esta declaratoria, corresponde anular de inmediato el impedimento contenido en el inciso 6 artículo 14 del Código de Familia y debe entenderse, que las parejas del mismo sexo tienen a partir de este momento un derecho de acceso -en igualdad de consideraciones- a la figura jurídica del matrimonio civil y a todas sus regulaciones legales así como a igual protección de la ley, todo de conformidad con lo establecido en la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo dispuesto en los artículos 28, 33 y 48 de la Constitución Política”, cita el fallo.
Duras críticas
“18 meses para adecuar el marco jurídico de conformidad con la sentencia”, esto es, “para dar acceso al matrimonio”; de lo contario la norma queda nula. Ese plazo y la remisión a la Asamblea Legislativa no tienen sentido. El voto de Hernández y Cruz es el correcto”, sostuvo en Twitter el abogado Francisco Chacón, ex jefe de campaña del PLN.
“Lo bueno: habrá matrimonio igualitario. Lo malo: hay que esperar 18 meses. Lo feo: la pendejada de la Sala IV”, enfatizó.
“Entendamos lo que ha pasado: con su decisión, un grupo de magistrados pretende aumentar el poder de los sectores más retrógrados del Congreso, dándoles más monedas de cambio. Pero los Derechos Humanos no son monedas de cambio”, reaccionó el exministro de Educación, Leonardo Garnier.
Tras el anuncio de la Sala IV, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, ratificó su compromiso con la igualdad plena de derechos.
“Como corresponde en un Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo respeta lo resuelto por la Sala Constitucional. Confiamos en que el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de derecho prevalecerá, ya sea que la Asamblea Legislativa reconozca el matrimonio igualitario en el término de 18 meses, o en su defecto, una vez que la norma actual pierda vigencia finalizado el plazo”, agregó Alvarado.
“De nuestra parte seguiremos impulsando acciones que garanticen la no discriminación de ninguna persona por su orientación sexual o identidad de género, y la protección del Estado a todas las familias en condiciones de igualdad”, sostuvo el gobernante.
“Don Carlos: lo que queremos no es que su compromiso “se mantenga intacto” sino que se cumpla. Solo al cumplirse dejará de ser un compromiso para convertirse en una realidad. Eso queremos”, insistió el exministro Garnier.
“En la Sala ni triunfaron los derechos humanos, ni triunfó la justicia, triunfó la homofobia. Eso quedó claro anoche”, lamentó el abogado gay Pablo Ureña.
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CONTROVERSIAL FALLO DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO *
Por Sentencia N°2018-12782 de las 17:45 hrs. del 08 de agosto, la Sala Constitucional resolvió la acción de inconstitucionalidad número 15-13971-0007-CO contra el inciso 6) del artículo 14 del Código de Familia indicando: “Por mayoría se declaran con lugar las acciones planteadas por los accionantes Castillo Rojas, Elizondo Arias y Flores-Estrada Pimentel. Conforme al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que “226. No obstante lo expuesto, esta Corte no puede ignorar que es posible que algunos Estados deban vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo, en especial cuando median formas rígidas de reforma legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades políticas y de pasos que requieren cierto tiempo. Dado que estas reformas son fruto de una evolución jurídica, judicial o legislativa, que va abarcando otras zonas geográficas del continente y se recoge como interpretación progresiva de la Convención, se insta a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos” (opinión consultiva OC-24/17), y vista la potestad que ostenta la Sala de graduar y dimensionar los efectos de sus sentencias de constitucionalidad (ordinal 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia. En consecuencia, se mantiene la vigencia del inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 meses. Los magistrados Cruz Castro y Hernández López se adhieren al voto únicamente en cuanto al plazo, para que haya voto de toda conformidad pues consideran que, como necesaria consecuencia de esta declaratoria, corresponde anular de inmediato el impedimento contenido en el inciso 6 artículo 14 del Código de Familia y debe entenderse, que las parejas del mismo sexo tienen a partir de este momento un derecho de acceso -en igualdad de consideraciones- a la figura jurídica del matrimonio civil y a todas sus regulaciones legales así como a igual protección de la ley, todo de conformidad con lo establecido en la opinión consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo dispuesto en los artículos 28, 33 y 48 de la Constitución Política. Los magistrados Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez declaran con lugar la acción por razones diferentes e instan a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a adecuar el marco jurídico con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia. Se acepta la coadyuvancia pasiva planteada por Jorge Fisher Aragón el 7 de abril de 2016, y se rechazan las demás coadyuvancias interpuestas este año por extemporáneas. Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal, Hernández Gutiérrez y Esquivel Rodríguez ponen notas. El magistrado Castillo Víquez salva el voto en todos sus extremos y declara sin lugar las acciones incoadas. Se declara inadmisible la acción acumulada a este expediente planteada por el actor Castrillo Fernández al no haber invocado, de manera específica, en el asunto base la inconstitucionalidad de la norma objeto de esta acción. La magistrada Hernández López salva el voto y admite la acción de inconstitucionalidad planteada por Castrillo Fernández, número 15-017075-0007-CO, y la declara con lugar por entender que es inconstitucional y nula toda la normativa penal que establezca delitos (entre estos los artículos 176 y 179) aplicables a los notarios o a personas, tratándose de la materia referida en esta sentencia. Igualmente, por conexidad, declara inconstitucionales todas las directrices administrativas y normativa infralegal que vaya en contra de la aplicación de la Opinión Consultiva OC 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual incluye el acuerdo del Consejo Superior Notarial 2018-002-024. Publíquese este pronunciamiento íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a las partes y la Asamblea Legislativa.”
Para esta acción la Sala estuvo integrada por los Magistrados Castillo Víquez, quien preside, Cruz Castro, Rueda Leal, Hernández López, Salazar Alvarado, Hernández Gutiérrez y Esquivel Rodríguez.
Asimismo, por Sentencia N°2018-12783 de las 23:00 hrs. del 08 de agosto, la Sala resolvió la acción de inconstitucionalidad número 13-13032-0007-CO contra los artículos 242 del Código de Familia y 4 inciso m) de la Ley de la Persona Joven indicando: “Por mayoría se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se insta a la Asamblea Legislativa, en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada, a adecuar el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, en los términos expuestos en esta sentencia. Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Esquivel Rodríguez declaran con lugar la acción en los mismos términos que establecieron en la sentencia N° 2018-012782 de las 17:45 horas del 8 de agosto de 2018. Los magistrados Salazar Alvarado, Araya García y Hernández Gutiérrez declaran con lugar la acción por razones diferentes. El magistrado Cruz Castro da razones adicionales. Los magistrados Rueda Leal, Hernández Gutiérrez y Esquivel Rodríguez ponen notas. El magistrado Castillo Víquez salva el voto en todos sus extremos y declara sin lugar la acción incoada. Publíquese este pronunciamiento íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a las partes y la Asamblea Legislativa.”
La integración de los Magistrados para esta acción fue: Castillo Víquez, quien preside, Cruz Castro, Rueda Leal, Salazar Alvarado, Hernández Gutiérrez, Esquivel Rodríguez y Araya García.
Fuente: Corte Suprema de Justicia
