Edgar Fonseca, editor/Foto Cancillería
“Todas mis actuaciones están sometidas al control interno de la Cancillería y al escrutinio público”, dijo ayer ante los diputados la Vicepresidenta y Canciller, Epsy Campbell, al defender cuestionados nombramientos en esa cartera, entre ellos el de una ahijada a la que designó como asesora de despacho. La nombró, dijo, por razones de idoneidad.
La nombrada es hija de la expresidenta ejecutiva de JAPDEVA, Ann Mackinley.
Este viernes trascendió que la Fiscalía investigará, de oficio, las versiones sobre los polémicos nombramientos.
Defensa
“He sido consistente a lo largo de toda mi trayectoria en defender la transparencia, la ética en la función pública y la rendición de cuentas”, agregó.
“Jamás actuaría en contra de mis principios”, enfatizó Campbell ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Insistió en defender sus actuaciones como “legalmente sustentadas, éticamente coherentes y totalmente transparentes”.
Campbell razonó el sustento jurídico y los informes de idoneidad de cada uno de los nombramientos en Relaciones Exteriores y Culto en la presente administración.
Sostuvo que el artículo 147, inciso 3 de la Constitución Política faculta al Consejo de Gobierno a nombrar y remover a los representantes diplomáticos de la República.
No hay “mordaza”, dice
Campbell rechazó, además, que exista una política para silenciar a funcionarios y funcionarias de la institución.
Según Cancillería, la Dirección General de Servicio Exterior emitió el 1 de octubre anterior una circular que únicamente se limita a transcribir de manera literal e inalterada un conjunto de disposiciones normativas de rango legal y reglamentario, todas ellas vigentes al día de hoy.
Las normas que regulan el deber de confidencialidad de los integrantes de las misiones en el exterior están estipuladas en la Convención de Viena Sobre Relaciones Diplomáticas, el Estatuto del Servicio Exterior de la República y su Reglamento, agregó Relaciones Exteriores.
Tienen su fundamento filosófico jurídico en la necesaria salvaguardia de la seguridad de la Nación, para evitar que la filtración de información estratégica pueda comprometer las relaciones entre los Estados, debido a que toda opinión emitida por un representante costarricense en el exterior es considerada como la posición oficial del país, insistió la versión oficial.
