Edgar Fonseca, editor
La decisión el Gobierno de Costa Rica de sumarse a seis naciones del hemisferio que denunciaron el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad desató una airada reacción oficial en Caracas este miércoles.
* El régimen de Caracas acusó al presidente Carlos Alvarado de subordinarse a los intereses de Washington
Tras fuertes críticas de observadores y analistas locales, el gobierno de Alvarado se sumó hoy a la gestión de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú contra el régimen bolivariano.
“En seguimiento a su histórica lucha contra la impunidad, Costa Rica apoya las gestiones, presentadas el 26 de setiembre del 2018, por seis países de América, con base en el artículo 14.2 del Estatuto de Roma, en el que le solicitan a la Fiscalía se inicie una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, que pudieran haber ocurrido a partir del 12 de febrero de 2014”, sostuvo el presidente Alvarado.
Relaciones Exteriores y Culto destacó la existencia de una investigación preliminar, abierta por la Fiscalía de la CPI desde 8 de febrero del 2018, en la que se investigan presuntos crímenes en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos; en particular el uso excesivo de la fuerza por parte de los equipos de seguridad del Estado, arrestos de miembros de la oposición, así como abusos y malos tratos en las detenciones.
Airada respuesta en Caracas
Venezuela rechazó la decisión de Costa Rica y consideró que evidencia su subordinación a Estados Unidos, informó el diario La Prensa de Ciudad Panamá.
“Jamás habíamos visto un gobierno costarricense que en tan poco tiempo (…) se subordine a los dictámenes de un gobierno que odia a los pueblos centroamericanos” como el del presidente estadounidense Donald Trump, escribió en Twitter el canciller venezolano Jorge Arreaza.
Aseguró que al apoyar la solicitud, el gobierno costarricense solo busca “distraer la atención de la opinión pública de su país”, frente a la huelga del sector público que inició hace semanas.
Costa Rica apoyó la iniciativa de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú -respaldada luego por Francia- que enviaron una carta a la CPI para pedirle que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos según ellos por el gobierno de Maduro.
“Costa Rica, fiel a su defensa tradicional para la promoción y protección de los derechos humanos, la paz y la democracia, ha decidido secundar la gestión (…) de denunciar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI)”, consignó el ministerio de Relaciones Exteriores en San José.
Costa Rica pide también al gobierno socialista de Maduro que cumpla “las obligaciones internacionales adquiridas al acceder a los instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos, para que se respeten las libertades fundamentales, se liberen los presos políticos y se ponga fin a la impunidad”.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo y donde el crudo representa 96% de los ingresos, enfrenta una abrupta caída de su producción con cerca de 1.4 millones de barriles por día (mbd), la más baja en 30 años y muy lejos de los 3.2 millones de 2008. La grave crisis económica está marcada por una recesión prevista de 18%, una hiperinflación, falta de servicios públicos y la escasez de artículos de primera necesidad que ha provocado un éxodo masivo de cientos de miles de venezolanos.
