Edgar Fonseca, editor/Foto Poder Judicial
El veterano magistrado penalista, Fernando Cruz Castro, de 69 años, fue electo este miércoles presidente de la Corte Suprema de Justicia sumida en su peor momento por escándalos e investigaciones que sacuden a la cúpula judicial.
Cruz fue designado en una ajustada elección con 13 votos a favor.
“Encuentren en mí siempre una persona abierta a cualquier observación o crítica. El poder siempre es transitorio”, admitió este magistrado con una trayectoria de 46 años en el Poder Judicial.
Asume el cargo en el momento más convulso de la reciente historia del aparato judicial plagado de cuestionamientos que incluso alcanzaron a magistrados.
Tratar de recuperar la deteriorada imagen pública de dicho poder será uno de los mayores desafíos de Cruz, tras nueve meses de turbulencia por el criticado régimen de pensiones del aparato judicial y las abruptas salidas del magistrado Celso Gamboa y del Fiscal General, Jorge Chavarría, como coletazos del denominado escándalo del cementazo que se propagó a distintas instancias públicas.
“Me corresponde una responsabilidad grande en un momento complicado para el Poder Judicial, pero estimo que hay mucho recurso humano y mucha tradición histórica para que el Poder Judicial corrija y rectifique”, dijo ante la prensa tras ser electo.
“Algunas medidas pueden variar el tema de la credibilidad, que se recobra lentamente, pero depende de las decisiones que se vayan tomando. No es algo como mágico, que por tomar algunas medidas eso se recobra. Hay que hacerlo conforme vayan pasando las semanas, ir demostrando moderación y prudencia”, afirmó.
“Ojalá nuevos hechos confirmen lo bueno que muchos dicen sobre el presidente de la Corte, Fernando Cruz. Los que yo recuerdo me lo presentan como dogmático e intransigente”, reaccionó, tras su nombramiento, el periodista y analista Eduardo Ulibarri.
Admite “actos cuestionables y reprochables”
Cruz no esquivó la controversia que envuelve al Poder Judicial.
Reconoció como “complicado” el momento que afronta la institución.(Ver discurso adjunto)
“Si bien han existido actos cuestionables y reprochables, esos actos no representan a un sistema de Justicia que lo asumen miles de personas que realizan variadas labores a favor de la Justicia y la vigencia del estado social de Derecho”, advirtió.
“Hemos vivido momentos dolorosos, no es fácil juzgar a compañeros y compañeras”, lamentó.
“Lo ocurrido exige una revisión, para aplicar viejas fórmulas, quizás para aplicar soluciones novedosas. Identificar muy bien el origen de la infracción, del abuso, pero no podemos someternos a la desesperanza y al bullicio”, dijo.
“Hay muchas amenazas para la independencia del juez, la de todos, los de alto rango y los jueces de primera instancia”, insistió al defender la independencia en esta convulsa etapa del sistema judicial.
“Si queremos reaccionar con soluciones que respondan a criterios de reflexión y sabiduría, debemos evaluar los hechos ocurridos en los últimos nueve meses sin quedarnos en el dato concreto, en el mero acontecimiento”, puntualizó.
También fustigó la polémica que enfrentó la Fiscalía General y que culminó con la abrupta salida del Fiscal Jorge Chavarría y el nombramiento de la Fiscal Emilia Navas.
“La Fiscalía General no tuvo capacidad para investigar los delitos cometidos desde posiciones de poder, las infracciones por corrupción y abuso de poder”, aceptó.
Su vasta trayectoria inició en la Agencia de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 1972, y lo llevó desde agencias fiscales hasta la Fiscalía General.
Cruz no ha estado exento de la controversia.
De verbo fuerte, franco pero sincero, defiende el cuestionado sistema judicial de pensiones, aunque reconoce que debe ser sometido a reformas para mermar los criticados privilegios.
El 15 de noviembre de 2012 protagonizó un incidente cuando diputados de la Asamblea Legislativa se negaron a reelegirlo automáticamente.
La decisión de los diputados fue cuestionada ante la Sala Constitucional que, el 9 de mayo de 2013, invalidó lo actuado por los legisladores y ratificó a Cruz en su cargo. Su periodo de ocho años vence el 18 de octubre de 2020.
En 1985, como titular del Ministerio Público, avaló la expulsión del país del capo mexicano Rafael Caro Quintero, perseguido por EE.UU. por la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y capturado junto a varios de sus secuaces en una quinta al sur del aeropuerto Santamaría.
Meses convulsos
El magistrado Cruz, hasta ahora presidente de la Sala Constitucional, fue designado tras la intempestiva salida por jubilación, hace dos semanas, del exmagistrado Carlos Chinchilla, sancionado junto a otros tres magistrados con dos meses de suspensión sin goce de salario, por una polémica decisión vinculada al citado escándalo.
La decisión atacada fue la desestimación desde la Sala III, que conformaban los cuatro magistrados sancionados, de una causa por supuesto tráfico de influencias contra los exdiputados Otto Giuevara, libertario, y Víctor Morales Zapata, independiente, en conexión con el escándalo del cementazo.
El más reciente periodo de convulsión lo vive la Corte desde octubre anterior cuando el entonces magistrado Gamboa se vio obligado a dejar sus funciones en medio de cuestionamientos por alegados nexos con el empresario Juan Carlos Bolaños, ligado al megaescándalo del cementazo que estalló en la cúpula de principales asesores del entonces presidente Luis Guillermo Solís.
Simultáneamente se dio la abrupta salida del entonces Fiscal General Chavarría, cuestionado por decisiones polémicas de la Fiscalía en relación con dicho escándalo.
En tal ambiente fue designada Fiscal General, Emilia Navas, quien coordinó diversas acciones incluso contra jerarcas del propio Poder Judicial en pesquisas por diversos hechos.
La más reciente: la investigación que ordenó contra las magistradas Doris Arias y María Elena Gómez por supuesto tráfico de influencias. Arias anunció el lunes anterior que se acogía a su jubilación.
Navas también investiga por presunto prevaricado al juez de lo contencioso administrativo, Alcevit Godínez, quien decidió, en tres horas, una suspensión de la sanción de los magistrados Arias y Gómez .
El magistrado Jesús Ramírez sí cumple la medida disciplinaria.
——————————————————————————————————————————————————————-Un mejor Poder Judicial. La esperanza de una reforma posible
- Magistrado Fernando Cruz Castro
El Poder Judicial posee muchos recursos, tantos funcionarios y funcionarias que realizan sus labores con dedicación y honradez. No aparecen en los medios de comunicación, pero día a día hacen posible que los elevados objetivos de la institución, se realicen.
El Poder Judicial tiene una legión de jueces independientes, sobre ellos nadie puede interferir en sus decisiones. El ordenamiento asegura su independencia y los que ocupamos transitoriamente su dirección, no podemos darles instrucciones o sugerirles sobre la manera en qué deben resolver. Son juzgadores y juzgadores vitalicios, se designan por plazo indeterminado. La independencia de la judicatura la representan, diariamente, los jueces de todo el país. El sistema judicial no es Corte Plena, porque cada juez, en su ejercicio diario, transforma la abstracta independencia, en el ejercicio de la judicatura en una República democrática.
El Poder Judicial juzga con el auxilio de una policía científica, controlada por los poderes de jueces y fiscales. Esta labor de investigación científica posee controles saludables de tribunales y fiscales. No se ha pretendido en Costa Rica que se juzgue con pruebas obtenidas mediante maltrato o tortura. Hemos apostado a una policía que realice su trabajo con prácticas y pruebas científicas. La policía judicial, también es el Poder Judicial, representa una decisión que se adoptó hace más de cuarenta años.
La Defensa, como corresponde a un Estado de Derecho, la asume el sistema judicial, garantizando a las personas enjuiciadas, la defensa técnica que merecen. No juzgamos, también se aseguran los derechos de la defensa. Esta función la asumió el Poder Judicial hace mucho tiempo. Es un servicio a la comunidad que permite la construcción de un Estado de Derecho. Esto también es el Poder Judicial.
Si bien han existido actos cuestionables y reprochables, esos actos no representan a un sistema de Justicia que lo asumen miles de personas que realizan variadas labores a favor de la Justicia y la vigencia del estado social de Derecho.
Tenemos que defender una herencia de independencia, corrección y moderación. La que construyeron jueces como Ulises Odio Santos, Fernando Coto Albán, Miguel Blanco Quirós y otros que llenarían muchas páginas de gestos y actitudes que corresponden a los jueces prudentes, pero independientes. Hay muchas amenazas para la independencia del juez, la de todos, los de alto rango y los jueces de primera instancia. En el maquillaje engañoso del doble discurso, como siempre, se destaca la independencia en abstracto, pero en la práctica, pueden surgir graves amenazas a la autonomía efectiva de todos los miembros de la judicatura.
No se requiere un largo discurso para señalar que en esta hora complicada del sistema judicial, el tema central es la independencia de todos los jueces, sin excepción. Por eso deben ingresar a la judicatura los que estén imbuidos de los valores de un juez, que no son mandaderos, que nos son recaderos, que no aparentan influencia, que no están para quedar bien con los representantes de los grupos que los ha nombrado. Este fortalecimiento de la independencia judicial requiere una evaluación de las opacidades y las omisiones que caracterizan la elección de magistrados y magistradas. Es un análisis que exige una evaluación histórica y realista de los mecanismos y motivaciones que “construyen a un magistrado” de la Corte Suprema de Justicia. En la cúspide judicial ha habido problemas, pero esa cúpula depende de las decisiones políticas que definen el perfil del magistrado electo. Los problemas del Poder Judicial se han concentrado en la cúpula judicial, pero en este diagnóstico, no puede ignorarse que existen vasos comunicantes constitucionalmente reconocidos, entre el Poder Legislativo y los jueces que integran la cúpula judicial. Si queremos reaccionar con soluciones que respondan a criterios de reflexión y sabiduría, debemos evaluar los hechos ocurridos en los últimos nueve meses sin quedarnos en el dato concreto, en el mero acontecimiento. Debe fortalecerse la independencia judicial analizando las debilidades de un procedimiento de nombramiento parlamentario, que presenta serias debilidades. Probablemente este tema no lo aborde el parlamento, pero aunque sea una voz en el desierto, la sociedad costarricense debe tener conciencia que es necesario mejorar los mecanismos de designación de los magistrados. Todos los miembros de esta Corte, estamos conscientes de la necesidad de abordar este tema con mucha seriedad. No es parte de un programa, es un clamor, es una necesidad imperiosa y prioritaria.
La transparencia es un objetivo que debe presidir el quehacer judicial, debe existir en el nombramiento de jueces, aunque sean de la cúpula, así como en la designación de Fiscales, conforme a un escalafón. Como regla todos los nombramientos deben ser conforme a criterios objetivos, criterios que puedan ser cuantificables. Los procedimientos disciplinarios contra miembros de la Corte exigen escenarios procesales menos opacos, esta es una reforma que debe emprenderse en breve plazo.
La Fiscalía debe fortalecerse. Se pudo reaccionar ante las omisiones y extravíos del Fiscal General, pero hay que fortalecer la independencia del poder requirente en el sistema penal, propiciando la independencia del Fiscal General. Sin embargo, al interior, de la Fiscalía, debe existir un sistema de nombramientos que responda a criterios objetivos, conforme a un escalafón. Los informes del Fiscal General, requieren mayor exposición a la ciudadanía y a los medios de comunicación colectiva. En los últimos años la Fiscalía General no tuvo capacidad para investigar los delitos cometidos desde posiciones de poder, las infracciones por corrupción y abuso de poder. La reacción del sistema judicial permitió adoptar medidas para darle mayor protagonismo y eficacia a la Fiscalía. La decisión de ubicar la magistratura requirente en el Poder Judicial, fue acertada, pero en virtud de los hechos ocurridos en el Ministerio Público, es necesario fortalecer aún más su autonomía, pero asegurando que los fiscales tengan una estabilidad que no dependa de la voluntad del Fiscal General. Una institución tan importante requiere una reforma integral, tanto al interior como hacia el exterior. Debemos evitar que los fiscales guarden silencio ante hechos o actos en los que se compromete, seriamente, la función que debe cumplir la Fiscalía, especialmente cuando se trata de infracciones atribuidas a personas con poder político o económico. Existió silencio, porque los fiscales tienen poca autonomía ante el Fiscal General.
La agenda de reformas urgentes, debe cumplirse. Hay reformas en la estructura administrativa de la Corte, que deben promoverse en un breve plazo, reduciendo funciones administrativas a la Corte Plena. Este es un objetivo acariciado durante mucho tiempo, pero no se ha podido cumplir, porque la capacidad de acción y reacción de la Corte, es raquítica. Se impone una agenda urgente, que se pueda plasmar en varios proyectos de reforma. Después vendrá una labor más compleja, lograr que se aprueben en el Parlamento, pero así son las reglas de la democracia, tiene sus tiempos, sus ritmos.
Qué tiempos son estos ? No son de catástrofe, hay tantos logros que ha tenido el sistema judicial, labores que no dependen de la voluntad de los jerarcas, sino del trabajo y la dedicación de tantos funcionarios judiciales. Lo ocurrido exige una revisión, para aplicar viejas fórmulas, quizás para aplicar soluciones novedosas. Identificar muy bien el origen de la infracción, del abuso, pero no podemos someternos a la desesperanza y al bullicio, eso nunca nos dará una respuesta sabia y duradera. Después de la tempestad, podemos ver mejor los hechos, a veces, lo que parecía evidente para la multitud, no lo es.
Independencia, transparencia, participación, prudencia, estos son los valores que nos deben guiar. Autocontención desde el poder, aunque una decisión parezca necesaria, hay que analizar el contexto, para examinar si se comprende bien lo que resolvemos, para ver si no luce como un privilegio, para estar seguros que los buenos propósitos no se pierden en la bruma impenetrable de un mal juicio.
Hemos vivido momentos dolorosos, no es fácil juzgar a compañeros y compañeras, los veredictos de la multitud hay que analizarlos, pero nuestras decisiones tienen que responder al mérito de las evidencias. Esta exigencia no es fácil de alcanzar. El tiempo nos dirá lo acertado de nuestras decisiones, pero lo importante es que se reaccionó, no volteamos la cara para ignorar lo ocurrido. Más que un programa, debemos responder a preguntas importantes, fundamentales, como la transparencia y la independencia.
Estoy en la etapa final de mi carrera judicial que inicié como Agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 1972. En ese viaje por tantos puestos, tomé conciencia de la relevancia de la independencia judicial, muy incomprendida, por cierto. A qué horas recorrí tantas controversias judiciales ? Un abrir y cerrar de ojos, sólo eso, pero no quiero cerrar mi mente ante lo que puede modificarse para que este Poder Judicial sea mejor, para que se profundicen las raíces de una justicia en un Estado social y democrático de Derecho. Qué privilegiado me siento de compartir con ustedes estas reflexiones, servir desde cualquier sitio, contribuir en la construcción de una mejor sociedad. Esta experiencia no la olvidaré nunca, no importa el resultado de la elección, es que me permitieron alzar la voz y compartir lo que se ha acumulado en tantas experiencias con la justicia y la injusticia, su independencia y la huidiza transparencia.
Vivir este momento excepcional, presentar mi candidatura junto a colegas tan distinguidos e intachables. Hacerlo en esta instancia integrada por estimados compañeros y compañeras. Bello momento. Esta elección es la del servicio, la más elevada aspiración.
- Fuente: Poder Judicial Costa Rica
