Jorge Corrales, economista
Sonará fuerte, pero el gasto en pluses que allí se pagan es gravosamente elevado y, en todo nuestro derecho, los ciudadanos lo cuestionamos, en especial cuando son fondos públicos provenientes de la ciudadanía, los destinados a sufragarlos.
La fuente de la información para este comentario es un artículo de La Nación del 18 de junio, titulado “Empleados judiciales reciben en promedio ₡1 millón en pluses: Beneficios mensuales para 12.400 empleados.” Que quede claro, otra vez, que ese monto indicado es en promedio, no que efectivamente lo recibe cada empleado: hay algunos que reciben muchísimo más de ese promedio y, otros, mucho menos. Y ese monto citado es adicional al salario base.
Para tener una idea, tan sólo una idea, de ese gasto excesivo, dicha cifra “supera por mucho el sueldo promedio en el sector privado (₡385.000) y triplica el salario más bajo del Gobierno (₡267.000).” Esa partida de remuneraciones consume la mayor cantidad de dinero del presupuesto anual de la Corte. El de este año es de ₡474.8 miles millones, del cual ₡384.0 miles de millones (más de un 81%) se va en la partida de remuneraciones, que comprende los salarios más los pluses. De esas remuneraciones, ₡155 miles de millones van a pagar los pluses (incentivos les llaman algunos); o sea, los incentivos constituyen el 33% del presupuesto total y equivalen a un 68% del total de la partida de salarios. Señala el medio: “De hecho, el Poder Judicial gasta hoy mucho más en incentivos que en salarios base, pues estos últimos cuestan ₡102 miles de millones.”
La piñata
Los pluses son los siguientes: anualidades, restricción al ejercicio liberal de la profesión, salario escolar, disponibilidad laboral, compensación de vacaciones y recargo de funciones, además de una partida denominada “otros servicios salariales,” que es comparativamente mayor que la de cada uno de esos otros rubros aquí referidos. Por ejemplo, en restricción profesional se gastan al año ₡37.5 miles de millones y en la de anualidades, ₡36.2 miles de millones, mientras que en la de “otros servicios salariales,” se gastan anualmente ₡60 mil millones.
Esos “otros incentivos salariales” incorporan “21 beneficios ideados por el Consejo Superior o por la Corte Plena, órgano máximo del Poder Judicial.” Esta partida creció muy por encima de la inflación del año pasado (2.6%), en más de dos y media veces pues se incrementó en un 7%.
Los beneficios salariales, en los ocho años del lapso 2010-2018, crecieron en un 44%, pues pasaron de ₡107 miles de millones a los actuales ₡155 miles de millones.
El rubro de “otros incentivos salariales” tiene características interesantes para el conocimiento del lector. Por ejemplo, contiene un incentivo llamado “índice gerencial”, mediante el cual se elevaron los sueldos para 46 puestos del nivel más alto en el 2008, pues la administración de la Corte consideró que era indispensable para asegurar su competitividad ante el sector privado y otros entes estatales: equivalió a un incremento de algo más del 97% del salario base.
También, dentro de la partida “otros incentivos salariales” hay una de “sobresueldo para la magistratura,” supuestamente otorgada por el aumento en el costo de la vida, al igual que otra de un sobresueldo por “coordinación de jueces y otra por coordinación de profesionales,” según señala La Nación, siendo estos dos últimos destinados a jueces y peritos judiciales y oscila entre un 5 y un 10% del salario base.
Asimismo, dentro de la categoría “otros incentivos salariales” se otorga un “bono por exclusividad policial, un reconocimiento por zonaje, un incentivo por regionalización y un rubro del 10% sobre el salario base para los choferes de los magistrados,” según expone el medio.
Ante cosas como estas, acaso considera el ciudadano que se debe seguir financiando con los recursos que aporta en impuestos al erario público y que, ante la insuficiencia de impuestos ante el gasto público, ahora se quiere rellenar con otros nuevos y mayores. Se ha dicho que el Poder Judicial es autónomo y que, por tanto, no debe seguir necesariamente los esfuerzos -si bien insuficientes y casi que hasta simbólicos en algunos casos- del gobierno central por reducir los abusos de una serie de beneficios de gremios salariales del estado. Debemos recordarles a los señores del Poder Judicial que el soberano -el pueblo y el contribuyente- consideramos que la soberanía en ningún momento da carta blanca para que sus señorías puedan destinar recursos del erario para sus beneficios propios y de sus subalternos, por las sumas que a ellos les pueden parecer. ¿Acaso pretenden no estar sujetos a límites? El poder al Estado no es ilimitado.
Es de esperar que en un orden civilizado haya un estado limitado y no que carezca de freno alguno.
