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Hasta 110 migrantes chinos fueron traídos en condiciones ilegales al país en los últimos meses por una red criminal desarticulada este martes por las autoridades.
Ayer tarde, las autoridades judiciales sometían a indagatoria a 29 detenidos, entre ellos los cabecillas de la red de apellidos Cen, Azofeifa (abogado), y Bon Bin, confirmó el Ministerio Público.
Entre los arrestados hay 10 agentes de Migración sospechosos de facilitar el ingreso de los orientales, omitían trámites en los puestos fronterizos y en el sistema de registro de entradas.
Según las averiguaciones iniciales de las autoridades, la red cobraba a las víctimas $22 mil por ingresarlos al país y les ofrecían trabajo estable. Lo que afrontaban luego los migrantes eran condiciones laborales deplorables, añadió la Fiscalía.
Las capturas fueron posibles gracias a un operativo de 40 allanamientos, realizados en conjunto con la Dirección General de Migración y Extranjería y el Organismo de Investigación Judicial, para desarticular la banda que tenía como víctimas, en su mayoría, a orientales, agregó el ente acusador.
De forma simultánea –citó– también se realizaron acciones operativas en Panamá, a cargo de la Policía Nacional y la Fiscalía de Crimen Organizado de ese país, donde la agrupación tenía ramificaciones.
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes lleva a cabo durante esta tarde la indagatoria de 29 personas, detenidas hoy como sospechosas de conformar una estructura criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Luego de esta gestión, definirá las medidas cautelares a solicitar contra ellos.
Los recibían y los ocultaban
Los presuntos líderes de la organización, identificados con los apellidos Cen, Azofeifa y Bon Bin, cayeron en manos de las autoridades durante los allanamientos de ayer por la mañana.
El primero de ellos era administrador de un comercio en Sabana Este, adonde, en apariencia, eran llevados algunos de los ofendidos tras su ingreso al país.
Cen –según las investigaciones– se encargaba de coordinar el traslado de los migrantes desde China hacia Costa Rica por un pago de $22.000 dólares, prometiéndoles regularizar su situación migratoria y conseguirles un trabajo estable. Pero en muchos casos eran sometidos a condiciones laborales deplorables, detalló la Fiscalía.
El grupo también habría recurrido a utilizar documentos falsos para lo cual, por medio de Azofeifa, quien es abogado, y de funcionarios de Migración, habrían coordinado lo necesario para obtener los permisos de trabajo o de estancias temporales para los orientales, agregó la versión judicial.
Otros miembros de la agrupación tenían como rol recibir a las víctimas en el aeropuerto Santamaría y trasladarlas para ocultarlas, entre otros sitios, en un hotel de Heredia; alimentarlas y posteriormente llevarlas al lugar donde trabajarían o a la zona fronteriza con Panamá, para trasladarlas de ahí a otros países, se consignó.
