Edgar Fonseca, editor
El paro decretado por dirigentes del sector público se estancó tras 22 días con afectación variable en hospitales y clínicas y mayor en escuelas y colegios.
- Gobierno mantiene control y servicio inalterado de combustibles, telecomunicaciones, energía y operaciones portuarias, todos clave para la vida productiva del país
- Movimiento fue declarado ilegal en la CCSS este lunes y una juez calificó de “reprochable” la suspensión de servicios de salud ordenada por los dirigentes
- Paro empezó a perder fuerza en Recope/200 empleados retornaron ayer
- ICE destacó que brinda servicios continuos en energía y telecomunicaciones y en el 96 % de sus agencias y sucursales en todo el país
- Gobierna da plazo hasta el lunes 8 a sindicalistas para retomar acuerdo
El paro entró en su cuarta semana con un severo deterioro de una mesa de diálogo con la mediación de la iglesia Católica tras romper los dirigentes un acuerdo suscrito la madrugada del sábado.
El gobierno le dio plazo a los sindicalistas hasta el lunes 8 para retomar dicho acuerdo.
“La huelga fracasó. Los dirigentes sindicales fracasaron. Las “bases” fueron burladas. Los ciudadanos hemos sido agredidos. ¿Qué sigue? Aplicar la ley, con razón y firmeza”, demandó el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri.
“Véase por donde se vea, sea por la huelga, por el proceso de negociación o por lo sucedido este fin de semana, sólo ha habido un perdedor (en imagen, reputación y en sus posiciones políticas): los sindicatos (especialmente la dirigencia histórica)”, enfatizó el también analista Gustavo Araya.
Se cae en Recope/200 volvieron ayer
Recope ratificó ayer que mantiene el servicio ininterrumpido de combustibles a todo el país con el apoyo del “personal activo” que no respalda la paralización de servicios.
“El personal activo asumió voluntariamente jornadas de trabajo más extensas o varió el horario diurno por el nocturno, para mantener el servicio de ventas incluso hasta por 24 horas”, destacó un informe de Casa Presidencial.
El número de funcionarios de RECOPE en huelga pasó de 1.224 el lunes 10 de setiembre, día que inició la protesta, a 1.005 este lunes 1 de octubre, amplió la Presidencia.
Eso representa una reducción de un 17.8%, según los datos registrados por la empresa estatal.
Conforme la versión oficial oficial, hay una evidente tendencia a la baja en el apoyo al paro.
Después que un 71% de la planilla de Recope (de 1.725 funcionarios) se sumó al movimiento el lunes 10 de setiembre en los distintos planteles, oficinas e instalaciones de esta empresa pública, hoy ese porcentaje ronda el 58%, afirmó el informe oficial.
El debilitamiento, dijeron, se hizo más evidente desde el viernes 28 de setiembre, luego de ser declarada ilegal la huelga en RECOPE, por el Juzgado de Trabajo de San José.
El juez Alexander Contreras sostuvo que la huelga en esta empresa no cumplió con el requisito de ser un movimiento pacífico, no haber agotado las vías de conciliación y no haber cumplido con los requisitos previos a declarar el paro de labores.
Ilegal en la Caja
La jueza Susana Porras Cascante, del Juzgado de Trabajo del primer Circuito Judicial, declaró ilegal este lunes el paro en la CCSS, a las 9:36 a.m., confirmó la Casa Presidencial.
Declaró ilegal el movimiento de paro decretado por dirigentes sindicales de Siprocimeca, Undeca, Unión Médica Nacional, Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería y Sindicato Nacional de Enfermería contra quienes presentó la demanda de ilegalidad la Caja Costarricense de Seguro Social.
La jueza Porras Cascante calificó la acción de los sindicatos de “reprochable y totalmente irresponsable”.
“Los sindicatos asumieron una posición reprochable y totalmente irresponsable”, porque debieron informar a sus afiliados sobre la prohibición expresa de huelga en el sector salud contemplada tanto por la normativa internacional de la Organización Internacional de Trabajo, como por la legislación nacional.
Ambas consignan expresamente que están prohibidas las huelgas en clínicas y hospitales por brindar un servicio público esencial.
El sector salud es uno de los mayormente afectados por el movimiento de paro declarado por los huelguistas en contra del proyecto de reforma fiscal. El otro sector es el educativo.
Se esconden para no ser notificados
La jueza Porras censuró, además, a los dirigentes sindicales por esconderse para no ser notificados de la resolución.
“Con su actuar han generado un caos en el país en el país y por cuanto se ha retrasado gran cantidad de citas y cirugías”, denunció la jueza.
Afirmó, también, que las representaciones sindicales no acreditaron la convocatoria a la asamblea general de sindicato o el acuerdo de la convocatoria a la huelga según lo dispuesto en el Código de Trabajo.
Con esta sentencia, destacó Casa Presidencial, suman diez las declaratorias de ilegalidad del movimiento huelguístico en instituciones públicas del país, mientras una recibió sentencia de legalidad.
Las resoluciones de ilegalidad se registraron en el Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, la Comisión Nacional de Emergencias, el Banco Central, la Junta de Protección Social, la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), el Instituto Mixto de Acción Social (IMAS), Correos de Costa Rica y Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE).
También ilegal en Recope
En la sentencia de primera instancia, el juez Alexander Contreras confirmó que en Recope:
- que el movimiento no fue pacífico, ya que constató un bloqueo en el plantel en El Alto de Ochomogo
- Incorporó actas notariales en las que se describen daños en relación con el fluído eléctrico en el plantel de Moín, en el plantel de El Alto y en la zona de almacenamiento de gas en la Caja de Conexiones del Sistema de Medición Automática.
Contreras sostuvo que no existe dentro del expediente ninguna prueba de que previamente la huelga alcanzara el porcentaje de apoyo requerido, a pesar de que la representación sindical tenía personal suficiente para realizar la asamblea o las votaciones requeridas.
La sentencia condenó al sindicato SITRAPEQUIA al pago de las costas del proceso, fijando las personales en un millón de colones.
